Pese a la creación de una Fiscalía Especial y de la presunta detención de dos de los cuatro militares responsables de la violación y muerte de una indígena nahuatl de Soledad Atzompa, habitantes de la zona serrana de Zongolica amenazan con movilizaciones masivas para exigir que el delito no quede en la impunidad.
El alcalde de Soledad Atzompa, el perredista Javier Pérez Pascuala, dijo que fue informado personalmente por el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán de la detención en el estado de Puebla de dos de los cuatro presuntos responsables de la muerte de la mujer oriunda de Soledad Atzompa, los otros dos se encuentran prófugos.
Ante la deserción de los militares, el edil de origen indígena lamentó la coparticipación en los hechos del jefe del 26 batallón, Sergio Arturo Aragón, al permitir la fuga de sus elementos.
El Presidente municipal explicó que su comunidad se encuentra atenta y podría darse un estallido social de no aplicarse la justicia y todo el peso de la ley contra los responsables, pues consideran que el homicidio fue minimizado al tratarse de una mujer indígena.
Ante tales circunstancias, y al quedar demostradas las inconsistencias en la integración de la averiguación previa 140/ 2007, iniciada por la Agencia del Ministerio Público Investigador de Delitos Sexuales y Contra la Familia, Fidel Herrera Beltrán ordenó la creación de una Fiscalía Especial para agilizar la investigación sobre la violación y muerte de la mujer de la comunidad de Tetlacinga, que estará a cargo del actual coordinador de agentes del Ministerio Público de la PGJE, Juan Alatriste Gómez.
De acuerdo con visitadores de la CNDH en la averiguación previa, se omitió la probable violación de la víctima, al igual que en el acta de defunción del registro civil y en el certificado de defunción de la Secretaría de Salud expedido por el Hospital Regional de Río Blanco, en donde murió la agraviada.
En los tres documentos sólo se menciona muerte a causa de traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda, sin citar la probable violación.
Por su parte, el director general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Luis Peri Pérez, aseguró que no hubo irregularidades en la necropsia practicada, aunque reconoció que debieron tomarse más muestras del cuerpo de la mujer victimada de presuntos militares.
Desmintió la aseveración de la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández, sobre la falta de capacidad del personal de servicios periciales o negligencia de los mismos.
Detalló que en la segunda necropsia efectuada el pasado viernes se extrajeron del cadáver muestras de cabello y se le realizaron exudados vaginales, cuyos resultados estarán disponibles en 40 ó 50 días.
Por otro lado, el partido Alternativa informó que esta semana la diputada Marina Arvizu solicitará ante la Junta de Coordinación Política la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, propuesta en la que actualmente se está trabajando.
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