El Estado mexicano ha incumplido todas las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más cuando hay militares involucrados, afirma Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos.
En entrevista con Cimacnoticias durante su tercera visita a México, Soraya Long dijo que uno de los temas de la agenda de Cejil es la violación sexual cometida por militares, la cual debe ser juzgada por el fuero civil y no militar, ya que cuando este tipo de casos se turnan a sus tribunales, lo que se investiga y se «juzga» es si los soldados incurrieron en indisciplina al abandonar los puestos para los que fueron asignados, pero no si violaron a mujeres.
La abogada de Cejil informó que, como parte de su visita, sostendrán una reunión con diputados y senadores mexicanos donde se discutirá la modificación al Artículo 57 del Código de Justicia Militar, referente a los delitos contra la disciplina militar.
En el caso de violaciones a derechos humanos y en particular de violaciones sexuales contra mujeres, la Directora de Cejil criticó que los juzgados y tribunales militares no sean tribunales independientes sino con una vinculación política.
«Son nombrados directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y estos son nombrados directamente por el Presidente, entonces no hay ninguna independencia, hay una vinculación política», aseveró.
GRAVE, QUE CALDERÓN MARQUE LÍNEA
Cuestionada sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años violada en febrero de este año por militares en Soledad Atzompa, Veracruz, que está en vías de turnarse a la CIDH, Soraya Long consideró que es «muy preocupante» que Felipe Calderón diera «línea», porque le dio confiabilidad y credibilidad al Ejército en detrimento de los hechos que «hablan por sí solos».
«Para nosotros demuestra que no hay una verdadera voluntad política de este gobierno de Calderón de acatar sus compromisos internacionales de cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, tratándose de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres», menos.
Manifestó que en un encuentro sostenido ayer con diputados, Cejil manifestó esta preocupación, toda vez que aún cuando estos casos llegan a la CIDH, en la jurisdicción militar tampoco se investigan los hechos violatorios, es decir, no se investiga si una mujer fue violada o no por un militar.
Lo que hacen, apuntó, es «investigar» si el militar se movió o no de su sitio y cuestionó quién investigará entonces la violación de las mujeres.
«Entonces, una mujer que es violada por miembros del Ejército va a una autoridad civil, como lo es una procuraduría, a meter su denuncia y ésta muy fácilmente se lava las manos y dice no me toca, porque aquí hay participación de un militar, váyase para allá».
Lo más lamentable, sostuvo, es que las mujeres no tienen cabida ahí porque no son víctimas según los militares y entonces no acceden a la justicia civil, pero tampoco a la militar ¿Quién da justicia a estas mujeres?, cuestionó.
Soraya Long fue enfática: «si no encuentran justicia a nivel nacional, tendrán que encontrarla en el internacional».
Por ello, insistió, la «urgencia» de modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, porque es más fácil que reformar la Constitución, para que estos casos no se repitan y para que «cese esta interpretación».
MÉXICO NO CUMPLE RECOMENDACIONES
Soraya Long evidenció que en todos los casos presentados ante la CIDH por México, incluidos los de violaciones sexuales a mujeres por militares y donde ésta ha acreditado la responsabilidad del Estado, el nivel de cumplimiento es cero.
Lo que en su opinión significa «una falta absoluta de buena fe del Estado y autoridades mexicanas» para cumplir con sus obligaciones internacionales y un «desconocimiento de la autoridad interamericana de derechos humanos, así como de las conclusiones que arroja un proceso que es llevado ante esta instancia máxima de derechos humanos internacional que acredita una responsabilidad del Estado».
Soraya Long señaló que salvo el caso del General brigadier José Francisco Gallardo, en el cual sí hubo un cumplimiento a un punto de las recomendaciones hechas por la CIDH, los otros que están en cumplimiento de recomendaciones, como Aguas Blancas, el de las hermanas tzeltales del ejido Morelia y el de Miguel Orlando Muñoz, «en ninguno ha habido un cumplimiento de las recomendaciones».
DEUDA CON LOS DERECHOS HUMANOS
«Desde nuestra perspectiva, México tiene muchísimos pendientes en materia de derechos humanos y muchas de las violaciones que ya no se escuchan en el resto de los países como la tortura y la desaparición forzada».
Lo que en opinión de Soraya Long significa que México no ha dado pasos sustanciales para frenar las violaciones graves a los derechos humanos.
«Este gobierno no ha dado muestras efectivas de preocupación, por lo menos en relación con esta situación y mucho menos en resolverla».
Lo mínimo que hablaría de una «buena voluntad de Calderón» en la materia sería incidir para modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar; priorizar el tema de la tortura y aceptar que existe en México, así como tomar medidas para evitarla y revisar los compromisos que México ha signado a nivel internacional y empezar a cumplirlos, dijo.
Por otra parte, resaltó que el reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos hablaría de «una luz en su gobierno y de que éste será realmente respetuoso de los derechos humanos y de un compromiso con éstos».
07/LGL/GG
