Seis años de recomendaciones internacionales y nacionales de los principales organismos de defensa de derechos humanos no han valido para lograr que los militares que violan los derechos humanos, incluidos los casos de violación sexual contra mujeres, sean juzgados por la vía civil.
Quizá sea la excepción el caso de Castaños, Coahuila, donde el 11 de julio del año pasado 14 mujeres fueron violadas por militares, siete de los cuales se encuentran presos y el juez segundo de primera instancia en materia penal que tiene el caso está ante la disyuntiva de consignarlos por la vía civil.
En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la primera recomendación al Estado mexicano sobre el caso, ocurrido en 1994 y presentado en 1996, de violación sexual a tres hermanas tzeltales por militares, en Chiapas.
La CIDH reconoció que la violación sufrida por estas mujeres constituía tortura, por lo que no había justificación para que el caso fuera investigado por tribunales militares, pues éstos carecían «por definición» de independencia y autonomía necesaria para investigar imparcialmente las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por sus elementos.
En reiteradas ocasiones, ONU, Corte Interamericana y CIDH han criticado la ausencia de procesos ante los tribunales militares de miembros del Ejército implicados en violaciones de derechos humanos, refiere el informe especial sobre «Mujeres indígenas e injusticia militar» de 2004, de Amnistía Internacional (AI).
JURISDICCIÓN MILITAR, A REVISIÓN
Ante este panorama y ante las violaciones sexuales de militares a mujeres en Coahuila, Veracruz y Michoacán en el último año, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(Cejil), con estatus consultivo ante la OEA, elaborará una propuesta sobre la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos en México.
Representantes de Cejil, que actualmente litiga varios casos de violación a derechos humanos ante la CIDH, realizarán una gira por nuestro país del 25 al 29 de junio. Visitarán el estado de Guerrero, entidad que junto con Chiapas se ha convertido en emblemática por las violaciones sexuales de militares contra mujeres de comunidades indígenas.
TLAPANECAS EN LA CIDH
Tras agotar las instancias de justicia nacionales, el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres en Guerrero, violadas por soldados en 2002, fue presentando a la CIDH en noviembre de 2003 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (CDHT) y la Organización de Pueblos Tlapanecos.
Tres años después, en noviembre de 2006, la CIDH les notificó que admitía el caso, señaló Matilde Pérez Romero, asesora jurídica del Centro del CDHT: «Han sido varios años de estar insistiendo con los casos, las victimas están cansadas».
La CIDH sólo tiene periodos de sesiones en abril y octubre y noviembre de cada año, «por lo que ha sido complicado por el tiempo que tienen para las audiencias».
Por ahora, dijo Matilde Pérez, solicitarán la audiencia para finales de agosto o septiembre de este año, para que Inés y Valentina se presenten ante el organismo: «Confiamos en que nos la den, si no tendremos que esperar a abril de 2008».
Valentina tuvo que salir de su comunidad. Como resultado de la violación fue infectada con el Virus del Papiloma Humano, por lo que estuvo dos años en tratamiento médico. «Ahora trabaja y a su comunidad sólo va de visita, de alguna manera ha podido sobrellevar la situación», refiere Pérez.
Pero Inés no ha asumido aún lo que sucedió y aunque ha recibido acompañamiento y tratamiento psicológico ha sido más trágico para ella. Permaneció en su comunidad, se volvió aislada, no sale de su casa y le resulta difícil relacionarse con los demás.
«Han comentado que hasta que no vean encerrados a los militares que las violaron no van a estar tranquilas, su corazón no va a estar sano».
JUSTICIA CIVIL, NO MILITAR
AI ha señalado «que estas mujeres han tenido que luchar contra un sistema que ofrece mala asistencia médica y exámenes forenses de mala calidad, que parece reacio a proporcionar ni siquiera las garantías mínimas de un resultado satisfactorio, o es incapaz de proporcionarlas».
Las recomendaciones nacionales ni siquiera son tomadas en serio por el Estado mexicano, en ninguna se exige que sean las instancias civiles las que investiguen estos casos, como las que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Edgar Cortéz, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los derechos para todas y todos, afirma que en el fuero militar no existen zonas grises como lo señaló la CNDH, pues de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos, su competencia no puede extenderse a la investigación y el procesamiento de hechos que constituyen graves violaciones a éstos.
Los tribunales civiles propician la impunidad al no querer asumir estos casos bajo el pretexto de la jurisdicción y competencia y porque «son una papa caliente», por lo que entre más pronto se deshagan de ellos mejor y terminan remitiéndolos a las instancias militares, dijo.
Tanto la CIDH como la Corte Interamericana son sistemas complementarios a los sistemas de justicia de cada país por lo que se recurre a ellos cuando no se logra obtener justicia, destacó.
«Que un caso llegue a cualquiera de las dos instancias evidencia que no hay recursos legales adecuados y suficientes de protección a las víctimas».
Edgar Cortéz destacó que la importancia de que un caso llegue a ambas instancias internacionales radica en que puede sentar jurisprudencia.
Un trabajo importante en todos los casos que sean llevados ante la CIDH supone un acompañamiento a las víctimas, ya que pueden ser sujetas de presiones, como ha ocurrido, para que desistan de sus denuncias.
Mientras, en Coahuila, Veracruz y Michoacán, Chiapas y Guerrero, las mujeres esperan justicia.
07/LG/GG
