Desde el fin de semana pasado cuando llegaron integrantes de la Armada de México a Huatulco y se realizaron sobrevuelos de reconocimiento sobre la capital oaxaqueña, la amenaza de la posible intervención policíaca o militar sigue latente sobre cada persona que habita la entidad.
Para muchas personas el uso de las fuerzas como la Policía Federal Preventiva o cuerpos militares sería la solución al problema de Oaxaca. Pero eso, como se ha planteado, es una solución simplista que no ve más allá de intereses particulares o de pequeños grupos.
Esas voces retrógradas desconocen la existencia de otras vías de solución, tan reales y vigentes como el acuerdo, el consenso, el diálogo, la tolerancia, pero sobre todo desconocen el valor humano de la paz y de esta forma invocan a una guerra, donde quienes más pierden siempre serán quienes carecen de poder, como las mujeres.
También sería la repetición de una historia de magros resultados con un peso de gran dimensión sobre los pueblos, de ahí la necesidad de recordar lo que ha sucedido cuando los cuerpos de seguridad actúan en este tipo de conflicto político sociales, pero de igual manera lo hacen cuando están frente a un panorama que sería cotidiano, como cuidar urnas en un proceso electoral.
En la memoria están hechos recientes y muy significativos de este tipo de «ocupaciones», de esos ejercicios de poder militar y policial donde el estado impone la violencia, como México 68, cuando el movimiento estudiantil es brutalmente reprimido, lo mismo que en 1971 y más recientemente 2006, en Atenco.
Pero hay otras ocupaciones «pacíficas», dicen, donde el Ejército mexicano interviene por razones de seguridad, como la lucha contra el narcotráfico y que han justificado una serie de agresiones contra los pueblos, pero en especial contra las mujeres, cuyos cuerpos se convierten en botines de guerra.
Bastaría recordar sólo algunos de los casos documentados y pendientes de justicia y que tendría que haber resuelto el gobierno de derecha que encabezó Vicente Fox Quesada.
En 1994, en Altamirano, Chiapas, tres jóvenes tzetzales fueron violadas por militares. En 1997, 12 mujeres de la zona Loxicha en Oaxaca, solicitaron ayuda a un organismo no gubernamental luego de haber sido violadas también por militares, pero luego fueron intimidades y no hubo denuncia, el caso quedó en la total impunidad.
Es Guerrero, uno de los estados más castigados, cuanta con al menos cuatro casos reportados, que involucran a seis mujeres sobreviventes de la violencia sexual, todas indígenas, de las comunidades de Zopilotepec, en 1997; Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, en 1999; Barranca Bejuco, Acatepec, y Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, ambos en 2002, ataques en los que hay más de 20 soldados involucrados.
En Atenco, Estado de México, 23 mujeres fueron también violadas por elementos de la Policía Federal Preventiva en una acto de desalojo, el pasado 3 y 4 de marzo de este año.
El 11 de julio pasado, también más de 20 soldados que vigilaban las instalaciones del IFE en Monclova, Coahuila, acuden a la zona de tolerancia del municipio de Castaños, donde golpearon, amenazaron y violaron a 14 trabajadoras.
Esas son apenas algunas de las muestras, quizá las más documentadas, de lo que resulta una ocupación «pacífica» militar o policíaca en México y donde las mujeres nos hemos llevado la peor de las partes.
No cabe duda que pedir la fuerza pública es una solución simple, que no resolverá el problema de fondo en Oaxaca, una entidad castigada ancestralmente por el olvido y el abandono institucional de todos los niveles de gobierno.
Las cifras hablan por si solas. Por qué no planear la solución desde el fondo. Por qué no reconocer que efectivamente hay un cansancio social en Oaxaca obligado por la pobreza, por la desesperanza, por las siempre nulas posibilidades de mejorar.
Desde el pasado sábado 30 de septiembre se vive una amenaza latente en Oaxaca. Durante el día, sus habitantes intentan retomar la vida como si nada pasara, por la noche, mucho antes de las 11 las calles se vacían casi en automático, hay temor.
Las mesas de diálogo son, para algunas voces, el muro de las lamentaciones y frustraciones personales, en especial de quienes piden que venga la represión a la capital oaxaqueña; pero hay otros muros, los de la esperanza, de quienes si creen que en las palabras hay caminos de solución, de las que están dispuestas a tomarse de las manos, formar cadenas, ser escudos humanos y no permitir más acciones que violenten ese hilo delgado de la paz.
* Corresponsal, Oaxaca
06/SJ/LR
