El 20 de noviembre, la Convención de los Derechos del Niño (1989) llegó a la mayoría de edad. No obstante, en casi la totalidad de los países adscritos a las Naciones Unidas un sinnúmero de menores de edad trabajadores padecen violencia física y psicológica, humillaciones verbales y abusos sexuales, incluida una proporción importante de víctimas de la trata de personas.
Abro un paréntesis para acentuar que el vocablo «niño» del título de la Convención incluye también a las niñas, quienes, en un acto discriminatorio no son nombradas en este documento, a pesar de los múltiples esfuerzos de activistas de todo el mundo por incorporar un lenguaje no sexista en las herramientas internacionales.
Son muy diversos escenarios en los que niñas, niños y adolescentes están expuestos a la violencia: la familia, las instituciones religiosas y educativas, la vía pública y los espacios laborales, entre otros.
Las formas más comunes de ejercer la violencia son de orden físico, psicológico o sexual. La brutalidad física suele ser sistemática, los gritos, las palabras altisonantes o humillantes, la intimidación, el aislamiento, la marginación y el trato discriminatorio recurrente. En ocasiones son sujetos de acoso, o sufren, en el peor de los casos, violación sexual.
Es importante destacar que no existen cifras precisas y claras respecto de la niñez que trabaja, mayormente, en la economía informal. Pocos datos y estadísticas dan constancia en México sobre investigaciones serias que arrojen el número exacto de niñas, niños y adolescentes trabajadores, mucho menos de quienes son víctimas de violencia.
El Artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León señala que el niño tiene derecho a la vida sana, a la salud, a la educación, a la recreación, a la preparación para el trabajo y a llevar una vida digna en el seno de la familia…
No obstante, la desigualdad social reinante, la pobreza extrema que acrecienta cada vez más las diferencias económicas, las insuficientes políticas públicas que protegen de hecho a la niñez, la deficiente calidad de oferta educativa, así como la importancia que muchos padres conceden al trabajo en lugar de la escolarización para sus hijas e hijos, suelen ser, entre otros, factores que fomentan el trabajo infantil y que conlleva múltiples riesgos.
Los hechos reportan que la práctica consistente de desplazar a menores de edad hacia casas ajenas, en ocasiones a gran distancia, para que realicen trabajos domésticos es uno de los trabajos informales que no cuentan con registros estadísticos confiables.
El trabajo doméstico constituye una importante fuente de empleo para las menores de edad de todo el mundo, México y Nuevo León no son la excepción, pues éste es un empleo no reglamentado, donde prospera, sin duda, la explotación.
Al igual que las niñas y las jóvenes, los niños corren un gran riesgo al trabajar en casas privadas pues están bajo la voluntad del empleador y de otros miembros de la familia. Un número importante de menores de edad que trabajan en el servicio doméstico han revelado la existencia de altos niveles de violencia.
En las sesiones de reflexión para mujeres, algunas participantes han expresado que desde niñas se desempeñan como empleadas domésticas y que han sufrido malos tratos de sus empleadores. Refieren haber sido insultadas, golpeadas e incluso que les negaban alimentos. Hay, quienes en un acto de valentía se atreven a revelar haber sido víctimas de abuso sexual de parte de uno de los miembros de la casa, o de varios de ellos.
Así, aunque los derechos de la niñez están establecidos en las leyes, los hechos, como vemos, se burlan al dar cuenta de su incumplimiento.
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* Abogada feminista, integrante de la Constituyente Feminista de Nuevo León y directora de una biblioteca para mujeres en Monterrey.
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