En México, cada 15 segundos es agredida una mujer, en la mitad de las familias se registra alguna forma de violencia y en uno de cada tres hogares existe maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual contra las mujeres.
Estudios realizados por organismos nacionales e internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Encuesta Nacional de los Hogares, así lo indican.
La misoginia y la ideología machista, vigentes en el país, son parte de un sistema patriarcal que durante generaciones engendró una violencia «normalizada» contra las mujeres, hasta hacerla parecer como natural, a tal grado que muchas no la identifican como agresión, dice el documento del VII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en el Marco de las Metas del Milenio, publicado por el INEGI.
La mayoría de denuncias provienen de mujeres con algún grado de preparación, pues la violencia en contra del género afecta tanto a profesionistas como a mujeres con bajo nivel educativo; no distingue posición social o económica.
Las mujeres con bajo nivel educativo declararon ser víctimas de un menor grado de violencia, quizá porque no reconocen este problema o lo tienen tan interiorizado que creen que así es la vida y no están conscientes de que puede ser diferente, subraya.
LEY E IMPUNIDAD
Patricia Olamendi, especialista en el tema, hizo un análisis, con base en el documento del INEGI, sobre el comportamiento de la violencia en México y las posibilidades reales de abatirla desde la legislación actual.
En Violencia contra las mujeres y legislación mexicana señala: en cuanto «al derecho que tenemos las mujeres de ser respetadas en nuestra vida, libertad e integridad personal», hay que reconocer que la ley continúa permitiendo la impunidad de quienes maltratan, humillan, golpean e incluso asesinan a una mujer.
Al ratificar los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, el Estado mexicano se comprometió a respetar los derechos contenidos en los tratados; tomar las medidas legislativas y administrativas para que las personas puedan ejercerlos y llevar a cabo acciones para asegurar su cumplimiento, advierte Olamendi.
Sin embargo, «del 2003 a la fecha, organismos internacionales, como la ONU, Cedaw, Relatores Especiales sobre violencia contra la mujer, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho a México 200 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Entre ellas, destacan: poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer, mediante reformas en la legislación y en los procedimientos de investigación en el sector judicial; promulgar en todos los estados y a escala federal leyes específicas para prevenir esos actos de violencia y responder a ellos; así como una ley federal que tipifique como delito la violencia doméstica.
En la legislación mexicana, dice la jurista Olamendi, son pocas las constituciones estatales que contemplan la violencia contra la mujer.
«El nivel de protección contra la violencia de género varía notablemente de estado a estado», apunta. Por ejemplo, el acoso sexual, laboral y académico se penaliza sólo en seis estados, con un día y hasta 3 años de prisión. En Coahuila únicamente se tipifica el delito si se trata de discriminación de género y en Chihuahua si se trata de una mujer que esté en desventaja.
Afirma que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Senado este año, es de observación en todo el territorio nacional, da respuesta al ámbito internacional y permite armonizar las políticas públicas.
DESIGUALDADES
El texto del VII Encuentro Internacional de Estadística de Género en el marco de las Metas del Milenio indica que la violencia también es psicológica, económica, patrimonial, comunitaria e institucional y coloca a la mujer en una relación de desigualdad, opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y hasta marginación; «sin que las autoridades gubernamentales adopten acciones para evitar las agresiones contra las mujeres más desprotegidas y débiles».
En Ciudad Juárez, Chihuahua -dice el texto- el Gobierno federal ha optado por multiplicar fiscalías, comisiones y agencias diversas, que «no resuelven el problema, minimizan y subestiman el hecho, bajo la excusa de que no son tantas las muertas».
La antropóloga Marcela Lagarde califica el feminicidio como genocidio contra las mujeres y lo denomina crimen de Estado, además de considerarlo como la forma extrema de violencia de género contra ellas.
Es un fenómeno «producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado; del conjunto de conductasmisóginas que conllevan impunidad social y del Estado», como señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente para todo el país.
ABATIR LA VIOLENCIA
Es responsabilidad del Estado ser garante de los derechos humanos de las mujeres, dice Lagarde.
Para Olamendi, el Estado está obligado a actuar en la búsqueda de oportunidades para las mujeres: «Su compromiso se ubica dentro de la serie de decisiones políticas y jurídicas que dan vida a una nueva concepción del Estado: social y democrático de derecho».
Ambas feministas, estudiosas del tema, se han pronunciado en distintos foros porque México ejecute políticas públicas que apoyen a las víctimas, reparen el daño sufrido, prevengan todas las formas de violencia y castiguen a los culpables.
Para ello, Olamendi recomienda adecuar en las entidades federativas leyes, políticas y medidas de aplicación conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos; reformas a la legislación y los procedimientos, e investigación en el sector judicial, así como promulgar leyes específicas para prevenir los actos de violencia contra las mujeres.
Es decir, responder a la violencia a través del acceso a la justicia y con refugios –espacios específicos— que protejan a las mujeres que la sufren.
07/MLT/GG/CV
