La epidemia del VIH/SIDA en México requiere atención urgente, ya que una característica de nuestro país es la rápida expansión del virus –entre uno o más subgrupos de la población– aún cuando todavía no se establece en la población en general.
Así lo asegura la investigación Prácticas sexuales de las poblaciones vulnerables a la epidemia de VIH/SIDA en México, publicada en 2007, bajo la autoría de Cecilia Gayet, Carlos Magis, Donna Sacknoff y Lisa Guli.
Dicho estudio es el resultado de una serie de encuestas aplicadas en diversas ciudades del sur, centro y norte de México, en 2005 y 2006, de manera coordinada entre el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida) y Family Health International (FHI), con el financiamiento de United Status Agency for International Development (USAID).
Los lugares donde se realizó fueron el puerto de Acapulco (Guerrero), la Ciudad de México, Monterrey (Nuevo León) y el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ubicado en la zona conurbada del Distrito Federal.
Para los autores de la investigación, una tarea fundamental de los gobiernos es identificar a las poblaciones vulnerables y conocer sus prácticas de riesgo, con el objetivo de crear estrategias de prevención y atención adecuada para cada una de ellas.
Uno de los resultados de la encuesta es que las trabajadoras sexuales son una de las principales poblaciones vulnerables de contraer el VIH-SIDA en México. Ya que las condiciones que viven las enfrenta a violencia y discriminación, por ello es uno de los subgrupos en los que se expande con rapidez el virus.
De las 603 mujeres encuestadas en Acapulco y Monterrey, y que se realizaron la prueba Determine para VIH, el 1.0 por ciento (6 casos) resultó positivo (1.1 por ciento de Acapulco y 0.9 por ciento de Monterrey).
El estudio revela que un alto porcentaje de las mujeres entrevistadas conoce, en un 94 por ciento, los métodos de prevención y un 95 por ciento tiene conocimiento de aquellos lugares donde es posible conseguir un condón.
Sin embargo, particularmente en entidades como Monterrey y Acapulco, algunas trabajadoras sexuales creen que la pandemia se transmite por picadura de mosquito o por compartir alimentos con personas que tienen VIH. En estas mismas ciudades, cerca de la mitad de las entrevistadas afirmó haber escuchado hablar sobre el condón femenino y el 11 y 12 por ciento respectivamente afirmó haberlo usado alguna vez, refiere el estudio.
Las trabajadoras sexuales se enfrentan a actos de represión, extorsión social, abuso o maltrato verbal y/o físico así como a violaciones perpetuadas principalmente por sus clientes o sus parejas estables, además de transeúntes, vecinos, familiares y ex-parejas, señala.
Asimismo, la investigación indica que las trabajadoras sexuales manifestaron haber recibido maltratos en los servicios de salud, por ello ocultan su condición laboral pues también temen que su actividad (trabajo) se registre en la historia clínica.
De acuerdo con los autores de este estudio, la discriminación es una es una de las dificultades para la prevención y detección del VIH entre las poblaciones estigmatizadas –como las trabajadoras sexuales— pues existe una falta de apoyo de la comunidad, lo que podría generar aislamiento y disminución de su autoestima: «El estigma y la discriminación pueden poner distancia en los servicios de salud, lo que provoca una menor relación con las campañas de prevención y una detección tardía en el caso de la infección».
Por ello, proponen, es necesario reconocer los nuevos desafíos en materia de transmisión del virus, realizar estudios cualitativos que permitan comprender las prácticas sexuales de las poblaciones más vulnerables, tener mayor accesibilidad y disponibilidad en la detección del VIH y realizar campañas de información y prevención.
Además, se debe regular el precio del condón y garantizar el acceso a personas que no tienen dinero para comprarlos, y trabajar más con personas que viven con VIH, especialmente en aspectos que tienen que ver con el ejercicio de su sexualidad.
Los actores que son necesarios involucrar en este proceso son el gobierno, a través del sector salud, la Secretaria de Salud a nivel federal, la secretaria de educación pública, los poderes legislativos y federales, las secretarías del trabajo, gobernación y hacienda y crédito público, recomiendan.
Para las y los trabajadores sexuales «es necesario que el gobierno federal coordine acciones de información en los estados y municipios de la norma mexicana que impide la solicitud obligatoria de la prueba del VIH».
Además, dicen, deben buscarse los mecanismos para hacer que la norma se cumpla y sancionar administrativamente y penalmente la realización de exámenes obligatorios de VIH, así como generalizar el reglamento del Distrito Federal por el cual se despenaliza a funcionarios por discriminación.
Se debe reforzar, además, la educación sobre la prevención en las relaciones afectivas más cercanas de las o los trabajadores sexuales y trabajar sobre el fortalecimiento de los propios recursos y la autoestima de las personas.
Para evitar la discriminación, los consultorios médicos donde se atienden las y los trabajadores no deben ser exclusivos para ellos sino que deben atenderse en aquellos que son para la población general, agregan.
Asimismo, el gobierno debe, entre otras cosas, ampliar el modelo multisectorial existente en algunas entidades federativas, con la inclusión de representantes de las y los trabajadores sexuales, promulgar una ley sobre VIH/SIDA en México y defender la asignación de fondos para la prevención de dicha enfermedad, subrayan.
Lograr también que las estrategias en materias de VIH/SIDA en la población trabajadora sexual tengan continuidad, que la ley federal contra la discriminación considere explícitamente la discriminación por orientación sexual y enfatizar el término «trabajo sexual» con las connotaciones de derechos y remuneración que le son propias.
07/HVR/CV
