El Observatorio de Familias y Políticas Públicas solicitó hoy a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la derogación de las reformas que entraron en vigor ayer y que crean la llamada «custodia compartida.»
Esta coalición mexicana de especialistas sobre familia, educación y legislación advirtió en comunicado de prensa que estas reformas atentan contra el interés superior de los niños y las niñas y sitúan en un plano de desigualdad a las víctimas de violencia familiar.
De no derogarse esta ley, advirtieron, generarán un daño irreparable a la infancia de la ciudad de México que ha estado sujeta a procesos de separación de los padres y a muchas víctimas de violencia familiar.
Expusieron que en el decreto se invisibilizan casi por completo los intereses de las niñas y los niños, poniéndolos en un lugar secundario al privilegiar el derecho de convivencia de los padres respecto de la seguridad y bienestar de los pequeños.
Es deber del Estado, asegura la misiva, que se excluya de la legislación todo aquello que afecte o amenace el desarrollo de cada niña o niño.
Acusaron que la reforma incorpora la figura de «régimen de custodia compartida» como una obligación de las hijas e hijos de vivir con ambos progenitores, a pesar de que ellos vivan separados.
En ese sentido, el Observatorio, apuntó que real y físicamente es muy difícil de concebir que esta situación pueda darse, sobre todo cuando no existe armonía entre el padre y la madre. Y aún más, con un supuesto derecho de convivencia extendida hasta los parientes colaterales en cuarto grado.
Las reformas al Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y Nuevo Código Penal, disfrazadas de igualdad y equidad procesal, constituyen un mecanismo sofisticado de agresión a las mujeres víctimas de violencia familiar.
Así, el diseño de estas reformas obliga a quien ha sido víctima de violencia y que incluso ha conseguido una sentencia definitiva a su favor sobre la guarda y custodia de sus hijas e hijos, a facilitar la convivencia de los y las niñas con el agresor originario.
Para el Observatorio son necesarias instituciones jurídicas que faciliten a las y los integrantes de las familias, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades.
2004/RGL/MR