En Chihuahua, Dulce Ramos y Marco Antonio Mendoza, reporteros del periódico Diario, denunciaron que agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) los encañonaron y les arrebataron una cámara de video, mientras realizaban la cobertura periodística de un operativo policial integrado por unos 20 agentes federales, en el municipio de Delicias.
De acuerdo con La Jornada Michoacán, eran aproximadamente las 11:00 horas del lunes de la semana pasada cuando los elementos federales que viajaban en dos camionetas Ford F150, números 10639 y 10683 les marcaron el alto para pedirles algún documento que los identificara.
Continuaron su recorrido, pero unas seis cuadras adelante, los policías federales –ahora con el rostro cubierto con pasamontañas y portando armas largas—nuevamente rodearon el vehículo de la y el periodista. Uno de los policías les dijo que apagaran «esa chingadera», refiriéndose a la cámara de video, detuvieran el auto y bajaran de él.
Les quitaron la cámara, le sacaron el caset y revisaron la camioneta. Después aventaron ambos objetos dentro del vehículo de la y el reportero.
Mientras eran amenazados, dice La Jornada Michoacán, la y el reportero solicitaron ayuda a la Policía Municipal, que nunca llegó, a pesar de estar a una cuadra del sitio de la agresión.
Hugo Zapata, agente del Ministerio Público Federal adscrito a Delicias, afirmó que desconocía la presencia de agentes federales enviados a ese municipio.
SOLDADOS EN MICHOACÁN
En Morelia, Michoacán, Ignacio Roque Madrid, corresponsal del periódico La Crónica, denunció que el pasado 14 de febrero, aproximadamente a las 21:30 horas, 40 soldados del Ejército mexicano catearon su domicilio y lo amenazaron encañonándolo, informó el periódico La Jornada Michoacán.
Roque Martín denunció el hecho días después de ocurrido porque durante el cateo el militar que comandaba a los demás soldados lo amenazó. Detalló que unos 25 soldados rodearon su domicilio, ubicado en la calle Alemania, colonia Valle Quieto, mientras otros 15 penetraron a su casa. Tenían los rostros cubiertos, excepto el militar al mando.
Bajo el argumento de que en el domicilio había una persona secuestrada, los soldados entraron en la casa, sin mostrar ninguna identificación ni orden de cateo. Lo fotografiaron como «señal de advertencia», dice el diario.
Por ello, responsabilizó al Ejército mexicano de que pueda ocurrirle a él o a su familia. E informó al gobernador Leonel Godoy Cota de los hechos. También interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien la turnó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que se trata de un asunto federal.
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