En histórica decisión los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron investigar a varios funcionarios de alto nivel acusados de violar las garantías individuales de Lydia Cacho. Hay días que amanece más claro. Hay días que el viento fresco, a fuerza de invocarlo, se hace un espacio entre los nubarrones.
La máxima autoridad judicial en nuestro país decidió, el pasado martes, investigar al gobernador de Puebla, Mario Marín, a la procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda y al procurador de justicia de Quintana Roo, Bello Melchor, a quienes Lydia Cacho acusa de cometer una serie de ilegalidades para detenerla favoreciendo así al empresario Kamel Nacif, quien demandó a la periodista por lo publicado en su libro Los demonios del edén en donde se le señala como socio del pederasta Jean Succar Kuri.
Es la tercera vez en la historia de nuestro país que la SCJN va a emprender una investigación para determinar hasta qué punto autoridades han violado garantías individuales de un o una ciudadana. La última vez que la Corte intervino fue en el caso de Aguas Blancas, donde varios campesinos fueron asesinados y fue señalado como autor intelectual el entonces gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, quien a propósito de este caso acuñó la frase «En Guerrero no pasa nada».
Pero esta decisión de la SCJN no sólo es histórica en función de las pocas veces que ha intervenido en asuntos de este tipo, sino porque es la primera vez que la víctima está viva.
Tan viva y tan firme y tan fuerte y tan decidida que enfrenta a poderosos políticos y empresarios de más de un estado de la República, que ha demandado legalmente a varios de esos poderosos, que se ha negado a negociar con el gobernador de Puebla, que ha dicho una y otra vez que no está dispuesta a ningún arreglo en lo oscurito porque no va a negociar su dignidad, y que está absoluta, total y definitivamente dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias cueste lo que cueste.
La decisión de la Corte de ejercer facultad de investigación sienta un precedente importantísimo en nuestro país, pues el mensaje que manda es: la ciudadanía puede tener una oportunidad cuando se ejerce violencia de estado en su contra.
Es verdad que constitucionalmente el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo son independientes y, en teoría, ningún poder puede o debe darle órdenes a otro poder. Sí, es verdad y es teoría, porque en la práctica suele no ser así. En la práctica, particularmente en las entidades de la República, el poder Ejecutivo tiene supremacía ante los otros dos poderes.
Si a ese «detalle» agregamos que el o la titular de la Procuraduría de Justicia en los hechos es un subordinado/a del Ejecutivo del Estado, tenemos potencialmente todos los ingredientes para que sea muy fácil que se utilice el aparato de justicia en contra de cualquiera por cualquier razón o sinrazón.
Lyida Cacho desde el principio de su detención, el 16 de diciembre del año pasado, ha venido diciendo de distintas maneras y con toda claridad que en Puebla el gobernador Marín puso al aparato de procuración de justicia al servicio de Kamel Nacif, y que su detención en Quintana Roo fue ilegal.
La difusión de las llamadas telefónicas entre Nacif y varios interlocutores, entre ellos Marín, dejaron bien claro que Lydia tenía razón.
Ahora bien, que la SCJN vaya a investigar no significa, sin embargo, que algo de fondo pueda cambiar. Falta un largo proceso judicial que se lleva a cabo en medio de una reñida y ríspida competencia electoral por la silla presidencial.
No sé si algún día hermoso de sol brillante podamos sentir que, al menos esta vez, se ha hecho justicia. Los nubarrones son muchos. De entrada Kamel Nacif, a quien Lydia también demandó penalmente, ya puso pies en polvorosa.
Al día siguiente de la decisión de la Corte partió en un avión privado rumbo a Cuba ¿huyendo?
Por de pronto, Lydia está viva y sana y fuerte y firme para hacer oír su voz. Y sabe, además, que no está sola. Cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas en México y en otras partes del mundo le han mostrado su solidaridad. Varios actores políticos, incluidos priístas, han decidido ponerse del lado de Lydia. La Cámara de Diputados y la de Senadores también. La Suprema Corte de Justicia ya tomó postura. El Congreso de Puebla y el de Quintana Roo, también. Veremos, pues, si esta vez la justicia y no la impunidad toma su lugar entre nosotros.
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*Periodista mexicana
06/CL/LR
