El pasado martes 14 de diciembre, en el Senado de la República, aprobamos un dictamen que consideramos será un instrumento importante para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Nos referimos al Dictamen que cual reforma la Fracción V, del Artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional, la cual pretende que en los casos que los servidores públicos o las autoridades no acepten una recomendación, se hará del conocimiento de la Cámara de Senadores, para que ésta cite a los funcionarios o a las autoridades responsables a efecto de que expliquen las razones de su negativa o justifiquen su omisión.
Este avance es de suma importancia, si tomamos en consideración que durante los informes rendidos por el doctor José Luis Soberanes, éste ha manifestado su preocupación por las conductas omisas y evasivas de algunas autoridades que aceptan formalmente las recomendaciones de la CNDH y que no cumplen con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o denuncias correspondientes.
Asimismo, estas autoridades en el curso de los procedimientos de quejas, asumen conductas negativas para rendir informes, aceptar medidas precautorias, aportar pruebas, acudir a reuniones conciliatorias, lo que obstaculiza el trámite de las quejas; es más, todavía hay autoridades que ante los señalamientos de la CNDH reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a la institución.
Las cifras sobre ésta problemática hablan por sí solas, por citar un ejemplo, del Informe de Actividades de la CNDH correspondiente al año 2002, se señala que de las 49 recomendaciones emitidas en ese año, solo cinco se cumplieron de manera total y satisfactoria.
En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática –promotor de ésta iniciativa- hemos planteado la creación de controles más eficaces en materia de derechos humanos que permitan que las normas nacionales e internacionales protectoras de esos derechos, desplieguen todo su efecto útil, brindando una mayor seguridad jurídica a los individuos frente a las actuaciones del estado.
Por eso nos congratula haber contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Senado. Sin embargo, tenemos que dejar en claro que en materia de derechos humanos, tenemos que insistir para ajustar nuestro marco jurídico a los estándares internacionales, ya que persisten graves y añejos problemas estructurales en materia de respeto y garantía a los derechos fundamentales, perpetrados por las autoridades de salud, procuración y administración de justicia y las del ámbito militar, entre otras.
Esperamos que la Cámara de Diputados priorice en su agenda éste dictamen que dará un avance importante en el marco de protección a los derechos humanos en nuestro país.
Senadora del PRD y presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez de la Comisión de Desarrollo Social.
2004/LB/MR
