Otras consecuencias de la guerra que dejan aquí en situación vulnerable a las mujeres son la intensificación de la violencia intrafamiliar y sexual, la trata de personas, el control social y de condiciones de vida, secuestros, detenciones, masacres y homicidios a comunidades.
De acuerdo con un informe presentado en junio de 2005 por la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, éstas son otras consecuencias además del desplazamiento.
No obstante, «una paradoja de la guerra es que ha multiplicado las organizaciones de mujeres en el país, hoy hay más de mil», dice Florence Thomas, activista francesa residente en Colombia, quien lleva 25 años dirigiendo el grupo Mujer y Sociedad.
De no ser por la resistencia de esos grupos, por el apoyo de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales, la situación de esta población sería mucho peor, añade.
«Incluso la iglesia acoge a miles de personas que buscan en su silencio la protección que necesitan», dice Renán Cuesta, coordinador del proyecto de Fortalecimiento a la Atención en Zonas Receptoras, de la Defensoría del Pueblo.
Pero las iglesias también han sido escenario de terribles masacres, como la ocurrida en mayo de 2002 en Bojayá, a 600 kilómetros de Bogotá, en un ejemplo de cómo son utilizadas las mujeres como «botín de guerra» del conflicto.
Según Cuesta, tras asesinar a las 119 personas que se encontraban en la Iglesia, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) agradecieron, a través de la radio, a las novias de los soldados y las esposas de los tenientes del Ejército Nacional, por suministrar la información que ayudó a perpetrar la masacre.
Es así como muchas mujeres son estigmatizadas en la guerra. Es por ese tipo de acciones que huyen buscando refugio; es el caso de algunas activistas de la Organización Femenina Popular (OFP), quienes tuvieron que exiliarse, hace algunos años, por amenazas de muerte.
«Por pertenecer a esta organización, que da refugio a víctimas de la guerra, sin importar a qué bando pertenezcan, muchas activistas fueron amenazadas y tuvieron que huir del país. En un acto de valentía, han vuelto para defender su causa, aún arriesgando sus vidas», dice Thomas.
La asistencia alimentaria, los subsidios de educación, los programas de capacitación que buscan estabilizar socioeconómicamente a los desplazados e informarlos sobre sus derechos son algunas de las medidas que el Estado y algunas organizaciones han tratado de adoptar para hacer frente a la realidad de estas personas.
Sin embargo, las medidas no dan abasto y esta población crece de manera alarmante, según revelan las cifras de registro de la Defensoría del Pueblo.
Una mujer afrocolombiana desplazada, como Jenny Montaño, refleja la vulnerabilidad de género por causa del conflicto. Pero ella es sólo una entre millones de mujeres que, tras haber sido desplazada, hoy carga con su casa a cuestas.
Otras, menos vulnerables a las consecuencias de la guerra porque no son viudas, huérfanas, cabeza de familia, discriminadas por la raza, ni desplazadas, viven también en un país sumido en la desesperanza.
Por eso se afirma que, aunque la guerra es el campo donde los hombres son protagonistas más visibles, detrás de cada joven combatiente hay una madre, una esposa, unos hijos que se ven afectados por sus acciones, con la misma intensidad.
Mientras el presupuesto nacional destinado a la guerra aumenta de manera vertiginosa, en Colombia no hay presupuesto, ni espacio, para que avancen las políticas de salud o educación, y mucho menos para buscar garantías que les permitan a las mujeres tener una voz y un voto que no se impongan a la fuerza, que es la lógica masculina de la guerra.
Yenny no ha vuelto a ver a su esposo y no recibe ningún apoyo de él. Se niega a regresar a Pradera porque la situación de violencia sigue.
No ha encontrado un espacio digno que le permita vivir con sus hijos y su madre: «Yo ya no sé de dónde son mis hijos, sinceramente no sé de dónde son», afirma.
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