El poderoso secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, no atinó a responder con coherencia a los reclamos de legisladoras que lo increparon por las fallas y limitantes de las políticas gubernamentales hacia las mujeres y niñas del país, pero la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Josefina Vázquez Mota no salió mejor librada.
Ambos funcionarios fueron criticados por senadoras de oposición acerca de la ineficacia e insuficiencia de la política social (en el caso de la Sedesol) y de la política económica (en el turno del titular de la SHCP), para atender las necesidades específicas de las mexicanas, al comparecer durante la semana recién concluída como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Vicente Fox.
LA CARA DE ¿WHAT? DEL SECRETARIO
Gil Díaz escuchó, en voz de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Aracely Esclante, una de las demandas más directas y sentidas de legisladoras y grupos de la sociedad civil de los últimos años: la urgencia de que en el diseño y aplicación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos se implemente la perspectiva de género.
Tal herramienta de análisis –que comienza a cobrar fuerza en las ciencias sociales– tiene como fin el estudio de las desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres a partir de los roles que culturalmente se les han impuesto.
Aracely Escalante, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, arremetió contra el secretario de Hacienda al echarle en cara que los recursos destinados para las mexicanas han disminuido en términos reales en los presupuestos de egresos de los últimos cinco años.
La senadora le exigió que incluya la perspectiva de género en el análisis de los gastos y recaudaciones del gobierno, con miras a medir su impacto entre la población femenina. Demandó que en lo que respecta al ingreso se analice la incidencia del mismo desagregado por sexo.
En lo que toca al gasto, Escalante señaló que es impostergable el cálculo de la distribución de recursos presupuestales asignados a hombres y mujeres, así como la evaluación del impacto de los programas sociales entre ambos sexos.
Señaló además la urgencia de que el INEGI elabore indicadores desagregados por sexo para que el Ejecutivo cuente con una base de datos para diseñar un presupuesto con enfoque de género. La legisladora observó que es fundamental que en la ley de ingresos (que regula los impuestos) se contemple la contribución gratuita que han hecho las mujeres al país a través del trabajo doméstico y comunitario.
GIL, ACORRALADO
Desarmado, el titular de Hacienda y Crédito Público tuvo que reconocer que el diseño de la política económica de Vicente Fox ignora la realidad y las necesidades específicas de las mujeres.
A Gil Díaz no le quedó de otra que comprometer su palabra para incorporar el enfoque de género de manera «gradual» en el presupuesto público y la recaudación fiscal. «Lo haremos con gran gusto en compañía de usted y de las diputadas que también estén interesadas en esto», dijo fríamente a la senadora priista.
Sin embargo, a Aracely Escalante se le olvidó cuestionar al funcionario sobre el desvío de 30 millones de pesos del presupuesto 2003 para la salud de las mujeres y combate al SIDA y que por decisión unilateral del ex diputado del PAN –y ahora flamante director de Banobras– Luis Pazos, serán entregados al grupo ultraconservador Provida para que construya 10 clínicas antiaborto.
El pasado 12 de agosto, la directora de Programación y Presupuesto de la SHCP, Cecilia Barra, confirmó a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados que la Secretaría de Salud tenía etiquetados los 30 millones de pesos para Provida. Pero aclaró que hasta entonces tales recursos no habían sido entregados.
Seguramente cuando comparezca en lo próximos días ante el Congreso de la Unión el secretario de Salud, Julio Frenk, las y los legisladores lo cuestionarán al respecto, luego de que organismos civiles demandaron al Senado que interrogue al funcionario sobre el asunto.
Las agrupaciones Salud Integral para la Mujer, Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Género emitieron un comunicado la semana pasada para que las y los senadores pregunten a Frenk Mora «cómo enfrentó» su dependencia el desvío por 30 millones de pesos.
POLÍTICA SOCIAL CUESTIONADA
Igualmente en el Senado, la titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota, escuchó inconformidades del PRI y PVEM sobre la insuficiencia de los programas sociales para atender a las mujeres jefas de familia y a las niñas de la calle.
La senadora del PVEM, Emilia Patricia Gómez, criticó a la funcionaria por el incumplimiento de las metas de la Sedesol para instalar este año mil casas de atención infantil en beneficio de 14 mil mujeres jefas de hogar.
Vázquez Mota explicó que hasta el momento tan sólo hay 400 proyectos para centros de atención infantil aprobados, y que a finales de año se espera contar con 700 centros de los mil previstos por el ejecutivo federal.
La senadora priista Noemí Guzmán fustigó a la secretaria por la «duplicación» de funciones de la Sedesol para atender a las y los niños de la calle.
Precisó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través de su programa De la Calle a la Vida, habrá erogado este año 21 millones de pesos de recursos propios, para apoyar a 84 organizaciones civiles que trabajan con infantes que viven en la calle.
Guzmán advirtió que el Instituto Nacional de Desarrollo Social, dependiente de la Sedesol, apoyó 89 proyectos de grupos civiles para atender a ese sector vulnerable con una suma de 34.5 millones de pesos en beneficio de 228 mil niñas y niños.
La senadora del PRI insistió en que esa situación refleja una falta de coordinación entre el Indesol y el DIF para atender a las y los niños de la calle, además de que evidencia la carencia de seguimiento y evaluación de esos programas para evitar que los recursos destinados a las organizaciones civiles tengan un uso discrecional.
En respuesta, Vázquez Mota negó la duplicidad de funciones y simplemente respondió que se trata de una política «integral» para atender a la población infantil en condición de calle.
En otra intervención, la funcionaria aseguró que el gobierno de Vicente Fox se esfuerza por lograr la equidad de género y la inclusión de las mujeres en la política social.
2003/RM/MEL
