A pesar de haber firmado todos los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres, de destinar importantes recursos para la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de contar ya con varios referentes sobre la situación de violencia que viven las mujeres mexicanas, el presidente Vicente Fox ha sido incapaz de construir políticas públicas en materia de educación, economía, procuración de justicia y salud para las mujeres, aseguró la investigadora Irma Saucedo.
Al participar en la onceava Mesa de Medios y Género, que organizan de manera conjunta Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en donde se hizo un balance de las acciones durante el gobierno del presidente Vicente Fox en materia de violencia contra las mujeres, aseguró que la ausencia de políticas públicas se traduce en un retraso de seis años en el objetivo de alcanzar una sociedad próspera, justa y con equidad.
La investigadora y especialista en temas de violencia femenina consideró que el presidente Fox ha utilizado al Inmujeres como un espacio de validación política, ante la ausencia de programas con perspectiva de género que verdaderamente impacten en este sector.
Dijo que los informes y datos que presenta el gobierno sobre violencia de género, nos remiten a un país que no es México, porque no ha habido en el gabinete la preocupación de hacer transversal la atención de ésta.
Reveló que aún cuando un 15 por ciento de las mujeres padece violencia, ésta no es considerada un problema de salud pública, lo que obstaculiza la aplicación de políticas públicas.
El presidente, subrayó la investigadora, olvidó que la prevención de la violencia requiere de planes integrales y de una reforma al sistema de procuración de justicia, que garantice la protección de las víctimas y la reparación del daño.
En tanto, Elba Gloria García, de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, sentenció que el gobierno de Vicente Fox deja un saldo negro, en donde el tema de Ciudad Juárez se presenta como un caso emblemático del ejercicio de la impunidad.
Mencionó que a pesar de haber firmado y ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos de la mujer, es prácticamente nula su implementación, ya que las mujeres siguen sufriendo discriminación y violencia.
García Sierra resaltó que el feminicidio es un problema nacional que no ha sido documentado fehacientemente, que tiene qué ver con la salud pública y la necesaria reconstrucción del tejido social.
Exige, apuntó, revisar el rumbo que ha tomado la sociedad mexicana, así como los modos de convivencia y el orden legal.
Recordó que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue frenada en el Senado y con ello la responsabilidad del Estado para combatirla.
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