Luego de que la Cámara de Diputados de Chile rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto inducido hasta la 12ª semana de gestación, y posteriormente según causales, impulsada por los diputados Marco Enríquez-Ominami y René Alinco, estos legisladores volverán a presentar otra propuesta en los próximos días para lograr la despenalización del aborto terapéutico, informa la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Rsmlac).
Vamos a volver a fustigar, interpelar a los diputados de la Democracia Cristiana (DC) por censurar al país y por retar a las mujeres de este país, dijo Enríquez-Ominami, en alusión al voto que emitió ese partido en contra de la iniciativa, a pesar de que durante el anterior gobierno de Eduardo Frei había tenido una posición favorable al aborto terapéutico.
Aunque el aborto inducido es la principal causa de muerte materna en Chile, la mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados, de diversas tendencias políticas, incluso aquellas que se dicen progresistas y laicas, mostró con su voto en contra la intolerancia y fundamentalismo que atenta contra la vida y salud de las mujeres, y las desconoce en su calidad de sujetas de derechos, con libertad y autonomía sobre su vida sexual y reproductiva, opinaron los impulsores de la iniciativa.
La votación -sentenciaron- constituye un acto contrario al espíritu de los instrumentos jurídicos internacionales que protegen la vida y la salud de las mujeres, que el mismo Estado chileno ha ratificado, dice Rsmlac.
En Chile las leyes punitivas, el maltrato que reciben las mujeres con complicaciones post aborto, las delaciones por parte del mismo personal de salud y su posterior encarcelamiento, no han logrado disuadir a las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado o inoportuno. Por el contrario, se estima que uno de cada tres embarazos termina en aborto, con un total aproximado de 160 mil abortos inducidos cada año, cifra que incluso puede ser mayor.
Abortan mujeres pobres y acomodadas, adultas y adolescentes, mujeres con estudios y con escasa escolaridad, mujeres que profesan una religión y no creyentes. Pero son las más pobres las que arriesgan sus vidas en procedimientos insalubres y peligrosos, y pueden ser encarceladas. El aborto de las mujeres con mayores recursos, en cambio, no es objeto de juicio o condena pública.
Más del 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el aborto se permite sin restricción por razones socioeconómicas, para salvar la vida y salud de la mujer, por violación e incesto, o cuando el feto tiene anomalías gravísimas incompatibles con la vida, recuerda Rsmlac.
Escasos países lo consideran ilegal bajo cualquier circunstancia. Chile es uno de ellos. Sin embargo, los países que han legalizado el aborto inducido y al mismo tiempo ofrecen educación sexual y servicios accesibles de regulación de la fecundidad, apropiados culturalmente, asequibles y entregados en un contexto de respeto y confidencialidad, muestran un descenso significativo en el número de abortos.
Los intentos por modificar la ley, a través de las iniciativas de los diputados Alinco y Enríquez-Ominami, por lo tanto, constituye un intento por abordar y ofrecer respuestas frente a este grave problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, considera Rsmlac.
La nueva iniciativa es una oportunidad para que, por lo menos, se vuelva al mismo estado en que se encontraba la legislación durante el gobierno de Frei, cuando el aborto terapéutico era permitido, ya que a las y los legisladores de la DC se les olvidó que la mayoría de las mujeres quiere debatir esto, concluyen los diputados.
06/GG/CV
