Crisol del Ejército mexicano en la época de la independencia, Nocupétaro, Michoacán, es hoy un municipio marginado donde sus casi ocho mil habitantes tienen miedo de hablar y salir a la calle luego de la incursión de los soldados mexicanos que dejó como saldo por lo menos una violación y abusos sexuales a tres menores de edad
El 2 de mayo, cuenta gente del pueblo y los medios de comunicación, llegó el Ejército, sin orden ni honor a saquear las casas y a llevarse a gente de la localidad, entre ellas a cinco mujeres en un helicóptero.
Las cuatro jóvenes, demasiado vulnerables y asustadas como para enfrentar ahora a los medios de comunicación que las rondan, eran trabajadoras de un restaurante, o bar, La Estrellita, en la cabecera municipal, Nocupétaro. También iba la dueña del negocio, Carmela Gamiño, todavía en prisión.
Hijas de la marginación, casi todas bajaron de las comunidades aledañas donde no hay oportunidad para nadie, menos para las mujeres. Dos de estas adolescentes son madres ya y tienen miedo de que «alguien» las mate o la comunidad las repudie, dice a Cimacnoticias una mujer prominente de este lugar, que también tiene miedo a mostrarse.
El pueblo de donde en 1810 salió el procer José María Morelos en la guerra de independencia, «Cuna del Ejército Mexicano», como reza a la entrada de la carretera un letrero de bienvenida, es hoy un lugar hosco y atemorizado.
La entrevistada anónima resume la historia: se fueron los hombres, migraron. Las mujeres quedaron solas, como se percibe hasta hoy.
Es Tierra Caliente por su ubicación geográfica –lindando con la frontera del estado de Guerrero–, su clima y por la llegada un día de narcotraficantes, hombres con armas y dinero. La entrevistada dice a Cimacnoticias que estos hombres ?públicamente conocidos como Zetas? «no se metieron con nadie».
Pero? con tanto miedo, qué se puede decir.
IMPUNIDAD MILITAR
Y luego, llega a Nocupétaro el Ejército mexicano ?con entre 21 y 25 mil efectivos fuera de sus cuarteles en ocho estados de la República– al que el presidente mexicano Felipe Calderón ha dado todo su apoyo para actuar en una guerra declarada por él mismo como consigna a diario la prensa mexicana.
Esa misma institución que en 1994 cobijó la violación a tres hermanas tzeltales en un cuartel en Chiapas, a dos indígenas tlapanecas en 2003, como ya consignó desde la Procuraduría Militar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También están las denuncias de las 13 mujeres en Castaños, Coahuila. Y el caso de la indígena nahua Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, Veracruz.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca ha respondido públicamente por los ataques sexuales contra la población civil a favor de las agredidas. Su patrón es prometer investigaciones, al tiempo que genera información que las culpabiliza por ser guerrilleras, narcotraficantes o prostitutas.
EN EL FONDO
Las cuatro menores de edad fueron capturadas a las ocho de la mañana en el restaurante donde trabajaban acusadas de proteger a los Zetas por efectivos del Ejército, como consignan aún las versiones filtradas por la inteligencia militar a los medios.
De lo que estas adolescentes ya no quieren hablar es de cómo fueron llevadas a un helicóptero, de la intimidación que vivieron, de la tortura sexual que con otras palabras acusó, un día después de los hechos, la presidencia municipal de Nocupétaro ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La comunidad, que hoy no quiere tener nombre, es la que repite la historia: en el helicóptero las amenazaron con echarlas al mar, a los tiburones. A todas las golpearon. Las «durmieron» con alguna sustancia y no saben cuanto tiempo pasó. Tres días, de acuerdo con la CNDH.
Una de ellas habría dicho que las golpearon con los puños cerrados, que ya en el cuartel (Zona 21 Militar) un hombre y una mujer le pidieron se desvistiera y la miraron sin examinarla.
Su denuncia está hecha en la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo a las versiones de la CNDH donde refieren las investigaciones sobre por lo menos una violación y cómo las amenazaron con tomar represalias con sus familiares si se quejaban.
De acuerdo a la legislación nacional, la violación es un delito del fuero común, por lo que toca a la justicia civil hacer la investigación aún si los violadores portan uniforme militar.
Sin embargo, mientras las declaraciones presidenciales se convierten en carta blanca para las acciones ?legales o delictivas? de los soldados mexicanos, del otro lado, las jóvenes y la comunidad hoy se sienten solas y todavía más abandonadas por el Estado mexicano.
07/MR/CV
