En este tiempo de conflicto post-electoral, en nuestro país se ha venido evidenciando la necesaria construcción de escenarios de convivencia pacífica desde los acuerdos y consensos, o desde la resistencia civil, de la cual hay que definir con claridad para separarla de hechos violentos.
Al evidenciar el desgaste de los partidos políticos y una inflexión en lo que tiene que ver con las demandas ciudadanas, se tiene de dar el paso de lo material y particular a lo más político y más general. La resistencia civil debe ser una acción colectiva que evite cualquier recurso a la violencia, que se genera y es ejercida por la población civil que requiere para su eficacia, un proceso organizativo y de planeación y por último, debe sustentarse en un elemento de fuerza moral que la legitime.
¿Qué clase de resistencia civil conviene y a qué intereses?
La sociedad se cuestiona sobre el derecho de la ciudadanía al libre tránsito, al respeto a las instituciones, al fuero constitucional, a la responsabilidad y ejercicio de la fuerza de las autoridades federales y del Distrito Federal, al derecho a manifestarse públicamente, o bien, ¿hasta dónde llegará y hasta cuándo?
Las movilizaciones y procesos revolucionarios de los últimos años señalan el camino y las características que debe tomar la resistencia civil pacífica, en Argentina en el 2003 con las movilizaciones presididas por huelgas generales fue posible derribar a varios presidentes en menos de un mes.
En Venezuela, una insurrección espontánea que implicó la paralización del país revirtió el golpe de Estado contra el presidente Chávez; en Francia, movilizaciones y huelgas estudiantiles echaron abajo el contrato del primer empleo, en Bolivia una combinación de insurrección y lucha electoral hizo subir a Evo Morales a la presidencia.
Entender que la desobediencia civil es un método especial de oposición cuyas características esenciales tienen que ver con ser un movimiento político, no violento, y que busca un cambio político; al situarse dentro de los regímenes democráticos, dentro de la jurisdicción del Estado, manifiesta un sometimiento voluntario a las consecuencias legales del acto de desobediencia y busca incitar una discusión crítica de aspectos vitales para la existencia de la comunidad.
Y al no ser violenta, manifiesta que los presuntos insurrectos respetan los derechos humanos como valores morales en aras del cambio pacífico como algo esencial del proceso democrático.
Las definiciones estrictas de desobediencia civil confunden el acto político en sí mismo con las condiciones bajo las cuales la violación al derecho se considera justificada.
Si en las democracias la desobediencia civil es una conducta ilícita e inmoral y políticamente reprobable, por cuanto en estos sistemas políticos existen vías para la participación política, el control del ejercicio del poder, y la reivindicación de los derechos ciudadanos; el riesgo es volver en rutina y forma regular de acción política a la resistencia civil.
Establecer la diferencia entre violencia política y resistencia civil, permite valorar a la primera como una estrategia de trasformación social acorde con los fundamentos de las democracias constitucionales.
El movimiento de Martín Luther King permitió esto, como forma legítima de resistencia en un Estado democrático, dirigido a cuestionar situaciones determinadas de injusticia, bajo los principios constitucionales y no fracturar la legitimidad del ordenamiento jurídico en su conjunto o, a tomar el poder político.
En la medida en que la resistencia civil se manifiesta en forma pública, no violenta, y sobre el fundamento de consideraciones político-morales, estará dirigida a instituciones capaces de integrar la crítica, autocorregirse y reformarse pacíficamente.
* Senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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