Cada año en estas fechas se emprenden las discusiones sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, en función de lo que establece el Artículo 74 de la Carta Magna.
Éste artículo le atribuye exclusivamente a esta Cámara examinar, discutir y aprobar anualmente los gastos que deberá erogar el país, a través de las asignaciones que entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las distintas dependencias de la administración pública, el poder legislativo, el poder judicial y los organismos autónomos, además a programas y rubros en el ámbito local.
Cada año, en la última década, las diputadas de los diversos partidos políticos han pugnado por la etiquetación de recursos a programas relativos a los derechos de las mujeres y las niñas.
Esta medida política desde el parlamento ha tenido la pretensión de paliar la enorme discriminación que, por condición de género, se vive en nuestro país.
La revisión y eventual corrección del destino de los recursos del erario público que la Cámara de Diputados determina logrando acuerdos entre las comisiones y las diputaciones de los estados, sólo genera una especie de optimismo de que todo lo que se hace, realmente se reflejará en cambios propicios para resolver la enorme desigualdad social de las regiones del país.
Además de los acuerdos entre las comisiones, que cada vez cobra más relevancia, también es común observar a algunos legisladores que gestan toda su argucia e influencia para lograr algún presupuesto discrecional a veces hasta simbólico, para su entidad federativa o municipio y no me equivoco al calificar este estado de ánimo que abriga, con sinceridad por cierto, a las diputadas y diputados cuando logran alguna etiquetación para programas de índole social.
Lo que señalo es que la focalización de algunos problemas no resuelve nada de fondo.
FALTA DE COMPROMISO CON LAS MUJERES
Esta situación debe cambiar. Como también debe cambiar la falta de compromiso con las mujeres, especialmente las más marginadas y pobres que no reciben ningún beneficio de los recursos públicos porque en su aplicación, año con año la respuesta inexorable de la Secretaría de Hacienda es que hace lo que quiere.
En el marco de este debate sopesamos que el hombre realmente poderoso de este país en el sexenio pasado fue el señor Gil Díaz. Y el papel del Secretario de la Hacienda continúa siendo siempre el mismo, más allá del nombre del titular.
En las últimas legislaturas, las diputadas han trabajado desde algunas comisiones, especialmente de la comisión de Equidad y Género que es ordinaria desde finales de la LVII Legislatura, para lograr que algunos programas no desaparezcan y otros se incrementen considerablemente con un objetivo común: resolver la inequidad entre los géneros y respaldar con recursos financieros del Estado a programas referidos a los derechos de las mujeres en el marco de su ciclo de vida.
Así hemos visto, por ejemplo, que el programa dedicado a garantizar que las adolescentes que se embarazan no dejen sus estudios, el Ejecutivo lo deroga del proyecto de presupuesto y las diputadas lo integran de nuevo.
No hay además ningún mecanismo para asegurar que la institución, que debiese aplicar este precepto, respete los derechos de las adolescentes a no dejar sus estudios.
Cada año, en el sexenio de Vicente Fox, el proyecto oficial sacaba este programa e invariablemente las diputadas lo apuntaban. Igual acontecía con programas en el ramo de la salud, desarrollo social o de agricultura en donde el ejecutivo los desaparecía o les asignaba un presupuesto raquítico y las diputadas los anexaban y en su caso, les aumentaban.
El presupuesto con mayor apoyo a programas a favor de los derechos de las mujeres fue el del 2005: más de 35 programas con contenido de género, mismo que en su mayoría desaparecieron en el siguiente año, o hubo sub-ejercicio.
APLICAR Y MODIFICAR LA LEY
Ante esta situación perniciosa es necesario modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece los criterios para los gastos públicos, para que contenga como una disposición general, la etiquetación desde la perspectiva de género y su transversalidad en las distintas entidades y dependencias de la administración pública.
La reforma a esta ley es necesaria; sin embargo, si hubiese realmente compromisos para erradicar la discriminación por condición de género y de edad, bastaría con la interpretación que la propia ley de referencia determina en el sentido de que los criterios generales de política económica, y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la APF deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo.
Debemos recordar que en el PND de cada sexenio se refieren en varios preceptos, el compromiso con la equidad e igualdad de género, los derechos de la niñez, la lucha contra la violencia de género, en una franca demagogia porque este plan en realidad no se aplica, ni hay manera de su revisión y evaluación periódica, ni se sanciona a nadie por su incumplimiento.
Por eso, en la LIX Legislatura, diversas diputadas propusimos la creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que está abocado a orientar a las y los diputados, a las comisiones y a los comités, sobre la materia que le es característica.
Una de las tareas que le es inherente es proponer cómo deben estar asignadas las políticas públicas desde una visión de género que aseguren la erradicación de la discriminación y la inequidad de las mujeres y las niñas.
En las reformas del Estado que están programadas se debiese integrar un segundo paquete que revise la Ley Federal de Presupuesto, entre otras leyes fundamentales, como la de Educación y la Federal del Trabajo.
Debiese revisarse el funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres para que tenga funciones de autoridad como una secretaría del gabinete, de tal forma que trabaje en la aplicación de la perspectiva de género en todas las acciones gubernamentales.
Muchas acciones hay que respaldar, como la aplicación de algunas leyes nacionales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Entonces debiésemos aspirar ya no sólo a etiquetar algunos programas que, siendo valiosos, no impactan al cambio sustancial de la situación de las mujeres. Lo que hay que hacer es bregar por cambios estructurales para que liquidemos la visión unilateral y patriarcal del mundo y conformar las reformas para detener la cada vez más insostenible feminización de la pobreza.
* Ex diputada federal, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consultora de Unicef.
07/AP/GG/CV
