Este 4 de abril se cumple un año de la suspensión formal de los trabajos para el rescate de los cuerpos de los 63 mineros atrapados en la mina 8 Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, ubicada en la parte norte del estado de Coahuila. La trasnacional Industrial Minera México (IMM) paró los trabajos días antes, con la complacencia de las autoridades; le bastó un simple peritaje a modo para justificar el cierre de la mina.
Era precisamente en la Semana Santa del año pasado cuando cerca de 40 personas, viudas, madres, padres y hermanos, que seguían los trabajos de rescate recibieron esa infortunada noticia. Salió a dar la cara el médico de la empresa Enrique Valverde Durán para anunciar que los trabajos de rescate «se detendrían por tiempo indefinido hasta que hubiera una orden en contrario de las autoridades».
Medios de comunicación tremendistas daban a conocer «…que en el fondo de la mina podría haber grandes concentraciones de agua, misma que estaría contaminada por las bacterias que desechan los cuerpos en estado de descomposición, siendo éste un riesgo inminente para los rescatistas y sus familias porque podrían adquirir enfermedades contagiosas».
El estudio de la empresa revelaba la existencia de agua al interior de la mina y que su exploración y rehabilitación expondría a los rescatistas «a peligros infecciosos crónicos, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis» (¡¡¡¡!!!!).
Nunca pudieron tener acceso al agua almacenada los «científicos» contratados por IMM; pese a ello, se atrevieron a afirmar aspectos técnicos fantasiosos.
Por el tiempo transcurrido de la muerte de los mineros, es imposible que la descomposición de los cuerpos pudiera crear estos «agentes patógenos». Especialistas en materia bacteriológica que tuvieron en sus manos el estudio de IMM no cabían de la sorpresa que un documento sin sustento sirviera de base para detener el rescate.
Después de esta revelación la empresa buscó parar el reclamo de la recuperación de los cuerpos de los mineros, depositando $181,621.00 como «reparación del daño» para cada viuda afectada. Pero no logró calmar las protestas.
El 12 de abril de 2007 las viudas y las familias de Pasta de Conchos llegaron, como pudieron, a la Ciudad de México para entrevistarse con Javier Lozano, Secretario de Trabajo (ST), buscando su apoyo. Les acompañó una comisión de diputados del PRI, PAN y PRD y asesores. Sin embargo, la autoridad fue renuente en aceptar la presencia de asesores, mucho menos relacionados con la Pastoral Laboral que encabeza el obispo de la Diócesis de Saltillo Raúl Vera.
Ese día pude constar la limitada visión del ST para enfrentar los problemas laborales al no aceptar la presencia de asesores en este reclamo. Su argumento fue que le interesaba una relación directa con las personas afectadas «sin intermediarios» y que las viudas no necesitaban de abogados porque el gobierno se los iba a proporcionar de manera gratuita.
En la reunión se comprometió a coordinarse con otras dependencias y entidades del Gobierno Federal, para elaborar un peritaje oficial, «totalmente independiente de los realizados por IMMSA, para valorar las condiciones de seguridad que prevalecen al interior de la mina y así conocer la factibilidad para continuar, hasta donde técnica y humanamente sea posible, con el rescate de cuerpos».
Casi seis meses después, el 5 de octubre de 2007 finalmente se emitió un peritaje sin permitir, a pesar de lo ofrecido, la colaboración de técnicos ofrecidos por las familias. Tampoco los familiares participaron como testigos de la investigación.
A los señores Guillermo Iglesias, Francisco Javier Rivera y Gilberto Ríos Ramírez trabajadores mineros de muchos años y expertos en minería, simplemente se les hizo a un lado; sus observaciones no fueron incorporadas al estudio. No se les permitió acompañar y estar presentes en «…el proceso de elaboración del peritaje oficial, desde su inicio hasta las conclusiones del mismo», como se comprometió el ST.
Los familiares fueron engañados por el ST y se dieron cuenta que el interés gubernamental era proteger a como diera lugar los intereses de la empresa IMM.
Ante el engaño sufrido en la ST las familias de Pasta de Conchos solicitaron a la Cámara de Diputados gestionar una entrevista con el Secretario de Gobernación. Finalmente se logró la reunión el viernes 7 de marzo de 2008 siendo recibidas las viudas directamente por Juan Camilo Mouriño titular de esa dependencia; el trato recibido fue de total apertura, se permitió sin objeción, con la comisión de diputados designada, la asistencia de asesores y técnicos geólogos.
Fueron cerca de tres horas en que el Secretario de Gobernación y su equipo más cercano escuchó de las familias sus demandas y argumentos. Vio con atención el plano de la mina y los avances en el rescate.
En la reunión se le demostró la falta de autonomía de los peritos representados en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, evidenciada con declaraciones del ST, que adelantaba 15 días antes los resultados del peritaje.
La petición de las viudas al titular de Gobernación fue que se permitiera realizar una visita de expertos a la mina para comprobar su situación.
La respuesta ya no se dio en una nueva reunión como se prometió para el 17 de marzo. Fue en un escueto documento de apenas cuartilla y media negando la posibilidad de continuar los trabajos de rescate con argumentos idénticos a los formulados por la ST. La petición de las familias para que estuvieran presentes expertos en la mina para conocer su situación ni siquiera fue respondida.
En este conflicto el gobierno federal no puede desconocer su responsabilidad con las viudas y las familias para rescatar a sus muertos, por la negligencia de IMM y de la ST de no realizar las acciones necesarias para prevenir esta tragedia. La impunidad no debe ser el signo de este gobierno.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
