Con la pregunta: ¿cuál es el país que espera, sueña y desea?, el Polo Político Feminista de Izquierda irrumpirá en los próximos días en la escena sociopolítica mexicana, en momentos en que la reforma del Estado y de la sociedad son los temas más candentes en este país, luego del proceso electoral de 2006, cuando quedó roto el pacto social y se instauró un gobierno de la República bajo sospecha.
Alrededor del Día Internacional de la Mujer se inició formalmente la creación de esta agrupación, en la que participan mexicanas de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y feministas independientes de todo el país, quienes incidieron en la Convención Nacional Democrática, que los días 24 y 25 de marzo celebrará su segunda reunión.
Este Polo Político Feminista de Izquierda aglutinará a mujeres de práctica feminista y/o social y política, y será el comienzo de la reorganización de todas las mexicanas, atendiendo a una antigua tradición.
Los primeros derechos sociales y políticos de las mexicanas nacieron del primer Congreso Feminista celebrado en 1916; y crecieron y se concretaron en el Frente Pro Derechos de la Mujer de 1936.
Pasaron por formaciones como la Coordinadora Nacional Feminista de 1976; por el Frente por la Liberación y Los derechos de la Mujer de 1978, por un proceso de convenciones y pactos plurales entre mujeres desarrollado en los noventa y que concluyó con la construcción de un Plan de Igualdad en 1997.
Este proceso colocó a la ciudadanía femenina en una sensación de avance que, en realidad, fue una simulación, porque no hubo la voluntad política que revirtiera su condición subordinada y oprimida, afirma en la propuesta política de la Constituyente la doctora Marcela Lagarde, al recordar que una nueva Constitución deberá normar en todos los aspectos de la vida política, pública y privada, las relaciones entre hombres y mujeres.
Entre esa fecha y 2000 se creó y operó con éxito el Parlamento Nacional de Mujeres, en alianza con las políticas profesionales y partidarias. Sin embargo, tras las elecciones de 2006, los pactos plurales, incluyendo a mujeres conservadoras del gobernante Partido Acción Nacional, se hicieron imposibles y llegaron a su límite.
El diagnóstico histórico, de autoría de Josefina Chávez, directora de la revista Cuadernos Feministas, dio pauta para un nuevo proceso, porque las mujeres, organizadas en un espacio denominado Reflexiones Feministas, tuvieron que definir su postura a partir de los hechos que impidieron el ejercicio pleno del voto ciudadano en la elección presidencial.
Eduardo Huchim, ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (la capital del país), dijo a SEMlac que se rompió el Estado de derecho y que las instituciones mostraron su incapacidad, desde hace años, para resolver los problemas sociales más urgentes, como la pobreza, el empleo, la salud y la educación, prefijos de un Estado democrático y de equilibrio social.
Por lo tanto, la actual Constitución Política, el pacto social que asegura el desarrollo de un pueblo, sin conflicto o bajo un control constitucional, se ha roto en México.
Según los expertos del Foro de Davos, la violencia es consecuencia de la desigualdad y en México una de cada tres mujeres ha vivido algún acto de violencia; más de 2 mil son asesinadas en el país cada año; y las oportunidades sociales de educación y salud revelan un atraso doloroso.
Datos oficiales indican que 18 mujeres mueren todos los días por causas asociadas al parto; cuatro millones migran de sus ciudades cada año en busca de alimento, abrigo y salario; el 58.2 por ciento de los hogares demandan dos salarios como mínimo para cubrir las necesidades más elementales y 21 por ciento son hogares uniparentales, lo que confirma el esfuerzo mayúsculo de las mujeres, no reconocido por la Constitución vigente.
Un diagnóstico de María de la Paz López, asesora del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), al referirse al índice de género en México, señala que la violencia impide el desarrollo pleno de las mujeres y que su aislamiento en la vida política es un resultado de su subordinación, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo económico.
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Desde la perspectiva de las mujeres, la nueva Constitución tendría que reconocer a más de la mitad de la población como sujetos de derechos y obligaciones y no como subsidiarias, así como cambiar las reglas del juego en materia laboral, de participación política, de seguridad social y de protección de la vida y libertad de las mexicanas.
Deberá reconocer que la declaratoria de igualdad jurídica es insuficiente, sin un cambio en la direccionalidad del Estado, en sus principios fundamentales y en su orientación ideológica, afirma el llamamiento dado a conocer por la diputada Rosario Ortiz, al citar a la primera gran sesión de la Constituyente Feminista.
Los trabajos organizativos en todo el país comenzaron el 2 de julio de 2006, luego de lo que se ha considerado un fraude electoral y la creación de una Convención Nacional Democrática, en la cual mujeres de las más diversas organizaciones y de la sociedad participaron activamente y propusieron una agenda desde la perspectiva de género.
La Constituyente Feminista será un espacio de discusión en un proceso de largo aliento, para conseguir la transformación de las reglas y normativas vigentes en el país para acceder a un nuevo Estado Democrático.
El esfuerzo, encabezado por Ortiz, ha tenido eco en al menos 10 entidades de la República y se han sumado mujeres muy diversas que reconocen que la actual constitucionalidad no refleja los anhelos de la mitad de la población.
Dafne Cuevas y Marusia López, ambas comisionadas por el Espacio Feminista, desde donde se construye el Polo Político Feminista de Izquierda, explicaron a SEMlac que se trata de iniciar en este mes, simbólicamente, un proceso definido de cambios de fondo en la gobernabilidad y la vida democrática en México, que incluya la perspectiva feminista.
López señaló que, hasta ahora, las normativas emanadas de las conferencias internacionales promovidas por Naciones Unidas en la década de los noventa se han convertido en políticas públicas, leyes y declaraciones inconexas, sin presupuestos, sin voluntad política y sin efectos e incidencia real en la vida cotidiana de las mujeres.
Por su parte, Cuevas, experimentada en el diálogo político, afirmó que esas legislaciones, algunas tan importantes como la Ley General de Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, se convierten en letra muerta cuando en el país no hay garantías para la democracia y es frágil la gobernabilidad.
A su vez, el politólogo Porfirio Muñoz Ledo, cabeza de la Reforma del Estado del Frente Amplio Progresista a partir del 28 de enero, nacido de la coalición de partidos políticos que pretendía llevar a la Presidencia a Andrés López Obrador, señaló que la Constitución vigente no refleja ni los cambios en la sociedad ni el cúmulo de diagnósticos de las conferencias internacionales.
Explicó que, en una primera etapa de discusión, donde se ha incluido una comisión feminista, se harán propuestas en seis grandes temas para la transformación del Estado: régimen institucional y política nacional; reforma electoral; federalismo y nuevo poder judicial; reforma de hacienda y garantías sociales.
En una segunda etapa, o paralelamente, el Frente Amplio Progresista irá a la reforma Constitucional que emanará de un nuevo pacto social. El proceso será largo, según la legisladora Silvia Oliva, presidenta de la comisión de Reforma del Estado en la Cámara de Diputados, quién refirió a SEMlac que también se dará un nuevo pacto en la vida cotidiana entre hombres y mujeres.
Urge, por ejemplo, una normativa realista sobre la vida de las familias, la institución matrimonial, los derechos laborales y las leyes de prevención de la violencia. También es importante la perspectiva feminista en la reforma al poder judicial, hoy en manos del ejército, dijo.
07/SL/GG/CV
