La disyuntiva de «vaso medio lleno o medio vacío» volvió a plantearse respecto de los resultados de la reunión que mantuviera el 13 de marzo con el presidente Tabaré Vázquez una delegación de la Comisión de Seguimiento-Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, instancia de coordinación en la que coinciden organizaciones de mujeres y sociales de todo el país.
El primer mandatario estuvo de acuerdo con la mayoría de los puntos de la agenda planteada, que referían a la necesidad de profundizar la equidad de género en el país. Incluso se manifestó a favor de promover con más fuerza los derechos sexuales y reproductivos, pero ratificó su voluntad de obstaculizar la legalización del aborto vetando cualquier decisión parlamentaria en tal sentido, con lo cual también impediría que se pronunciara la ciudadanía en ejercicio de la democracia directa.
La agenda que pautó la reunión de una delegación de la Comisión
Nacional de Seguimiento-Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS) con el presidente Tabaré Vázquez constaba de cuatro puntos: avances y desafíos en el proceso de la igualdad de género; medidas de equidad que se deberían abordar para alcanzar la igualdad; cómo garantizar una participación efectiva en el relacionamiento con la sociedad civil, y condiciones para garantizar libertad en la toma de decisiones en el terreno de la sexualidad y la reproducción.
Acudieron a la casa presidencial de Suárez y Reyes cuatro integrantes de la coordinación de la CNS: Lilián Abracinscas (Mujer y Salud en Uruguay), Clara Fassler (Red Género y Familia), Leonor Rodríguez (Canarias en Movimiento) y
Alba Aguilar (Red de Mujeres de Soriano).
Los resultados del diálogo que, a juicio de las nombradas, fue afable, respetuoso y de alto nivel político, colmaron algunas de las Expectativas. Abracinscas afirmó que «de cuatro puntos hubo acuerdo en tres y medio». El optimismo puede variar según el valor relativo que se le adjudique a ese medio punto…
VOLUNTAD POLÍTICA
Efectivamente, Tabaré Vázquez dio señales de voluntad política respecto de los tres primeros puntos de la agenda. Asumió considerar, en el marco de la reforma del Estado en trámite, la jerarquización a nivel ministerial del Instituto Nacional de las Mujeres.
También solicitó a sus interlocutoras propuestas para profundizar y afianzar la tranversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, las que le fueron acercadas a tiempo para que el primer mandatario las socializara con su gabinete en la reunión del sábado 16.
Respecto de participación, Vazquez escuchó cuestionamientos: se promueve en el discurso, pero las reglas para hacerla efectiva están muy poco claras.
Fundamentalmente, se le señaló que esa participación no debe agotarse en la implementación de las políticas: a lo que aspiran las mujeres organizadas es a ser consideradas en el momento en que se deciden. Su respuesta apuntó a la apertura de un debate, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y mediante la realización de cursos y seminarios, durante el segundo semestre de este año.
SORDERA IRREVERSIBLE
El cuarto punto de la agenda fue resuelto a medias. Con los reclamos de mayor fuerza en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos (las campañas contra el tabaco y ahora contra el dengue demuestran que cuando se quiere se puede ser enfático desde el gobierno); la urgente realización de la educación sexual; detener la feminización de la pandemia del VIH/Sida; lucha contra la violencia doméstica y sexual; respeto a la diversidad sexual; generalización de la anticoncepción; operación de servicios para jóvenes y adolescentes; medidas que promuevan la paternidad responsable, el presidente se manifestó totalmente de acuerdo, incluso con impulsar legislación si fuera necesario.
Sordera aparentemente irreversible mostró en cambio respecto de la legalización del aborto. Si bien la delegación no tenía la intención de convencer al presidente, no se privó de recordarle que su anuncio de vetar cualquier decisión legislativa en tal sentido constituye un serio obstáculo para resolver un grave atentado contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
No obstante, Vazquez confirmó su voluntad -que funda en razones personales, de conciencia- sin margen para interpretación alguna, a juicio de las delegadas que se reunieron con él.
Cuando insinuó que para cambiar las cosas tendrían que esperar 3 años más, en alusión a la finalización de su mandato, y se le señaló que como se está hablando de reelección no serían 3 sino 8, el mandatario no hizo comentarios.
Ante tal situación, las mujeres organizadas están pensando en reencauzar sus energías hacia la búsqueda de alternativas que permitan a la ciudadanía expresarse, y en tal sentido ya han resuelto acudir a expertos en derecho constitucional.
¿LA GENTE ESTÁ PINTADA?
Mientras, vuelve a ponerse en evidencia el divorcio entre la democracia representativa y la voluntad de los gobernados. Las últimas consultas de opinión pública arrojan hasta un 65 por ciento de voluntad de cambio en la sociedad, cada vez más conciente de que con la arcaica ley vigente desde hace 70 años no sólo se han perdido muchas vidas de mujeres que abortaron en condiciones de riesgo, sino que no se han evitado las interrupciones voluntarias de embarazos: las cifras más conservadoras hablan de 33 mil al año.
La decisión presidencial de ejercer el veto ha impactado negativamente en la representación parlamentaria del gobernante Frente Amplio: «causarle un problema al presidente» inhibe aún a quienes ya habían votado a favor de una iniciativa de ley idéntica en este punto a la que ahora está a estudio de la Comisión de Salud del Senado.
Un ejemplo es el senador Alberto Cid, que entrevistado por el periodista Jaime Clara en radio Sarandí el 16 de marzo, ratificó esa argumentación y agregó más: insistir en el debate parlamentario supone un empantanamiento de la gestión legislativa, justo en un año en el que hay que «producir», dijo.
07/IV/GG/CV
