Cincuenta años después de obtener el derecho a votar y ser electas, las mexicanas ganan espacios a cuentagotas en la política y con muchos trabajos ven concretarse leyes y políticas públicas para cerca de 52 millones de mujeres en el país.
El próximo viernes 17 de octubre se cumplirán los primeros 50 años del sufragio femenino en México, gracias a las reformas constitucionales al los artículos 34 y 115 de la carta magna, que facultan a las mexicanas a votar y ser votadas en elecciones federales.
Aunque la obtención de derechos ciudadanos plenos fue un logro de la clase política femenina, éste no alcanzó a todas las mexicanas. La razón, explica la historiadora y especialista en género de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Ana Lau, tiene que ver con el derecho a ejercer la ciudadanía, discusión inexistente para hombres y mujeres en 1953.
Coincide con ella la politóloga Dalia Barrera Bassols, coautora de Mujeres que Gobiernan Municipios y de Participación Política de las Mujeres, entre otros estudios políticos, quien asegura que «en México no hay ciudadanías completas de mujeres y hombres. No hay democracia real.»
«Las mujeres estamos en todos los movimientos sociales del país» y somos el 50 por ciento de la militancia en los tres mayores partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Estas cifras no se reflejan en los comités ejecutivos nacionales de esas instituciones, lamenta Barrera en entrevista.
La investigadora está convencida de que las mujeres deben ganar espacios de abajo hacia arriba y hace énfasis en los niveles locales, como las alcaldías, ya que están más cerca de lo cotidiano donde está «lo más difícil de cambiar que son los comportamientos culturales».
Por algo el estado mexicano signó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) que busca a la transformación cultural interna, defiende la especialista.
Ana Lau es optimista hacia el futuro a pesar de reconocer que la política de partidos está en crisis y el ambiente sociopolítico genera desánimo en las jóvenes.
Su apuesta es que «somos muchas mexicanas» y entre ellas se hallarán soluciones para toda la población que requiere ser atendida. Pero, como está probado nada llegará solo «hay que preparar a las mujeres para todo esto, para negociar». Y luego, ocupar 50 por ciento de los escaños en las cámaras.
NUMERALIA
Al inicio de la administración foxista había tres mujeres secretarias de Estado, cifra histórica que hoy se reduce a una: la secretaria de Desarrollo Social Josefina Vázquez Mota.
En la nueva legislatura de la Cámara de Diputados al día de hoy se cuenta con 114 legisladoras porque dos renunciaron ya y sus cargos fueron ocupados por suplentes varones: apenas 23 por ciento de mujeres en total.
De acuerdo con la nueva investigación de Irma Aguirre y Dalia Barrera sobre la participación política femenina en las legislaturas locales las mujeres fueron 11 por ciento en 1998 con excepción del Distrito Federal donde ellas ocuparon una de cada cuatro curules.
Las mexicanas están en altos mandos de 30 por ciento de la Administración Pública Federal y en 21.5 por ciento de las cortes. Representan solamente 9.4 por ciento en la Suprema Corte de Justicia y 19.2 por ciento en Conciliación y Arbitraje.
En este país donde las mujeres constituyen la tercera parte de la fuerza laboral asalariada, solamente ocupan 11.5 por ciento de las secretarías generales de los sindicatos, indica la misma investigación.
Irma Aguirre observó sobre este tema que incluso hallar esta información es difícil y relata sus experiencias para detectar a las 81 presidentas municipales que hay en México entre casi dos mil 500 municipios donde ni siquiera el Instituto para el Federalismo tiene claro si Guadalupe es nombre de hombre o mujer.
NUEVAS LEYES
Votar y ser electas fue un sueño que llevaba de la mano poder lograr reformas legislativas en beneficio de las mexicanas. Pero ya desde 1914 las mexicanas lograron protección legal con la Ley del Divorcio; la Ley de Matrimonio en 1915 y la Ley de Relaciones Familiares en 1917. En 1922 la Constitución del estado de Yucatán reconoció el derecho de la mujer a votar en las elecciones municipales y en 1923 ocurrió igual en San Luis Potosí.
Después de obtener el derecho a votar en las elecciones federales, el siguiente salto fue en 1974 al establecerse la igualdad de hombres y mujeres ante la ley en el artículo cuarto constitucional.
En la misma discusión –un año antes del Año Internacional de la Mujer –se modificaron también los artículos quinto y 123 constitucionales para proteger el derecho de las mexicanas al trabajo, consigna la obra Más Mujeres al Congreso, del extinto Programa Nacional de la Mujer.
En los anteriores 18 años de la Cámara de Diputados federal, el Diario de los Debates da cuenta de dos reformas al Código Penal,–con mayores sanciones a la violencia sexual– cuatro reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y lo que se considera uno de los mayores logros de las legisladoras y feministas: la ley federal contra la Violencia Intrafamiliar de 1998.
Previamente se ratificaron dos instrumentos internacionales –cuyo valor se sitúa por abajo de la Constitución y por arriba de las leyes federales.
Hace 22 años se adoptó la CEDAW y en noviembre de 1996 fue aprobada por unanimidad, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Belém do Pará, consigna el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.
El 11 de septiembre de 1993, en la reforma al Cofipe se hicieron adiciones al párrafo tres del artículo 175 para «promover una mayor participación de las mujeres», lo que se convirtió en una obligación en 1996 para que ningún partido excediera del 70 por ciento para un mismo género. En el 2002 se lograron sanciones para los partidos que incumplieran con lo anterior.
2003/MR/MEL
