El gobierno oaxaqueño habría violado disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), al ejercer violencia tolerada contra maestras durante el desalojo del centro histórico el pasado 14 de junio.
A 30 días de que elementos de la policía local, pretendieron desalojar durante la madrugada del miércoles 14 de junio el plantón que maestros mantenían en el centro histórico de esta capital, Organizaciones No Gubernamentales presentaron un Informe sobre las violaciones de los derechos humanos ahí cometidos.
En una página, de las más de 40 que integran el documento, las organizaciones no gubernamentales coordinadas por la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, se refieren a la violación de las garantías de las maestras oaxaqueñas.
Explican que de acuerdo con la Convención, adoptada por México en Belém do Pará, Brasil, en 1994, se define en su artículo 1 que «debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado».
El documento, signado por más de 50 organizaciones y basado en testimonios, refiere que se cometieron abusos diversos y se violaron derechos a la libertad, la dignidad, la seguridad y el derecho a no ser sometidos a tortura.
Se narra el testimonio de una maestra, que junto con otras fueron sacadas del baño del edificio sindical la madrugada del 14 de junio, abofeteadas y amenazadas con violarlas, «como a las mujeres de Atenco».
La maestra, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue severamente golpeada por un policía que le provocó además de moretones en la cara una perforación en el tímpano izquierdo.
En el Informe se denuncia también dos casos de abortos y afectaciones a otras maestras embarazadas por la inhalación de los gases pimienta que fueron lanzados en exceso esa mañana por elementos de la policía estatal.
Se presenta el caso de un médico voluntario que atendió a una maestra que tenía tres meses de embarazo y a consecuencia de los golpes le diagnosticó un «aborto en evolución séptico».
Durante la lectura ante representantes de la Comisión de Intermediación que integra, entre otras personas, el artista plástico Francisco Toledo, se indicó que debido al alto grado de violencia y la dispersión posterior a los hechos, «no fue posible corroborar la existencia de violencia sexual», pero tampoco pueden asegurar «que ese tipo de violencia no existió», por lo que señalan seguirán investigando.
En otro apartado, se habla de la violación a los derechos de las niñas y los niños que acompañaban a sus madres en el plantón magisterial. «Se sabe por testigos que varios fueron heridos físicamente y, en general, ante el pánico, muchos cayeron, fueron pisados y la gran cantidad de gases lacrimógenos en el ambiente ocasionó desmayos, intoxicaciones y quemaduras».
También se destacan los efectos psicológicos que dejarán los momentos que vivieron niñas y niños durante el desalojo derivado de la agresión verbal y física, así como el miedo que vivieron la madrugada del 14 de junio.
Por último, las organizaciones demandan que el Estado Mexicano asuma los compromisos internacionales de derechos humanos, la destitución del gobernador Ulises Ruiz, así como la separación del cargo de la Procuradora General de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza; la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jaime Mario Pérez Jiménez, y de la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, entre otros puntos.
06/SJ/LR/CV
