Tuvieron que pasar nueve años para que el gobierno del estado de Chiapas, ante la reiterada demanda pública de diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, creara una instancia exclusiva para investigar a fondo la matanza ocurrida en Acteal, donde murieron 45 indígenas tzotziles, 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños, casi todos simpatizantes del Ejército Zapatista de Libración Nacional, mientras rezaban en una ermita.
El fiscal general del Estado, Mariano Herrán Salvatti, anunció la creación de la Fiscalía Especializada para Investigar el caso Acteal, en respuesta a la solicitud formulada por el gobernador Juan Sabines Guerrero, realizada el 22 de diciembre, que atiende la demanda civil para indagar a todos los involucrados en la masacre, no sólo en las autorías materiales, sino en la probable autoría intelectual o en los delitos de omisión.
De acuerdo con sendos comunicados, emitidos por la Fiscalía General de Chiapas y por el Gobierno del estado, el propósito de la Fiscalía especial es «que continúe las investigaciones y evite la impunidad de los involucrados en este caso», ocurrido en la comunidad tzotzil del municipio de Chenalhó.
La matanza, perpetrada con armas de fuego, armas blancas y con fuego para borrar evidencias, dejó un saldo de 45 indígenas tzotziles asesinados, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pero los responsables intelectuales aún permanecen libres, a pesar de que familiares de los fallecidos han ofrecido pruebas y testimonios de que la matanza fue un acto planeado, perpetrado por uniformados, como ha denunciado en diversas ocasiones, durante casi una década, la organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían las víctimas.
ACTORES MATERIALES, ACTORES INTELECTUALES
En total, la PGR determinó acusar por la masacre ?luego de peritajes y de 328 declaraciones- a 124 personas.
Entre los civiles estaban 83 indígenas civiles. Seis de ellos, luego de ocho años de cárcel, fueron exonerados, uno murió en prisión, 24 condenados a 36 años y tres meses de prisión y el resto espera aún sus sentencias, según datos del abogado Alejandro Posadas.
También fueron procesados 15 servidores públicos y condenados a ocho años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones por omisión, ya que no cumplieron con su deber de salvaguardar la integridad de los indígenas el día de los hechos. Entre ellos, se procesó a Julio César Santiago Díaz, entonces jefe de asesores de la coordinación general de la Policía Estatal, y a los policías estatales Roberto Martín Méndez Gómez y Roberto García Rivas.
También fueron acusados penalmente y condenados a prisión 11 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes habrían permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre.
Jacinto Arias Cruz, ex presidente municipal de Chenalhó, fue la autoridad a quien se impuso una pena mayor: 36 años y tres meses de prisión. Tiene actualmente una sentencia confirmada en segunda instancia, por lo que presentó un amparo directo, que está aún por resolverse. La misma condena se aplicó a otras 23 personas.
Durante los años que han pasado desde la masacre, tanto familiares de las víctimas como organizaciones indígenas y ONG han señalado la responsabilidad intelectual de quienes entonces tenían cargos de autoridad en el estado, como el gobernador Julio César Ruiz Ferro; su secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez, y el secretario de Seguridad del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otros funcionarios.
Los abogados Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Posadas Urtusuástegui, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), también están convencidos de que las investigaciones y el proceso penal presenta severas irregularidades, por lo cual anunciaron el pasado 22 de diciembre que asumirán la defensa de 71 personas indígenas y civiles que actualmente se encuentran presas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, ya que «todos son inocentes», chivos expiatorios que sirvieron para ocultar a los actores intelectuales.
LA FISCALÍA
El licenciado Mariano López, Fiscal de Justicia Indígena, estará al frente de la Fiscalía Especializada para la investigación de los hechos ocurridos en Acteal, «debido a su conocimiento histórico de estos hechos y a su amplia experiencia», dijo Herrán Salvatti.
La Fiscalía contará con apoyo de Servicios Periciales y Fiscales del Ministerio Público adscritos, además de que el Teniente Coronel Arturo Salgado, a través de la Coordinación General de Operaciones Especiales, «proporcionará los elementos de investigación policíaca para que se dedique exclusivamente a estas indagatorias y no tengan otras actividades dentro de la estructura orgánica de la Agencia Estatal de Investigación».
La Fiscalía solicitará la colaboración de la PGR para que proporcione una copia o desglose de lo que quede en sus Averiguaciones Previas, las cuales en su mayoría están en reserva.
También solicitarán directamente a los Juzgados los expedientes penales o a través de los defensores que son parte en el proceso y que integran las asociaciones de grupos étnicos, mismos que permitirían el acceso a copias certificadas de lo que hay en esos expedientes y así poder llevar a cabo las investigaciones respectivas.
En los Tribunales Unitarios se han estado resolviendo las apelaciones en contra de las sentencias condenatorias que se han dictado al final de los procesos, dice la Fiscalía estatal. Y en muchos de esos casos se ha ordenado la reposición del procedimiento, por lo que han vuelto a separar los delitos, entre el fuero federal y el común, con lo cual han regresado de nuevo al Fiscal del Ministerio Público del fuero común, es decir a Chiapas.
06/GG
