En Oaxaca existe una «clara inestabilidad política y social» que puede desembocar en una ola de violencia generalizada desalentadora del voto el próximo 2 de julio, que es una flagrante violación a los derechos humanos, afirmó la activista Sara Mendez Morales.
En conferencia de prensa la secretaria ejecutiva de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), dijo que esa violencia ha generado más de 50 conflictos agrarios en lo que va de este año, 12 homicidios de carácter político, 131 órdenes de aprehensión, 20 detenidos y 61 personas presas como parte de una «represión selectiva».
Dijo que están pendientes del desarrollo del conflicto magisterial que, luego de la megamarcha de la tarde del miércoles donde participaron más de 100 mil personas, está demostrado que ha rebasado las demandas educativas.
«Vemos que la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas se suman al descontento de la política económica y el alto grado de violaciones a los derechos humanos del actual gobernador», indicó la activista.
Cabe señalar que durante la llamada «megamarcha», diversos organismos sociales realizaron un juicio político a Ulises Ruiz Ortiz, a poco más de un año y medio de gestión, en el que también se le juzgó por las violaciones a los derechos de las mujeres y «simbólicamente» fue colgado, tras resultar culpable.
La activista oaxaqueña apuntó que el gobierno del estado criminaliza la manifestación y la protesta social, para crear –dijo- un clima que inhiba el voto en las elecciones de julio, y que ello favorecería al Partido Revolucionario Institucional (PRI), según analistas.
Méndez Morales lamentó la postura del Congreso local que solicitó la incursión de los cuerpos de seguridad pública para terminar con el plantón de maestros «sin haber agotado las vías del diálogo», secundados incluso por los partidos que no significan ninguna oposición dentro de la cámara de diputados.
El resultado es que sabemos que ya están en municipios conurbados a esta ciudad elementos del Ejército y de otras corporaciones policíacas. Es claro que en Oaxaca prevalece la impunidad como resultado de una administración parcial de la justicia, añadió.
Criticó también la posición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pese al clima de violencia social y política que vive la entidad, «sólo ha emitido dos recomendaciones, demostrando con ello su sumisión al Ejecutivo», como lo hacen los legisladores oaxaqueños.
Es lamentable, dijo, que el gobierno de Ulises Ruiz siga ignorando las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos han emitido a fin de salvaguardar las garantías individuales.
Demandó que haya un diálogo para resolver el conflicto magisterial y social, rechazó el uso de la violencia y pidió se detenga el hostigamiento contra medios de comunicación, como las radiodifusoras independientes.
Méndez Morales fue enfática en la necesidad de detener la criminalización de la protesta social y libertad de los presos políticos «que se les han sembrado delitos o están en prisión por defender o hacer uso de sus derechos humanos».
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