Justicia plena o salida salomónica son las dos vertientes a la sentencia, que en unas horas o en unos días daría el juez de primera instancia en materia penal, Hiradier Huerta Rodríguez, a ocho soldados del Ejército mexicano que violaron a 14 mujeres en julio de 2006.
Mientras, la abogada coadyuvante del Ministerio Público, Sandra de Luna González, asegura que no existe ninguna razón para no sentenciar a ocho soldados detenidos en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, fuentes allegadas a Cimacnoticias plantean la posibilidad de que no todos sean castigados.
De acuerdo con De Luna González hay militares que no fueron identificados de manera directa por sus víctimas, pero sí fueron reconocidos por otras y otros testigos de los hechos ocurridos la madrugada del 11 de julio de 2006, cuando un comando de 20 soldados tomaron por asalto la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, y violaron a 14 mujeres, además de cometer otros ilícitos.
Si se diera lo que se llama una solución salomónica, estaríamos hablando de una asunto político no de justicia plena.
Explicó que efectivamente el temor de algunos sectores sociales y políticos es que se dé una salida salomónica a este caso, liberando a la mitad de los detenidos y castigando a la otra mitad, luego de que se habría dicho que no todos fueron identificados por las mujeres que esa madrugada fueron agredidas.
Sin embargo, la abogada sostiene que para condenarlos, bastarían los testimonios aportados por quienes presenciaron tan lamentables actos de abuso de autoridad de parte de la partida de militares, quienes cometieron violaciones calificadas contra las trabajadoras de los salones El Pérsico y Las Playas, ubicados en la municipalidad de Castaños, en la carretera federal 57.
Recordó que una de las mujeres agraviadas se puso muy mal al momento de hacer el reconocimiento de uno de sus dos agresores, se trataba de Norberto González Estrada, mismo que sí fue identificado por una de las testigos lo que ya es prueba suficiente. Un segundo agresor de esta víctima es Omar Alejandro Rangel Fuentes, a quien sí reconoció.
En el caso de Wendy -una de las dos mujeres que se retractaron en marzo pasado, asegurando que no había sido violada, pese a sus declaraciones iniciales y las pruebas médicas y psicológicas que certifican lo contrario- logró señalar a uno de sus tres agresores, se trataba de Juan José Gaytán Santiago.
Uno más, Rosendo García Jiménez está detenido y fue referido por otra de las testigos como el hombre que abusó de su compañera (Wendy), en tanto Bardomiano Hernández García, quién también la agredió sexualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Incluso, señala que el 5 de agosto de 2006, Wendy realizó la identificación de Rosendo García entre las fotografías que envío la Procuraduría Militar para el reconocimiento de los probables responsables de las agresiones sexuales. Es decir, ella ya había identificado a Rosendo García como otro de sus agresores.
En el caso de Nubia, la segunda de las agredidas que se retractó, estuvo frente al que había mencionado como su agresor, Norberto Carlos Francisco Vargas, pero no pudo hacerlo, posiblemente porque ya estaba siendo presionada para que se echara para atrás. A pesar de ello, dos mujeres más lo reconocieron como el militar que atacó a Nubia.
Estos, explica De Luna González son los temores de algunos sectores sociales y políticos, para que se dé en Coahuila una salida salomónica en el momento de dictar sentencia. Pero eso no podría ser posible, hay reconocimientos, confrontaciones y careos y otros elementos que los señalan como responsables de la agresión.
Para mí, no hay vuelta de hoja, todos son responsables de las agresiones, incluyendo aquellos que no participaron de manera directa deberían ser castigados también por los delitos que habrían cometido durante la toma que hicieron en los salones de la zona de tolerancia de Castaños.
La abogada, directora del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi), sostiene entonces que hay confianza de que habrá castigo para los soldados, lo demás sería una decisión política y no de justicia plena, reitera.
07/SJ/GG
