El pasado 26 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Dicho decreto corresponde a una Minuta enviada por el Senado en febrero de 2006 para su revisión.
Fue uno de los temas trascendentales que no pudieron ser abordados por la Cámara, porque el 28 de abril de 2006 a las 14:00 horas la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura acordó clausurar no sólo el periodo ordinario, sino toda la Legislatura.
La LX Legislatura tuvo a bien retomar la materia y darle el curso de procedimiento legislativo indispensable hacia su promulgación. Es de esperarse un periodo extraordinario antes de septiembre para que el Senado acepte la revisión de su colegisladora y proceda a enviarla al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y mencionó que es de esperarse su aprobación, porque estoy convencida de que la ley es indispensable aún cuando en la revisión la Cámara modificó algunos preceptos interesantes de la Minuta original. En una somera revisión, encontró mejoras importantes como incluir que estos delitos se persigan de oficio o ampliar el concepto jurídico de la reparación del daño o que quienes son víctimas se queden en el país mientras dura el proceso judicial.
Es notoria la supresión de algunos artículos cuyos temas corresponden a otros ordenamientos. Igual es importante el señalamiento de tomar en consideración la perspectiva de género y el interés superior de la infancia.
Aunque hubiese sido importante que en esta revisión exhaustiva emprendida se hubiese incluido un articulado que defina en qué consiste cada uno de estos conceptos para efectos de la ley, de tal forma que no quede duda a qué se refieren estos preceptos novedosos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, específicamente los que se refieren a los derechos de las mujeres y de la niñez.
Me llama la atención que no se tome en consideración con mayor vehemencia la participación de la sociedad civil que trabaja a favor de personas que son tratadas y sobreviven diversas formas de trata y de servidumbre humanas.
Igualmente era necesario definir en transitorios los tiempos para la elaboración de los reglamentos respectivos, especialmente el que refiere al funcionamiento de la Comisión Intersecretarial y los mecanismos de participación de las personalidades de la academia y de las organizaciones no gubernamentales.
Esto con el fin de que no queden como «invitados de piedra» y al margen de las directrices que se deberán tomar desde al ámbito gubernamental en relación a la investigación científica y las experiencias de las organizaciones civiles que día a día hacen enormes proezas para proteger a miles de personas de todas las edades, mexicanas y extranjeras, en las que sobresalen mayoritariamente mujeres, de las distintas formas y tipos de trata.
Esta futura ley tiene que tomar en consideración otras leyes, como lo señala la propia exposición de motivos. Sin embargo lamentable que no tome en consideración una ley estructural como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, que hubiese sido importante su deferencia, como sí lo hace con las reformas recién aprobadas al Título Octavo del Código Penal Federal en materia de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad de personas menores de 18 años.
La reasignación presupuestal para garantizar la aplicabilidad de estas novedosas y vanguardistas leyes requiere de una gran voluntad política y un compromiso en serio con la nación que no observo en el nuevo gobierno federal, más allá de declaraciones de que serán «implacables» contra estos delincuentes, quienes están coludidos como sabemos, con el poder económico y el poder político.
Ahí está por ejemplo el gobernador precioso de Puebla tan campante en actos con el señor Calderón. Está claro que el peor enemigo de estos nuevos preceptos legales es la impunidad que va de la mano con la demagogia. No hay duda, hay que seguir luchando para que las leyes dejen de ser letra muerta.
07/AP/GG/CV
