María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) criticó los llamados de la Iglesia Católica a la «desobediencia civil» y a la objeción de conciencia, como los hechos a los prestadores de servicios de salud en los casos de interrupción legal del embarazo (ILE), porque han sido usados a su conveniencia sin tomar en cuenta si benefician a las mayorías.
En el marco del Encuentro Laico, Diversidad, Sexualidad y Familias, que inició el lunes y hoy concluye en la Cámara de Diputados, organizado por el legislador perredista David Sánchez Camacho, la activista consideró que estos llamados deberían respetar los derechos individuales, pero sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que es donde la Iglesia Católica ha centrado el debate.
Consuelo Mejía señaló que una constante de los jerarcas de la Iglesia Católica han sido estas convocatorias a la sociedad «a desobedecer las leyes» sobre todo, enfatizó, cuando no siguen sus «enseñanzas morales» y al recurso de la objeción de conciencia para no cumplir con leyes y/o normas que no reflejan su agenda moral conservadora.
En este sentido cabe recordar la polémica cuando se incluyó la Anticoncepción de Emergencia en el cuadro básico de medicamentos por considerarla abortiva, o con los libros de texto que incluían educación sexual desde quinto de primaria y que hablaban del condón o recientemente con la ILE a las 12 semanas para el Distrito Federal.
En su ponencia sobre Estado laico y objeción de conciencia, Mejía Piñeiros señaló que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece claramente en su Artículo primero que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país.
Y refirió textual el párrafo del texto: «nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes».
La directora de CDD puntualizó que si bien la Constitución Política (en sus artículos tercero y cuarto) y las leyes están de nuestro lado, es necesario seguir demandando para que el Estado proteja y promueva los derechos ahí consagrados.
Bajo el argumento de que «nadie puede decidir por nuestra persona ni imponerle sus convicciones», la activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres advirtió que seguirán pugnando por defender el concepto de laicidad en la Constitución y porque se amplíe el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de manera que se garantice la laicidad del Estado estableciendo mecanismos de sanción a los funcionarios y funcionarias y los ministros de culto que violen esta ley.
También, que se especifique la preferencia sexual, la diversidad como factor de no discriminación en el Artículo primero constitucional, que se legisle en concordancia con la propuesta social de convivencia en el ámbito federal y que se promueva el combate a la homofobia a través de políticas, campañas y programas educativos.
07/LGL/GG
