En Guerrero las mujeres estamos en la lucha por la tierra, en la lucha para que respeten nuestro cuerpo como mujeres, alto a la violencia, al alcoholismo y a la militarización en las comunidades indígenas y que nos afecta a las mujeres, explica Hermelinda Tiburcio Cayetano, originaria del municipio de Tlacuachixtlahuaca y representante del Movimiento Indígena de Guerrero.
La militarización no se justifica: el país está llenos de pobreza y eso es lo que se tiene que combatir, afirma Hermelinda. Si hay enervantes es porque la pobreza es muy grande. En lugar de que les dé a los militares su gasto, el gobierno debería invertirlo en educación, salud, vivienda y no en militarización, eso no resuelve el problema del país, al contrario, es crear más problemas
En la actualidad, Guerrero está lleno de militares, «según están ahí porque supuestamente los pobladores siembran enervantes, ese es el pretexto».
Las mujeres indígenas creemos que en Guerrero el gobierno dice que ya no hay muchas demandas de violación a los derechos humanos, pero yo digo que más bien la gente ha perdido la confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque sólo hay recomendaciones y no puede hacer otras cosas, sólo recomendaciones. Y si las obedecen que bien y si no, no pasa nada.
Últimamente ha habido agresiones, revela la mujer, pero no hay confianza. En lugar de que te ayuden, le dan más herramientas al ejército para que te persiga.
«Conozco el caso de las tlapanecas que fueron violadas en La Montaña de Guerrero, pero no es sólo ese caso, son varios», recuerda la líder.
En Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacuachixtlahuaca, en la parte Mixteca, también hubo un caso en 1998. Fue perseguido el caso, pero el problema es que los civiles no pueden juzgar militares y los militares tampoco, supuestamente, al civil.
El castigo se da entre militares, entonces la mujer o la gente civil nunca ve realmente el castigo.
El caso de la tlapaneca que violaron sucedió en 2002. Está en papel, pero no ha habido una resolución, sólo recomendaciones de derechos humanos. Pero hasta ahorita no ha habido una resolución definitiva, o sea, está en proceso.
Sobre el caso que hubo en la parte mixteca, fue a la ONU, relata, porque ahí violaron a dos mujeres y mataron a dos indígenas en el mismo lugar. Los cuerpos fueron levantados en Acapulco y se regresaron a la comunidad. Fueron los militares, no hay discusión.
Yo estuve siguiendo el caso de Barrio Nuevo San José hasta el 2002. Y ahí quedó porque fui perseguida por el ejército, por el gobierno. Fue un caso muy difícil.
«Lo defendí, pero es muy difícil porque todas las autoridades están en contra de quien demande. Yo he tenido muy malas experiencias».
Los militares que violaron a las mujeres indígenas de Barrio Nuevo «fueron muchos» había varios campamentos. Hubo tiros, un enfrentamiento entre los militares y la comunidad indígena, recuerda.
Sobre el caso de Zongolica, Hermelinda Tiburcio opina: «que las autoridades se pongan en el lugar de la familia de la víctima, que dejen de ser autoridad y se ponga también como ciudadanos.
CASOS, SEGÚN LA OMCT
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) tiene documentadas varias denuncias sobre varios casos de violación sexual presuntamente cometida por miembros del ejército regular mexicano, cuyos perpetradores y sus responsables jerárquicos no han recibido el juzgamiento y/o el castigo acorde con la ley.
Algunos de los casos sin resolver por orden cronológico son:
El 4 de junio de 1994 varios militares violaron a tres hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González, entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad. Posteriormente, en el mes de julio del mismo año, la Sedena, a través de un boletín, «rechazó enérgicamente las falsas imputaciones».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones sobre sus casos, en su Informe de fondo Nº 53/01, caso 11.565, 4 de abril 2001. Luego de casi 13 años de ocurridos los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las víctimas no han recibido ningún tipo de compensación y la investigación continua bloqueada ante la jurisdicción militar.
El 3 de diciembre de 1997, la señora Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y la señora Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, estado de Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
En 1997, la Limeddh, seccional Oaxaca, recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha. Sin embargo, el caso no prosperó por intimidación de la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos), que advirtió que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrarío irían a la cárcel.
El 21 de abril de 1999, la señora Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y la señora Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, en Tlacoachixtlahuaca, estado de Guerrero, fueron interceptadas y violadas, al parecer por militares, en casas abandonadas del sector.
El 16 de febrero de 2002, la señora Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, estado de Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, la señora Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, estado de Coahuila, en donde violaron a 13 mujeres.
Como en todos los casos denunciados, excepto el de Castaños, la justicia militar será quien juzgue a los soldados inculpados.
07/GG/CV
