Si en México la democracia se finca en la legalidad, Jorge Serrano Limón, fundador de Provida, y algunos funcionarios públicos y un ex diputado federal del PAN deberían ser juzgados, luego de que el informe de la Auditoría Superior de la Federación muestra el fraude y hasta asociación delictuosa en el llamado Providagate.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene suficiente presunción para actuar penalmente por el mal manejo de recursos públicos federales que el gobierno otorgó al Comité Nacional Provida en 2003, tras una investigación exhaustiva que arroja irregularidades en 90 por ciento de los 33 millones de pesos fiscalizados.
El resultado del dictamen de la ASF, se presentó en tiempo y forma, y en ella se anuncia acción penal "contra quien resulte responsable por actos u omisiones presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a los intereses de la dependencia o a la Hacienda Pública Federal".
Ocho colaboradores de Jorge Serrano Limón, "líder moral" del Comité Nacional Provida, ésta asociación civil y seis empresas -en las que los nueve hacen de todo- están involucrados en varios delitos fiscales e, incluso, podrían ser acusados por lavado de dinero.
Las 52 páginas que la auditoría dedicada a Provida detallan un mapa de complicidades, tales como las que tiene Marcela Soriano, directora de Proyectos Sociales de Provida, que se dedica a vender servicios a precios estratosféricos a su organización y, luego, a donar cientos de miles de pesos, de manera similar a Silvia Sánchez Betanzo.
LAVADO DE DINERO
El 26.4 por ciento de todos los donativos recibidos por Provida -la mayor parte de manos de colaboradores, accionistas o empleados de las empresas vinculadas a la organización- fueron a dar a Vector Casa de Bolsa y Multivalores Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.
Lo anterior "fortalece la presunción de que los recursos federales que se le otorgaron en el ejercicio 2003 pudieron ser usados para un fin distinto", cita la ASF en la página 259 del documento.
Cabe señalar que la diputada priista Marcela Guerra, de la Comisión de Vigilancia a la ASF, recibió documentos de fuentes cercanas a Provida, que mostrarían más de cinco millones de la sobrefacturación de los equipos y publicidad, entre las cuentas de Mercatel, Estraimagen Ojeda y Acarreos Profesionales Internacionales e Importaciones Girón, empresas que comparten irregularidades y domicilios entre ellas.
La diputada neoleonesa prepara por ello una posible denuncia ante la Unidad de la Delincuencia Organizada (UEDO), quien tendría que investigar a Provida por lavado de dinero y la ASF solicite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) audite directamente a Mercatel S.A. de C.V.
Esta empresa tiene el mismo domicilio que Provida y ocultó al SAT las ganancias que generó por medio de la asociación civil, más de 75 por ciento de los recursos que Provida obtuvo del gobierno federal para publicitar sus servicios y los daños sociales del aborto.
De éstos, 89 por ciento de los gastos fiscalizados en el rubro publicidad fueron comprobados con facturas con fechas con anterioridad al inicio del proyecto, es decir, 612 mil pesos, equivalentes al 20 por ciento de los recursos asignados a este rubro.
OPERACIONES FRAUDULENTAS A LA NACION
En la auditoría se establece también que Provida, con su intermediario Improvar S.A. de C.V, "infló" casi cuatro veces los precios de 15 equipos de ultrasonido adquiridos con recursos de la Secretaría de Salud, por 27 millones 409 mil 500 pesos y, luego, duplicó su comprobación a la Lotería Nacional.
Improvar, cuya representante legal es Silvia Sánchez Betanzo, había sido ya cuestionada desde el año pasado por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) de la Secretaría de Salud, por no estar especializada en la venta de equipo médico.
Provida alegó que esta empresa les había ofrecido precios más bajos en su calidad de importadora.
Improvar compró en México aparatos ecosonográficos por 86 mil pesos, que luego facturó en 442 mil pesos a Provida. En esa tónica se comprueba la compra de 15 equipos, entre 26, que estaban en los proyectos con recursos federales. El origen de los otros 11 que vendió Mercatel no pudo ser rastreado por la ASF.
La responsabilidad penal llegará también a funcionarios públicos de la Secretaría de Salud. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, en las observaciones entregadas a la APBP, además de mala aplicación de recursos por parte de Provida, la autoridad incurrió en falta de seguimiento en el uso de recursos en el año 2003 y también en el 2004.
Y falta poco para que la SFP presente un deslinde de responsabilidades, asegura una fuente de la instancia.
Asimismo, María Teresa Ortuño, delegada de Sedesol en Chihuahua, tendrá que aclarar el uso de 92 mil pesos para una incubadora, parte de 150 mil pesos otorgados a Provida, porque se duplica con la información entregada a la APBP.
La fiscalización de la auditoría confirma las irregularidades dadas a conocer a mediados del 2004 por parte de la Auditoría Ciudadana presentada por Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Sipam, Letra S, Equidad de Género y GIRE, organizaciones civiles que sacaron el caso a la luz pública.
Y muestra que Provida tiene irregularidades en 93.1 por ciento de sus comprobaciones en gastos de papelería, 89.9 por ciento en el teléfono y 88.4 por ciento al reportar agua y luz. A lo largo de la auditoría aparecen una y otra vez intentos por duplicar sus gastos ante diversas instancias.
Será a mediados de abril, como lo marca la ley, cuando la ASF denuncie penalmente si las instancias señaladas son incapaces de dar explicaciones satisfactorias a todas estas irregularidades.
2005/MR/SJ
