La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a sus Estados miembros, entre ellos México, otorgar máxima prioridad política para resolver la impunidad en los asesinatos de periodistas, que sumaron 157, en 19 países de la región entre 1995 y 2005, ocurridos por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de la actividad periodística.
La mayor cantidad de estos asesinatos, informa la OEA a través de un comunicado difundido por Cencos, se concentró en Colombia (75), Brasil (23) y México (20), de acuerdo al Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas en el Período 1995-2005, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística, publicado hoy por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
En Colombia, 75 reporteros fueron asesinados, y apenas en 7 de esos casos ha habido algún tipo de sentencia condenatoria. En cuanto a Brasil, de los 23 asesinatos contra comunicadores sociales, en sólo 9 se han dictado sentencias condenatorias.
De los 20 asesinatos de reporteros ocurridos en México, únicamente en 4 se han producido sentencias condenatorias. A su vez, en Guatemala no se habría producido sentencia condenatoria en ninguno de los 9 casos, mientras que en Haití, en tan solo 2 de los 6 casos se han dictado sentencias condenatorias.
En el estudio, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2008, la Relatoría Especial resalta, en general, que las investigaciones de estos asesinatos han sido excesivamente lentas.
La mayoría de las investigaciones presentan serias deficiencias en su desarrollo, enfrentan obstáculos y no han permitido el esclarecimiento de los hechos o arribar a sentencias condenatorias. Según el estudio, en los 32 casos que han registrado algún tipo de sentencia condenatoria, éstas no siempre se han hecho efectivas, ni han necesariamente comprendido a todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos.
Ante la situación que describe el Estudio Especial de Asesinatos a Periodistas, la Relatoría Especial pide que hagan investigaciones imparciales, serias y diligentes que resulten en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores «materiales e intelectuales», su captura, su enjuiciamiento y su sanción efectiva.
También sugiere que se fortalezcan las dependencias encargadas de investigar los asesinatos de comunicadores sociales, que se remuevan los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las investigaciones, así como que se garantice la seguridad de los testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces, y abogados. Además, exhorta a los Estados a que adopten medidas para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas.
«La presencia de formas más sutiles de afectar la libertad de expresión que observamos en la región, como por ejemplo los procesos penales contra comunicadores, la asignación de la publicidad oficial como premio o castigo según la línea editorial de los medios, la presión oficial a medios de comunicación, la asignación o revocación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, y las afectaciones al pluralismo derivadas de monopolios, o concentración creciente, de propiedad en los medios de comunicación, ya sea por parte de Estados, de individuos o de empresas, no nos debe hacer perder de vista que en las Américas se sigue matando a los periodistas, y que la gran mayoría de esos asesinatos quedan en la impunidad», dijo el Relator.
«De esta preocupación surge la idea de hacer un estudio que sea un llamado a la concientización sobre la existencia de un problema extremadamente grave», afirmó el Relator. Agregó que: «Estamos concientes que muchos asesinatos pueden provenir del narcotráfico, de otras formas del crimen organizado, de paramilitares y de grupos armados disidentes. Sin embargo, la investigación y sanción de los casos corresponde a los Estados, a través de sus tribunales y demás órganos competentes. La impunidad es responsabilidad de los Estados».
El asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información, señala el Estudio Especial sobre Asesinatos a Periodistas.
La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas cometidos por estas razones, pueden tener el grave efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión.
El estudio también destaca la obligación positiva que tienen los Estados de investigar estos asesinatos con efectividad, determinar sus causas y sancionar a los responsables. También señala que incumplir esta obligación y la impunidad en la que deriva, genera la responsabilidad internacional de los Estados, tanto cuando se trata de crímenes cometidos por agentes del Estado como cuando han sido llevados a cabo por particulares.
EL ESTUDIO
El criterio para registrar los asesinatos que abarca eL estudio se basó en crímenes «cometidos por motivos que pudieran estar relacionados con la actividad periodística».
La Relatoría elaboró un cuadro preliminar con el nombre del periodista o comunicador asesinado, la fecha y el país donde ocurrió el crimen y una breve descripción de los hechos, en base a los informes anuales de la Relatoría Especial, al monitoreo diario que realiza a la situación de la libertad de expresión en la región, a los comunicados trimestrales, a la información recibida de los Estados y a la información pública manejada por organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
Un cuadro con datos preeliminares fue enviado en 2006 a los Estados, organizaciones no gubernamentales y a otras instituciones, junto con una solicitud de información sobre el estado de las investigaciones de dichos crímenes en base a un cuestionario.
Sobre la base de la información recolectada en esta consulta, se hizo un borrador del cuadro final que en enero de 2008 nuevamente se envió a los Estados a fin de recibir sus observaciones y la actualización de la información que pudieran considerar pertinente. Luego se hizo un estudio analítico de la información sistematizada en el cuadro final.
La Relatoría Especial resalta igualmente que en los años 2006, 2007 y en lo que va de 2008, ocurrieron en varios países de la región nuevos asesinatos de periodistas, por razones que pudieran estar relacionados con su trabajo, en un número que continúa siendo muy elevado.
PERIODISTAS ASESINADOS Y SENTENCIAS
De 1995 a 2005, el número de periodistas y comunicadores sociales asesinados fue: Colombia 75, Brasil 23, México 20, Guatemala 9, Haití 6, Perú 4, Nicaragua 3, Argentina 2, Canadá 2, Paraguay 2, República Dominicana 2, Venezuela 2, Costa Rica 1, Ecuador 1, El Salvador 1, Estados Unidos 1, Bolivia 1, Honduras 1 y Uruguay 1.
Y el número de casos con algún tipo de sentencia condenatoria fue: Colombia 7, Brasil 9, México 4, Guatemala 0, Haití 2, Perú 1, Nicaragua 3, Argentina 1, Canadá 1, Paraguay 1, República Dominicana 1, Venezuela 0, Costa Rica 1, Ecuador 0, El Salvador 0, Estados Unidos 0, Bolivia 1, Honduras 0 y Uruguay 0.
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