La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene en sus manos la decisión para cambiar el destino de cientos de miles de mujeres indígenas que hasta hoy no tienen voz ni voto en sus comunidades.
Así lo señaló Eufrosina Cruz Mendoza, quien en diciembre pasado solicitó la intervención de la CNDH, luego de que autoridades municipales de Santa María Quiegolani impidieran su participación como candidata y habrían violado sus derechos ciudadanos.
A unos días de que la CNDH emita una resolución sobre la queja presentada, Eufrosina Cruz Mendoza sostiene que la recomendación «no es por un asunto personal, no es por la discriminación a Eufrosina, sino es por todas las mujeres indígenas del país que no tienen voz ni voto en sus comunidades».
Eufrosina, quien fue aspirante a encabezar el gobierno municipal de Santa María Quiegolani, en una elección por usos y costumbres, sin que se le permitiera participar por ser mujer, destacó que las instituciones responsables de sensibilizar y capacitar a las autoridades municipales y a las propias mujeres, como es el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, no ha hecho su tarea.
La falta de difusión sobre los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres provoca que todavía hoy sucedan casos de discriminación en las comunidades, apuntó Eufrosina, quien el 5 de noviembre pasado no pudo ser electa autoridad municipal de acuerdo a un «mandato» de usos y costumbres.
En entrevista con Cimacnoticias, señaló que autoridades municipales de la Sierra Sur, parte del Istmo y de la Mixteca le han solicitado que acuda para hablar con las mujeres de las comunidades, porque «la otra realidad es que muchas mujeres se resisten a creer que tienen derecho a elegir a sus autoridades y, más aún, a creer que pueden ser electas».
No es culpa de ellas, es la cultura ancestral la que nos ha confinado a espacios de la vida privada y nos ha negado la participación en la vida política, sostiene esta indígena zapoteca que superó todos los obstáculos que imponía su condición étnica y la pobreza, para convertirse en la única profesionista de Santa María Quiegolani.
Eufrosina Cruz Mendoza afirma que al obtener las mujeres indígenas su derecho ciudadano, se pueden alcanzar otros derechos que también se las ha negado, como decidir cuántos hijos e hijas se quieren tener, en qué clínica atenderse y todos los otros derechos de los que por no saber que existen no se pueden gozar, apunta la entrevistada.
Por último, sostiene que la clave está en la falta de una difusión de los derechos de las mujeres para lograr la equidad de género en las comunidades, «no queremos quitarle los espacios a los hombres, lo que queremos es caminar juntos, compartir saberes, criar a nuestros hijos…».
Por otra parte, la CNDH emitió un comunicado de prensa en el que informa que en breve dará a conocer la resolución correspondiente a la queja presentada por Eufrosina Cruz Mendoza en diciembre pasado.
Asegura que se ha investigado el caso y recabado información entre autoridades municipales, estatales de Oaxaca y federales y en breve se dará a conocer la resolución, de acuerdo con el expediente 2008/70/4/Q por la presunta violación al derecho de igualdad entre hombres y mujeres y de la que tomó conocimiento la Cuarta Visitaduría.
El organismo de Derechos Humanos plantea que el caso de Eufrosina Cruz no es ajeno al problema social de discriminación y al fenómeno de exclusión que afecta a más mujeres de comunidades indígenas del país en las que rigen internamente usos y costumbres que entran en contradicción con la aplicación de otras normas del orden jurídico nacional.
Refiere el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: «son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley».
La Comisión Nacional, finaliza el boletín, ha continuado investigando y recibiendo la información solicitada a las autoridades, entre ésta, la proporcionada por el gobierno del estado de Oaxaca, donde se acompaña la iniciativa de decreto para reformar la Constitución Política del estado respecto de los usos y costumbres que rigen en los municipios de esa entidad federativa.
08/SJE/GG
