En 14 años, Ciudad Juárez se convirtió en el paradigma de la violencia feminicida, la punta del iceberg de un fenómeno que padece toda la República, según lo documentó la Comisión Especial de Feminicidio de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, primera radiografía de violencia feminicida en el país.
Esta investigación, realizada en las 32 entidades federativas, señala que mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas a lo largo y ancho del país en 2004: cada día, 4 niñas y mujeres fueron asesinadas y más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas de 1999 a 2005.
La investigación de la Comisión Especial enlistó los estados de la República, de acuerdo con el número de casos de violencia feminicida que registraron durante 2004.
Del primero al último lugar son: Nayarit. Oaxaca. Estado de México. Guerrero. Quintana Roo. Baja California y Chihuahua. Distrito Federal. Michoacán. Tlaxcala. Durango, Coahuila y Puebla. Morelos. Sinaloa. Sonora. Baja California Sur, Tamaulipas y Colima. Jalisco. Tabasco. Querétaro y Nuevo León. Zacatecas y Chiapas. Campeche y Veracruz. San Luis Potosí. Hidalgo. Aguascalientes y Guanajuato. Yucatán.
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Como el feminicidio se ha extendido hacia todos los estados de la República, además de los identificados en el diagnóstico de la Comisión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero, plantea el establecimiento de una alerta de violencia de género.
Esta alerta se refiere al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad.
Busca «garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos».
Su declaratoria se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado. Implica elaborar reportes especiales sobre la zona e indicadores de violencia contra las mujeres y una partida presupuestaria para enfrentar la contingencia.
La Secretaría de Gobernación será responsable de emitirla y «deberá notificar la declaratoria» al poder ejecutivo de la entidad federativa en donde se presente la alerta.
Inmujeres, a través de su titular, fungirá como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y deberá trabajar en la reglamentación de la Ley. El reglamento está ya en elaboración, dice su titular, Rocío García Gaytán, pero no hay fecha para concluirlo.
PENDIENTES
Este 8 de marzo, la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde llamó a impulsar la concreción de los contenidos que establece el capítulo de transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lagarde, su principal promotora, señaló como prioridad la elaboración de leyes estatales y del Distrito Federal de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia que «deberán, por ley, ser aprobadas a partir del 2 de febrero». De ahí saldrán reformas a los Códigos Penales para incluir delitos y sanciones, y de los Códigos Civiles y sus respectivos Códigos de Procedimientos.
A partir de su publicación, el Ejecutivo deberá vigilar y publicar el reglamento, en un plazo de 90 días, también instalar el Consejo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (60 días) y publicar el reglamento del Consejo (90 días).
También son prioridades la planeación y ejecución presupuestaria para el cumplimiento de la Ley, el Diagnóstico de la Violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos y la información de casos de violencia (plazo de 365 días).
INMUJERES
Pero, reconoció Rocío García Gaytán, las mexicanas tendrán que esperar por lo menos un año para que sean protegidas a través de la nueva Ley, lo cual contradice su capítulo de transitorios, donde se indica que debe estar en un plazo de 90 días.
Dijo que está en proceso la elaboración del reglamento de la legislación, aunque para que entre en vigor en el corto plazo se requerirá de la voluntad política por parte de los gobiernos y los congresos estatales, que realizarían las reformas necesarias.
A partir del 2008 se podría asignar un presupuesto específico para la Ley, señaló la titular de Inmujeres, y entonces la Secretaría de Seguridad Pública podrá elaborar la base de datos sobre violencia en contra de la mujer en México, como lo establece dicha legislación.
Anunció también una reunión con 22 titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres, donde se abordará el aterrizaje de la Ley.
CASTAÑOS Y ATZOMPA, LA OPORTUNIDAD
En tanto, Felipe Calderón, convencido de que el endurecimiento de los castigos es el camino para terminar con los crímenes y delitos, firmó el Día Internacional de la Mujer tres iniciativas para reformar el Código Penal Federal, que proponen incrementar las penas contra secuestro, violencia familiar y secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas.
Hizo también un exhorto a gobernadores y congresos de los estados para que den cumplimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Mientras eso sucede, miembros del Ejército Mexicano, encargado por Felipe Calderón de brindar seguridad a las y los mexicanos en un ambicioso programa de seguridad pública, enfrentan dos procesos penales, acusados de la violación sexual de 13 mujeres en Castaños, Coahuila, y de la violación y homicidio de una mujer de 73 años, en Zongolica, Veracruz, sin que hasta el momento la justicia llegue para ellas.
07/LGL/GG/CV
