Derechos sexuales y reproductivos, igualdad de oportunidades, presupuesto y adecuación de normas sobre delitos sexuales, son algunas de las prioridades en material de género que atenderá la próxima legislatura que se inicia este martes 15 de febrero.
Legisladoras y suplentes que participaron en la reunión entre la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría y diputadas actuales y futuras de esa fuerza política, analizaron la próxima tarea en materia de género.
Diputadas actuales como Nora Castro, Margarita Percovich, Raquel Barreiro y Mónica Xavier y futuras como Lilián Kechichián y Daniela Payseé, además de varias suplentes de legisladores por Montevideo y el interior del país, participaron en el encuentro convocado por la Unidad Temática de Derechos de las Ciudadanas del EP-FA-NM, que se realizó en el Palacio Legislativo.
Además se analizó que el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer sea adscrito al futuro Ministerio de Desarrollo Social, ya que en la actualidad depende del Ministerio de Educación y Cultura, su dotación presupuestal y la modificación de su nombre y estatuto jurídico.
EQUIDAD, RECURSOS Y DERECHOS
Se acordó que la implementación de un plan de igualdad de oportunidades y trato a nivel nacional, que involucre a todos los organismos del Estado, a los gobiernos departamentales, actividad privada y sociedad civil, en el marco de la descentralización del Estado, demanda una ley marco acorde con los compromisos asumidos por el país en las Plataformas de Acción de Pekín y El Cairo.
En la futura ley de presupuesto deben incluirse las partidas necesarias para la ejecución de las políticas dirigidas hacia las mujeres, se dijo en esta reunión.
Entre ellas se propondrá la obtención recursos para el Instituto de la Mujer, Plan Nacional de Violencia Doméstica y de Igualdad en el Empleo, así como programas dirigidos a mujeres rurales, salud sexual y reproductiva, entre otros.
Desde su aprobación a último momento en 2004, la izquierda dejó planteada la necesidad de reformar parte del articulado del Código de la Niñez y la Adolescencia. Se agregan ahora nuevas necesidades para acompasar las normas al actual escenario político.
Otra de las preocupaciones planteadas fueron las modificaciones a los Códigos Penal y Civil para evitar la prostitución infantil, tráfico de personas y turismo sexual, ahora sujetas a leyes anacrónicas y que contravienen las convenciones internacionales en la materia.
También habrán de equiparar los derechos de las personas que viven en concubinato con los que derivan del matrimonio y la legitimación de las uniones entre personas del mismo sexo.
Otras leyes que demanda la modernización del marco jurídico son las vinculadas a titularidad de la tierra y la vivienda, participación equitativa de mujeres y hombres en el movimiento cooperativo y un marco regulatorio del trabajo doméstico.
Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, hay un compromiso asumido por la izquierda en el momento de votar la ley respectiva en el Senado, donde fue rechazada por estrecho margen.
Esta Unidad, actualmente coordinada por Alicia Pintos y María Emma Alba, tiene por misión generar condiciones para lograr la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, promover el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, y generar mecanismos que garanticen las mejoras de las condiciones de vida de la población femenina, especialmente de la menos favorecida.
UN PARLAMENTO PRESTIGIOSO Y EFICAZ
La diputada emepepista Nora Castro, futura presidenta de la Cámara de Representantes, y en tal virtud pionera en la historia parlamentaria uruguaya, adelantó en el encuentro que se impulsará la recreación de la Bancada Femenina y de la Comisión de Equidad y Género.
Respecto de esta última, advirtió que se buscará articular su trabajo con otras comisiones permanente y especiales, de manera de avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género, y para que no sea «el adorno» de la gestión parlamentaria, un modo de que «la sociedad expíe su culpa en las discriminaciones» reales.
Castro externo su preocupación por que se superen las barreras que considera existen entre la labor legislativa y la ciudadanía.
2005/IV/SJ
