Contra la reforma judicial impulsada por Felipe Calderón, que pretende criminalizar por la vía de la ley las luchas y los movimiento sociales, miles de mujeres y hombres pertenecientes a organizaciones civiles se manifestaron ayer frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, según reportes de la prensa capitalina.
En la movilización participaron integrantes del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), Convención Nacional Democrática, La Otra Campaña, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), además de otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos en México.
Bajo la consigna «No a la reforma judicial, sí a una ley de amnistía general en defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y las garantías individuales y colectivas», en el mitin la senadora y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, llamó a no cesar la movilización y aseguró que aún es tiempo de frenar la reforma al Sistema de Justicia Penal, aprobada el pasado 17 de diciembre y que será votada mañana en el pleno de la Cámara de Diputados.
Entre las y los asistentes se encontraban integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que reclaman aún justicia para las mujeres que fueron violadas por las fuerzas de seguridad en Atenco y después encarceladas, así como miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes también reprueban el auto de formal prisión dictado recientemente contra Dora Ávila, defensora de mujeres indígenas de Oaxaca, acusada por la policía de participar en el bloqueo de una carretera.
Recordó Ibarra de Piedra que el lunes pasado Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar que no se apruebe la reforma judicial, porque «es contraria a las disposiciones de la Convención de Ginebra», pues autoriza hasta por 80 días la incomunicación de las personas detenidas y propicia la tortura, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.
Felipe Calderón, aseguró la luchadora social, debe emitir un decreto de amnistía general para todas y todos los presos políticos del país.
REFORMAS
A pesar de que diversos sectores sociales han elevado sus voces de preocupación sobre las gravísimas implicaciones de esta reforma, una vez más, dicen las organizaciones del FNCR en un comunicado, el grupo gobernante, a través del Congreso federal, muestra oídos sordos, y sin un mínimo de consulta a la población, y parece encaminado a una nueva imposición legislativa de espaldas a la sociedad.
Representa además una violación a los derechos fundamentales al avalar tácticas policiales como cateos sin orden judicial previa, por lo cual el FNCR demanda que se cancele el proyecto de reforma al sistema judicial que el Senado de la República envío a la Cámara de Diputados para su votación.
Asimismo, solicita una ley de amnistía federal a favor de todas aquellas personas contra las cuales se haya ejercitado acción penal ante los tribunales federales y del Distrito Federal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas.
Entre las organizaciones que participaron en la marcha convocada por el FNCR figuran la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, integrantes de la Preparatoria Popular, el Barzón Popular, el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el Frente Amplio Progresista, integrantes del comité Eureka, entre otros.
ARRAIGO, DETENCIÓN…
La pretendida reforma, dice el FNCR agrupación en la cual Rosario Ibarra es una de sus liderezas más destacadas, incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Se argumenta que el propósito es combatir al «crimen organizado», sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique de «delincuencia organizada».
Como dice Amnistía Internacional, señala el FNCR, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.
Más grave aún –señalan– se contempla la permisión del allanamiento de morada por parte de los agentes policíacos, respecto a lo cual Amnistía Internacional dice que la propuesta de que los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando está en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, genera serias preocupaciones.
El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por Amnistía Internacional, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales.
La nueva facultad no se muestra en la dirección de eliminar tales abusos, ni tampoco incluye disposiciones que coincidan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Además, en la práctica, señalan, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, lo cual viola flagrantemente el Artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala:
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El Estado mexicano se ha declarado respetuoso del orden jurídico internacional y, en particular, de la normatividad relativa a los derechos humanos, por lo que para ser congruente con ello tendría que retirar en lo inmediato la propuesta de reforma judicial, insisten.
Para el FNCR, la aprobación de la llamada reforma judicial representaría la culminación de una serie de cambios al marco jurídico orientados a fortalecer las funciones e instituciones represivas del neoliberalismo, para garantizar el control autoritario sobre los trabajadores, la ciudadanía organizada y la sociedad civil.
Se busca legalizar lo que ya ahora se practica, pero es ilegal. «Se pretende legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales, en concordancia con la agenda de seguridad impuesta por Estados Unidos al gobierno de nuestro país», apuntan.
Por todo lo anterior, el FNCR exige al Congreso Federal deseche la reforma por regresiva y violatoria de los derechos humanos y de las garantías individuales y colectivas.
Esta agrupación hace «un llamado al pueblo, a los ciudadanos y a las organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas y civiles a estar alertas, a movilizarnos de manera unitaria para impedir la aprobación de la reforma judicial y de todas las contrarreformas neoliberales que lesionarán de manera grave los derechos de todos los mexicanos».
08/GG/CV
