En México la palabra «justicia» generalmente no se utiliza para referirse a buenas noticias. Solemos emplearla para señalar lo que no se hizo o se hizo mal. Por eso cabe alegrarse cuando todo indica que se hará justicia, aunque para ello se requiriera el firme empujón de organizaciones ciudadanas.
El pasado miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que pone fin a un asunto de desvío de fondos públicos; desvío que en principio denunciaron con vigor algunas diputadas de la pasada Legislatura; desvío al que le siguieron la pista -con tenacidad de hormigas- seis organizaciones civiles; desvío que sin la presión ciudadana y el compromiso de legisladoras habría ido a parar al enorme desván de la impunidad.
La historia comenzó a principios de 2003 cuando el entonces diputado panista Luis Pazos, encargado de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la LXIX Legislatura, fue acusado por diputadas de la Comisión de Equidad y Género de utilizar fondos aprobados para la lucha contra el VIH/SIDA para favorecer, en una decisión unilateral, a la ultraconservadora organización civil Provida. No era poco dinero, se trataba de más de 30 millones de pesos.
El dinero se le otorgó a través de la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública –órgano dependiente de la Secretaría de Salud- mediante un convenio firmado por el entonces presidente de Provida, Jorge Serrano Limón, en el que se compromete a utilizar los recursos «única y exclusivamente» para los fines previstos: creación de Centros de Ayuda a la Mujer.
Tiempo después, seis organizaciones civiles –Salud Integral para la Mujer, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia- se dieron a la tarea de seguirle la pista a ese dinero.
Realizaron una auditoria ciudadana cuyos resultados motivaron un escándalo conocido como Providagate. La organización civil que se opone al aborto, incluso el legal, que se opone al condón y que enarbola la abstinencia como herramienta para el combate del VIH/SIDA, utilizó parte del dinero público en la compra de tangas, plumas de lujo, ropa de caballero en tiendas de prestigio, y benefició a por lo menos tres empresas privadas cuyos teléfonos, dirección o personal coinciden con los de la propia organización Provida.
Como tenaces hormigas, las organizaciones ciudadanas documentaron numerosas irregularidades que apuntaban a un delito de fraude Entregaron sus resultados a las dependencias correspondientes y demandaron penalmente a Serrano Limón.
En septiembre de 2004 el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud señaló que había «irregularidades en la evaluación del proyecto, autorización, comprobación supervisión y desviación de recursos, así como la adquisición de material y equipo cuya existencia no pudo comprobarse en los Centros de Ayuda a la Mujer, lo que ocasionó un daño al erario».
Luego pareció que no pasaba casi nada. Nada que no fueran las declaraciones de Serrano Limón en el sentido de que se trataba de «un error» administrativo, o de una campaña de «linchamiento, o producto de «intereses económicos y políticos de quienes se benefician con el aborto».
Nada que no fuera la insistencia de Malú Micher en el sentido de que esos «errores administrativos» constituían un delito. Nada que no fuera la presión de decenas de organizaciones civiles exigiendo justicia.
En abril de este año, la Secretaría de la Función Pública determinó que Serrano Limón era responsable del manejo irregular de recursos federales y, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, le fijó una sanción de 13 millones 327 mil 377 pesos, lo inhabilitó para ejercer algún cargo público en los próximos 15 años y lo imposibilitó para recibir recursos económicos federales.
Serrano Limón presentó una inconformidad legal por esta decisión argumentando que no podía ser sancionado dado que no era un funcionario público. Finalmente el asunto llegó hasta la Suprema Corte quien tomó una decisión histórica el miércoles pasado.
Las y los ministros determinaron que «todas las personas que tengan una comisión, en la que esté involucrado dinero que provenga del erario público, están sujetas a la aplicación de la Ley de Responsabilidades».
Y con esta decisión, Serrano Limón se convierte en la primera persona que, sin ser funcionario público, recibirá este tipo de castigo.
El titánico trabajo que realizaron las organizaciones ciudadanas y el trabajo comprometido de legisladoras, rindió a fin de cuentas y para beneficio de nuestro país, frutos que tendrán consecuencias en lo inmediato y en el largo plazo.
Sí, a veces la palabra «justicia» en México se oye bien.
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*Periodista mexicana
06/CL/LR
