Cada día que pasa nos enteramos que el caso Juárez –mujeres brutalmente asesinadas de distintas edades-, se conoce con igual o mayor asombro en otras ciudades del mismo estado de Chihuahua y en el resto del país.
Lo más lamentable es que el factor común de estas tristes historias no es necesariamente un asesino común, sino una vida parecida y una muerte sin solución. Las víctimas nacieron en la pobreza, trabajaron para mejorar sus vidas y, después de haber sido brutalmente asesinadas, se les niega la justicia.
Dos casos más, niñas menores de 10 años fueron privadas de su vida después de haber sido ultrajadas inhumanamente, se suman a las 15 mujeres asesinadas -3 por mes- en el estado de Chihuahua en lo que va del año. Mientras en Sonora, en la primera semana de mayo, conocimos de dos casos más, sumando cuatro en un sólo mes.
Es evidente que lo realizado hasta éste momento es insuficiente y que la realidad rebasa por mucho los esfuerzos de un nivel de gobierno e inclusive a los tres niveles de la administración pública en Chihuahua y en otras entidades de la República.
Pero, entonces ¿qué hacer en Chihuahua y en el resto del país? cuando se supone que desde hace más de un año se despliega una estrategia y un programa interinstitucional de los distintos órdenes de gobierno para el combate a la violencia hacia las mujeres en aquella entidad y en el país.
Es urgente que en la agenda nacional se comprenda la relevancia y la urgente necesidad de abordar con plena voluntad política y responsabilidad de estado el fenómeno de la violencia de género y consecuentemente los feminicidios en el país.
Es de la mayor importancia abrir el debate y llegar a acuerdos básicos para el combate a la violencia hacia las mujeres, de conceptualizar del fenómeno para arribar a estrategias comunes en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Nación.
Se ultraja y se asesina a mujeres por el hecho de ser mujeres, por ser concebidas aún, en diversos ámbitos de la vida cotidiana como objetos, como propiedad de otros, y no como sujetos, no como personas provistas de derechos, que debemos ser respetadas y reconocidas como seres humanas. Sólo así se explica cómo es que una niña, una mujer trabajadora, una indígena es bestialmente asesinada por un hombre.
Tenemos que hacerle frente a los desafíos del nuevo siglo con visión de Estado, la violencia como la desigualdad y la discriminación continúan, forman parte de un sistema de dominación político arcaico que amenaza con perpetuarse sigilosamente en el manto de la modernidad.
Los últimos datos dados a conocer oficialmente sobre la encuesta de discriminación en nuestro país son más que elocuentes.
Un problema de envergadura nacional y de alta prioridad nos interpela a todas y todos los mexicanos, pero sobretodo a las autoridades y funcionarios públicos responsables de garantizar el Estado de Derecho.
El Presidente de la República como la Procuraduría General de la República ya debiera de haber asumido plenamente su responsabilidad, lo que queda claro es que estamos fallando.
El día de ayer presentamos una proposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que las autoridades locales y federales de inmediato tomen cartas en el asunto y no se escatimen esfuerzos para esclarecer y castigar ejemplarmente a los victimarios de las dos niñas asesinadas.
Informen de los avances, resultados y eficacia del Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, suscrito desde noviembre de 2003.
Seguiremos insistiendo que éste es un problema de Estado y como tal debe ser resuelto.
*Senadora de la República [email protected]
2005/LB/SJ
