Una década después del levantamiento zapatista, que captó la atención sobre la población indígena en México, el matrimonio forzado, el incesto y el desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres persisten en el sistema de usos y costumbres: ellas avanzan a medio camino entre las injusticias de la modernidad y la tradición.
Si bien el levantamiento de las indígenas surgió en Chiapas con la Ley Revolucionaria de Mujeres en 1993 –aún antes de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según su historia oficial– las indígenas de todo el país se cuestionan hoy el lado negativo de la justicia tradicional, sin llegar a la negación del sistema de usos y costumbres.
Las mujeres dentro del movimiento de los pueblos indios discuten entre ellas cómo sortear la contradicción de construir su vida en medio de un sistema que las discrimina por ser mujeres. Como todos los demás.
A una hora de trayecto de Tuxtla Gutiérrez, capital chiapaneca, las manos morenas de Esther sostienen el telar de cintura, y su todavía joven mirada persigue los hilos de lo que será una blusa mientras su mente da un vuelco hasta aquel día, hace 21 años, en que Mario, su esposo, le entregó al papá de ella cuatro mil pesos como perdón por haberla «sacado huida».
A Esther «se la llevó» su ahora esposo a la casa de su suegro, «y ya estando allá no me podía regresar a mi casa porque mi papá me iba a pegar», por lo que Mario pagó para que la situación tuviera un «feliz término». Esther pasó de la tutela de un padre violento a la de un marido golpeador que debe autorizar las salidas de casa de su esposa.
Pero es febrero de 2004 y en la zona tzotzil de Navenchaug, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el «precio» para que la mujer se una a un hombre oscila entre dos mil y ocho mil pesos, al menos en esta comunidad. Antes, la dote del novio a la familia de la novia era en especie, ahora es en dinero.
Ahí, como en muchas otras comunidades de Chiapas la compra-venta de mujeres es una práctica común avalada por la ley indígena y es a la vez la costumbre más grave que sigue vigente, aseguró la abogada Martha Figueroa Mier, integrante del Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo).
Pero la injusticia existe en todas partes. «Tanto en el sistema jurídico mexicano como en el derecho indígena –conocido como usos y costumbres– las leyes han servido como un medio de control, sobre todo hacia las mujeres», explicó Figueroa Mier.
El matrimonio forzado también ocurre entre los no indígenas cuando obligan a una pareja joven a casarse por una fuerte presión familiar.
La abogada conocida en el ámbito internacional por su defensa de las hermanas tzetzales violadas por soldados abundó que en estos lugares a la mujer se le ponen «costos y precios en tanto su capacidad reproductiva.»
Se le atribuye mayor precio a una mujer que da a luz a más varones, incluso son más apreciadas que aquellas que son vírgenes aunque las primeras sean mayores de edad o viudas.
Otra forma de discriminación ocurre al marginar a las mujeres en los puestos públicos de decisión, en estos casos en las asambleas, bajo el argumento de que «ellas no tienen interés en la política».
A esta lista se agrega el incesto como una práctica común. Cuando la mamá muere, el esposo toma a la hija mayor como la esposa en todos los sentidos. Y para agravar la situación, la pobreza y migración abonan este deplorable cuadro, ya que debido a estos fenómenos se dan casos en los que el hombre mayor toma a la mujer de la familia que haya dejado el migrante.
A pesar de ello, en muchas comunidades se ha logrado la presencia de ejidatarias, pero el costo ha sido y es muy caro: chismes entre la familia, entre la comunidad, el permanecer solteras y más.
La lista sigue: falta de cuidados y acceso a los servicios de salud para las madres, desprecio y subvaloración al trabajo doméstico, escaso o nulo acceso a la educación –bajo el pretexto de ¿para qué estudia?–, no tienen aún derecho a la tierra, los acosos sexuales en diversos ámbitos y mucho más.
Un trabajo realizado en enero por la Comisión Diocesana de Mujeres (Codimuj), de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, muestra cómo las mujeres organizadas y con presencia en su comunidad, también sufren y viven las consecuencias de los llamados usos y costumbres.
Ellas señalan que la violencia, el alcoholismo, el abuso sexual y la compra de mujeres, son las costumbres que lastiman su dignidad de mujer, cómo también lo es que la familia no apoye a una mujer embarazada y «muera de parto», e igualmente la infidelidad conyugal es sentida como una clara desvalorización hacia la mujer.
Sobre el mismo tema hablaron ya hace 10 años las dos primeras mujeres destacadas del zapatismo: la comandanta Ramona –desde el frente organizativo– y la comandanta Ana María –de formación guerrillera.
En el libro Las Alzadas, coordinado en 1998, Ana María da su testimonio: «Muchas mujeres no se deciden a esto porque ven que no tienen ningún derecho dentro de su propia comunidad, no tienen derecho a la educación ni a prepararse; las tienen así como con una venda en los ojos sin poder conocer nada; las maltratan, son explotadas, o sea la explotación que sufre el hombre la sufre la mujer mucho más porque está mucho más marginada».
Y en Chiapas, y en las zonas zapatistas, el control y la llamada «doble militancia» defender la causa de las mujeres al interior de otro movimiento social persiste como en el primer día como lo relató el 26 de enero el subcomandante Marcos al mundo en un tono displicente.
La Ley Revolucionaria de Mujeres pide que las mujeres puedan decidir con quién casarse, puedan estudiar y, en general, sean tomadas en cuenta. Sobre la lectura de esta ley, en marzo 1993, el subcomandante Marcos relató alguna vez que la comandanta Susana la dio a conocer en un ambiente de rumores de inconformidad y de silencio provenientes de sus compañeros insurgentes. Este hecho fue considerado como el primer alzamiento zapatista.
Entonces miraron la luz los deseos de las indígenas, pero no todo es Chiapas, ni todas están organizadas.
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