Han pasado más de cinco meses desde que se llevaron a cabo los operativos del 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, y las 47 mujeres de las cuales 26 fueron víctimas de abuso sexual y violación, junto con siete más que permanecen detenidas en el Penal de Santiaguito, siguen esperando se les haga justicia.
Tal parece que el informe y las recomendaciones hechas la semana pasada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las autoridades implicadas, no sólo no serán atendidas, sino que resultaron «incómodas».
Ante el informe presentado por la CNDH, las partes involucradas trataron de justificar sus actos, con el argumento de que actuaron conforme a la ley.
El Instituto Nacional de Migración (INM), no sólo rechazó haber violado los derechos de cinco extranjeros que se encontraban el 4 de mayo en San salvador Atenco -cuatro mujeres y un hombre- los cuales fueron expulsados inmediatamente del país; sino que también descalificó las recomendaciones hechas por la Comisión.
Según el INM, el procedimiento que se siguió para la expulsión de la alemana Samantha Ariane Marei; las españolas María Sostres Tarrida y Cristina Vall Fernández; y los chilenos Valentina Larissa Palma Novoa y Mario Alberto Aguirre Tomic, ocurrió conforme a derecho.
Los ciudadanos extranjeros violaron la Ley General de Población, porque realizaban actividades distintas a las declaradas ante la autoridad migratoria cuando ingresaron al país, sostiene el INM.
Cabe señalar que tres de las mujeres expulsadas del país –la chilena, la alemana y una española–, denunciaron que fueron violadas sexualmente durante el operativo, mientras que la segunda española señalo haber sido abusada sexualmente.
En este contexto, el diputado Germán Rufino Contreras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso la semana pasada al Congreso local la creación de una comisión especial para atender el caso Atenco, sin que todavía se tenga respuesta de sus compañeras y compañeros congresistas.
NO SE PUEDE SER JUEZ Y PARTE
Ante las recomendaciones que se encuentran en el informe de la CNDH, también reaccionaron las y los familiares de las víctimas del operativo policiaco, así como representantes de las organizaciones civiles, quienes las rechazaron, ya que se dijeron insatisfechos.
Aclararon que durante dicho operativo, 45 mujeres sufrieron vejaciones, tortura sexual y violación a manos de los diversos cuerpos policíacos, y la CNDH sólo da cuenta de 26 mujeres violadas.
Esto porque el organismo sólo tomó ese número como muestra aleatoria y representativa de los casos de violación y tortura sexual, ocurridos durante las cuatro horas que tardó el traslado de las detenidas al penal.
La recomendación de la CNDH sólo pide a las autoridades que realicen u ordenen las investigaciones, pero no se dice nada sobre su responsabilidad como autores intelectuales del operativo, argumentan los inconformes
En voz de Ofelia Medina y a nombre del Colectivo Mujeres sin Miedo –asociación constituida a raíz de los hechos violentos en San Salvador Atenco– dijeron «vemos profundamente violada la credibilidad en esta recomendación, ya que se está haciendo juez y parte al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a quien la CNDH exhorta investigar los actos violentos, cuando, él mismo se reconoció como autor del operativo».
Dónde está entonces la justicia, preguntó, si quienes ordenaron el operativo en Atenco, son los mismos que ahora se encargarán de investigar los hechos.
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