La política social del presidente Vicente Fox fue duramente cuestionada por ex legisladoras federales, investigadoras e incluso por prominentes funcionarias y funcionarios del gobierno federal, quienes arremetieron contra los programas «asistenciales» de la Secretaría de Desarrollo Social que pretenden abatir la pobreza entre las mexicanas.
Las críticas contra las metodologías, alcances y efectividad de los programas sociales de la Sedesol salieron a relucir la semana pasada durante la realización del seminario internacional sobre Género y Pobreza, organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Fondo de Naciones para el Desarrollo de la Mujer (Unifem).
En los dos días que se celebró el evento (18 y 19 de noviembre) en la Ciudad de México, se debatió, entre otros temas, sobre la ineficacia de los sistemas de medición de la pobreza en México, los cuales, a decir del propio subsecretario de Desarrollo Urbano de la Sedesol, Rodolfo Tuirán, «invisibilizan» las condiciones precarias en las que sobreviven millones de mujeres.
Los estudios más moderados indican que poco más de la mitad de la población (unos 53 millones de personas) viven en condiciones de pobreza. De ese gran total de la población que vive en la miseria, 60 por ciento lo constituyen mujeres que padecen marginación extrema.
A las críticas del subsecretario Tuirán se sumó incluso la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, quien al inaugurar el evento ante representantes de la Cepal, el BID y la ONU, así como académicas, intelectuales, legisladoras y activistas de la sociedad civil, resaltó las limitaciones que presentan las mediciones convencionales de la pobreza y sus efectos en términos de políticas públicas a favor de las mujeres.
Pero la que se llevó las palmas de la concurrencia en el segundo día de actividades fue la ex presidenta de la Cámara de Diputados Beatriz Paredes, quien virtualmente demolió la política social del presidente Vicente Fox, al calificarla como mero paliativo para evitar que las y los pobres «mueran de hambre».
POBREZA FEMENINA A DEBATE
Las mexicanas representan la tercera parte de la fuerza laboral del país: cerca de 11 millones de mujeres contribuyen a generar riqueza en México y, sin embargo, de acuerdo con diversos estudios, ellas son la que padecen de manera más severa la pobreza, la cual se traduce en menor ingreso salarial, mayor desempleo, condiciones más precarias en el ámbito laboral, más restricciones para acceder a servicios básicos como educación y salud, y mayores posibilidades de padecer violencia intrafamiliar, entre otras calamidades.
Datos del Consejo Nacional de Población indican que 4.6 millones de hogares mexicanos son encabezados por mujeres, 22 por ciento del total, y tal cifra va en aumento.
El subsecretario de Desarrollo Urbano de la Sedesol, Rodolfo Tuirán, advirtió durante el seminario sobre Género y Pobreza que medir ese flagelo conforme a lo que se denomina la línea de pobreza es ineficaz para conocer realmente el índice de marginación en el que están sumergidas millones de mujeres.
Explicó que esa metodología pasa por alto el aporte económico del trabajo doméstico de las mexicanas, y no diferencia entre hombres y mujeres acerca del uso del tiempo y los patrones del gasto. Además, subrayó, tal medición supone de antemano y erróneamente una distribución equitativa de los ingresos en los hogares.
El subsecretario convocó a la creación de nuevos métodos de medición de la pobreza, para que a partir del análisis de género se pueda conocer el grado de severidad con el que la población femenina padece el flagelo de la pobreza.
La priista Beatriz Paredes despotricó contra los programas de la Sedesol, ya que aseguró que son producto de una política económica que impide a la población salir de la pobreza. Calificó a los programas de la dependencia como asistenciales y aseguró que cuando la pobreza no se atiende con rigor los programas quedan sólo como muestras de «bondad» de las instituciones.
La directora del Indesol, Cecilia Loría, se sumó a la propuesta de la ex gobernadora de Tlaxcala de discutir y modificar la política económica vigente y de incorporar a los varones en las labores de los programas sociales, los cuales suelen sobrecargar de trabajo a las mujeres.
Por el lado de la sociedad civil, la defensora de derechos humanos Clara Jusidman acusó al Estado mexicano de provocar con su política laboral y de contención de salarios, la miseria, el desempleo y la sobrexplotación de millones de mujeres.
Hasta la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, fue claridosa al advertir que «las medidas para combatir la pobreza resultan ineficaces si se considera a las mujeres pobres como beneficiarias pasivas de la seguridad social».
Resumió que no será a través de programas asistencialistas sino por medio de procedimientos con enfoque de género que se podrá dar sustentabilidad a las políticas contra la pobreza.
