No quiero que se repita la misma historia que vivimos en 1998, dice Leonor Peralta Castellanos, sentada bajo la sombra de las jacarandas en el atrio de Santo Domingo de Guzmán. Con una niña recién nacida en brazos, Leonor teme por Juan Sosa, su compañero y luchador social de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas, y por todos los integrantes de su familia.
El recuerdo de 1998, cuando llegó la represión a la zona de Loxicha, en la sierra sur oaxaqueña, se agolpa en su memoria y le agita el corazón, se siente insegura. En aquel año Juan fue detenido, desaparecido, torturado y preso hasta 2001, por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero como no se le comprobó nada fue puesto en libertad.
Ahora la inseguridad ha vuelto a sus vidas, luego de una publicación noticiosa del pasado 15 de junio, donde citan un «informe de inteligencia del gobierno federal» que señala a Juan Sosa Maldonado como uno de los miembros del ala radical del EPR.
Además de haber sido «detectado azuzando a los integrantes del movimiento y entregando cohetones en señal de aviso o para repeler a las fuerzas de seguridad», dice la información que se publicó en Oaxaca y que fue tomada del diario Excélsior.
Por eso, Leonor Peralta Castellanos responsabilizó a las autoridades estatales y federales de lo que pudiera pasar a su compañero y padre de sus tres hijos e hijas, además de ser «defensor incansable de los presos de Loxicha a quien ha entregado su causa porque sabe que hay injusticia en ello».
Por otra parte, la abogada de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Yéssica Sánchez Maya, dijo en conferencia de prensa que no es casual que al mismo tiempo hayan aparecido dos publicaciones semejantes, una acusando a Juan Sosa Maldonado de ser miembro activo del EPR y otra donde se señala al académico Víctor Raúl Martínez Vásquez ?quien se está postulando como candidato a la alcaldía de la capital oaxaqueña- como uno de los ideólogos del mismo grupo armado.
Se trata ?dice la activista- de descalificar o invalidar, vinculando a estas personas con grupos armados como una política de difamación de parte del Estado y nos preocupa en materia de derechos humanos, porque sí se puede presumir una detención arbitraria ilegal o un asesinato, por eso nos preocupan estas notas, porque es evidente una política desde los medios para atacar o iniciar una cacería de brujas en Oaxaca.
LA MISMA HISTORIA
Juan Sosa Maldonado aseguró que la actual situación tiene que ver con la impunidad en la que permanecen quienes han castigado a los habitantes de Loxicha, «si la fiscalía especial creada por (Vicente) Fox hubiera castigado a Diódoro Carrasco Altamirano habríamos superado esta situación, pero estos viejos actores vuelven al escenario (político) y nosotros seguiremos siendo una piedra en el zapato para sus intereses políticos o económicos».
Sosa Maldonado hace otra vez el recuento de la historia de los pueblos Loxicha desde 1998, cuando fueron alcanzados por una política de Estado que cambió muchas vidas y donde gobernadores, presidentes y secretarios de Gobernación pasarán a la historia por incapaces de resolver un grave conflicto que cumple ya 11 años con claras violaciones a los derechos humanos, más de 90 ejecuciones extrajudiciales, cientos de familias desplazadas y donde se ha roto un contexto comunitario donde los usos y costumbres quedaron claramente desplazados por la bota militar.
En todo ello, apunta el integrante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas, sigue vigente la responsabilidad del Estado, de ahí que seguiré exigiendo que se finquen responsabilidades y sobre todo la libertad de los 12 detenidos del fuero federal y 12 del fuero común que permanecen encarcelados por su presunta vinculación con el EPR.
Pareciera entonces que lo que pasa ahora «va encaminado a cumplir las amenazas de cuando nos desaparecieron y dejaron en la cárcel. Ahí nos dijeron que si denunciamos volverían por nosotros», dice Juan en plural para referirse a él y otras personas que detuvieron y a quienes acusaron en 1998.
Los ojos de Juan Sosa tienen un dejo de tristeza. Entonces recuerda a Marcelino Santiago Pacheco que estuvo desparecido nueve meses en 1998 y de nueva cuenta no aparece desde 2003 a la fecha. «Esa experiencia pone de relieve que el Estado sigue operando, que hay guardias blancas, los grupos paramilitares siguen en acción, creo que lo sucedido el año pasado (con la APPO) es la continuidad de la guerra sucia que se dio en los Loxichas en 1996 y que sigue vigente en nuestros días».
ASUNTO TENDENCIOSO
Por otra parte, el abogado Israel Ochoa Lara, quien ha llevado la defensa de los presos Loxicha, expresó que el caso de Juan es un asunto tendencioso, porque él participa públicamente en la actividad política-social, sin esconderse de nada.
El hecho de que haya estado en una barricada o que dio cohetes, no quiere decir que sea del EPR, mucha gente participó y no por eso están vinculadas a grupos armados, dice el abogado de las y los indígenas de Loxicha, quien concluye que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional e inteligencia militar federal «saben quienes sí y quiénes no participan en el EPR o en otros grupos armados. Entonces, hacer ese tipo de señalamientos tiene una intención perversa para descalificar ante la opinión pública a quien participa en el movimiento social de manera pacífica y pública».
07/SJE/GG/CV
