En el momento de mayor confusión jurídica y desmovilización de la protesta social. En plena Semana Santa, Industrial Minera México difundió que un experto recomendó sellar la mina 8 de Pasta de Conchos y dejar ahí sepultados a 63 mineros. Es el clásico sabadazo que tan bien conocen los hombres del poder en este país.
En nueva Rosita, Rosa María Mejía, quien ni un solo día ha dejado su guardia en la boca mina desde la fecha del siniestro, relató que el sábado 30 llegó un grupo de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, ahí, a la mina 8. El día 31 cumplió 38 años la explosión de Barroterán, donde murieron 153 trabajadores y siempre hay misa y conmemoración oficial.
Entre los funcionarios estaba Guadalupe Abunza, cuyo puesto no se conoce. Esta funcionaria le recomendó a Rosy, como le dicen sus íntimas que ya, que se conforme, que se encomiende a dios, que se olvide del cuerpo en otras palabras y que ya, que ya se vaya a casita.
Lo cierto es que en Pasta de Conchos la simulación ha sido una constante. El engaño otra y los gobiernos federal, estatal y municipal, como una buena y gran orquesta, ya decidieron terminar con la «protesta», con la demanda, con la movilización.
Los deudos. Las viudas, los 106 niños huérfanos pasarán a la historia. El gobierno del profesor Humberto Moreira hizo bien su tarea. Durante marzo los inspectores del trabajo y del seguro social, o enviados por el gobierno, lograron que la mayoría de las familias firmaran las actas de defunción. Un requisito indispensable para tramitar pensiones, para definir indemnizaciones, si las hubiera, para dejar libre de responsabilidad a la empresa. Con las actas el asunto es del IMSS y, si se cumple una recomendación que existe, la Secretaría del Trabajo tendrá que pagar daños y perjuicios.
La cosa estaba bien orquestada, desde la Procuraduría del estado se hicieron las órdenes de aprehensión para un grupo de funcionarios de la empresa que, como se sabe, no irán jamás a la cárcel. El expediente que solicitaron los deudos, no se entregó.
El gobierno federal no ha respondido a la demanda de procesar a los exfuncionarios involucrados de la Secretaría del Trabajo, a quienes se les podría conformar algún tipo de responsabilidad penal. También ello libra al gobierno de Fox y además, se deja sin efecto la investigación de cómo Martha de Fox tenía intereses o tiene con Minera México.
Mientras, pasa el tiempo. La Cámara de Diputados, me dijo la diputada Rosario Ortiz, tal vez tendrán una recomendación después de Semana Santa, resultado de la comisión especial para el caso. Se prepara, dicen, una nueva Ley Minera.
Pero la coartada está lista para cerrar la mina. Iniciar los procesos de pensión para las familias, que a 13 meses 7 días, del siniestro, han tenido un largo duelo.
La OIT necesita contar con la ratificación de la denuncia de este crimen industrial, al que los sindicatos se niegan. Usted ya sabe que al minero lo controla quien administra la Secretaría del Trabajo y Napito, pues está prófugo.
Las ganancias están aseguradas en todos los frentes. Ahora se busca gas en la zona carbonífera.
O sea este señor Daniel G. Wooton, contratado por de Industrial Minera México, que dice haber realizado un estudio, advierte que «la recuperación de cuerpos de la Mina Pasta de Conchos se torna sumamente difícil ante el riesgo de encontrar agua contaminada bacteriológicamente con efectos a largo plazo para cientos de personas».
Se avizora el cierre de la mina. Están pendientes los cuerpos. Habrá una desazón tremenda. Las viudas deben sentir ese terrible espasmo. Nuevamente. Como cuando se desaparece un ser amado, pero que no sabes dónde quedó, cómo quedo, qué fue de su último suspiro. Es el cuento de siempre. La impunidad.
07/SL/GG
