Si el diputado del PAN Diódoro Carrasco Altamirano no convoca, en su carácter de presidente, a la Subcomisión de Examen Previo para reunirse, no podrá avanzar el juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, declaró el senador perredista Pablo Gómez Álvarez.
El integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, reiteró que «si Carrasco no convoca no iba ser posible convocar, por que no se puede por la vía de los secretarios de extracción perredista, porque no tenemos el número suficiente. Además, no queremos que convoque para que hagan manoseo de papeles, sino para que se tome una decisión».
Pablo Gómez consideró grave que el diputado del Partido Acción Nacional, Diódoro Carrasco, convoque para no resolver nada, porque el asunto es muy claro, sobre todo la parte en la que el gobernador utiliza su puesto para que el Ministerio Público actúe de una determinada manera. «Esa es de los típicos actos que configuran lo que se llama responsabilidad política, en el juicio político lo que se encima es la responsabilidad», precisó.
En conferencia de prensa realizada en el Senado de la República, en la que también participaron integrantes del Frente Cívico Poblano, el legislador del sol azteca informó que él fue uno de los que presentó la denuncia para el juicio político contra Marín Torres.
Explicó que una vez que se produjo el escándalo relacionado con la utilización de los instrumentos de la justicia para perseguir a una periodista (Lydia Cacho) que se encontraba en ese momento en el estado de Quintana Roo.
Asimismo, recordó que a la Cámara de Diputados llegó Felipe Calderón Hinojosa, a exigir que se abriera un juicio político contra el gobernador del Estado de Puebla. «Algo ha cambiado en el país, expresó el senador Gómez, no sabemos con exactitud qué; en ese aspecto el mismo PAN, a través de Diódoro Carrasco no quieren convocar a la Subcomisión de Examen Previo a efecto de que se vote el asunto».
En su momento, Luis Ortega Morales, del Frente Cívico Poblano, informó que desde el 30 de marzo de 2006, él y Noemí Aguilar, presentaron una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados en Puebla, y en el Senado de la República presentamos una demanda de desaparición de poderes para el estado de Puebla, por las violaciones que el gobernador del estado, Mario Marín realizó en contra del estado de derecho en la entidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene su informe, ya concluyó que efectivamente el gobernador violó los derechos humanos de Lydia Cacho; que también hay asuntos que tienen que ver con pederastia, por parte de Kamel Nacif y otros implicados más, indicó.
Ortega Morales solicitó a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, en particular a su presidente Diódoro Carrasco, tomar como base el informe de la Suprema Corte para que de inmediato convoque a sus integrantes para que se inicie el procedimiento del juicio político y consideró que ya no hay ninguna razón para seguir prolongando ese juicio.
El integrante de la bancada perredista en el Senado, Pablo Gómez, aclaró que el juicio político tiene como propósito remover de su puesto a los altos funcionarios que sean incapaces de desempeñar sus funciones, aquellos que se caracterizan por ineptitud o por abuso y mala utilización de su cargo.
07/MLT/ML
