Afirma la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María del Rocío García Gaytán, que para el Gobierno Federal antes del 1º de febrero de 2007 las mujeres «nos encontrábamos en condiciones de discriminación y violación a nuestros derechos fundamentales, quedando marginadas de toda protección jurídica».
«Pero a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –asegura– estamos incidiendo en la construcción de políticas a partir del nuevo marco jurídico en materia de combate a la violencia contra las mujeres».
Sin embargo, las 117 diputadas federales de siete partidos políticos consideran, en oposición a lo dicho por Inmujeres, que «para que la mujer pueda llegar a una verdadera equidad de género es necesario que salve primero los problemas económicos y sociales que tiene», tal como lo planteó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Ruth Zavaleta Salgado.
Durante su ponencia «A Favor de los Derechos de las Mujeres. Por la Equidad de Género» –cuya copia tiene este medio–, García Gaytán reconoció que antes del 1º de febrero del año pasado, «era difícil que el Estado tomara en cuenta las nuevas dinámicas y características en que la violencia hacia las mujeres era ejercida, mostrando falta de civilidad y conciencia ante un problema social y de salud pública.
Y señaló como ejemplo paradigmático de esta falta de interés y que posicionó el tema a escala internacional «lo sucedido en Ciudad Juárez, en donde se reflejó a la luz pública que la defensa de las garantías de las mujeres quedaron inexistentes».
Este escenario, añadió la presidenta de Inmujeres, dejó de manifiesto la inseguridad pública, la falta de planeación urbana, la falta de capacidad humana y material para responder eficazmente, el poco apoyo de las autoridades a las familias de las mujeres desaparecidas y asesinadas pero, sobre todo, impunidad.
En este último aspecto, dijo hablando en tiempo pasado, «fue clara «la falta de preparación, coordinación y voluntad social para atender la problemática, por parte de las dependencias encargadas de procurar y administrar justicia».
Por eso, afirmó, se revisaron acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que tuvo eco en Felipe Calderón que «en medio de una gran controversia respecto a su publicación», tomó convencido la necesidad de promulgar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reiterando así su compromiso por atender, desde su administración pública federal, la defensa y respeto de los derechos humanos de las mujeres», sostuvo García Gaytán.
E hizo un recuento sobre las acciones que considera como logros de la administración federal en materia de derechos de las mujeres, sin mencionar ni al movimiento de mujeres, feminista, a legisladoras y señalando apenas la participación de organizaciones de la sociedad civil en dichas acciones:
— Abril 2007. Se emite el Acuerdo de Instalación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. En el Sistema participan nueve dependencias y se han abordado la aprobación del Reglamento Interior del mismo; la presentación del Modelo nacional de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género y la organización del Foro Nacional para la Elaboración del Programa Integral de los modelos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
— A un año de entrada en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 18 entidades federativas han aprobado la legislación local en la materia.
— A través del Inmujeres se cuenta con un presupuesto de mil 700 millones de pesos para favorecer la acciones en busca de logar mejores condiciones de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres.
— A nivel federal se operan líneas telefónicas de atención desde el Instituto, la Procuraduría General de la República (PGR); diez entidades federativas y 13 municipios.
— Existen 59 refugios en 29 entidades federativas, de los cuales 20 pertenecen a gobiernos locales, mientras que 39 son iniciativas de organizaciones de la sociedad civil.
— Firma de convenio con el Consejo General del Poder Judicial con el objeto de fortalecer, a través del enfoque de género, la labor que desempeñan juzgadores, juzgadoras, secretarios y secretarias de acuerdo y de todas las personas involucradas en la actividad jurisdiccional, cuyo recurso etiquetado asciende a 31 millones de pesos.
— El Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional Sobre la Igualdad de Género y No Violencia Contra las Mujeres, por parte del Inmujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
García Gaytán concluye: «Es de esta manera que desde Inmujeres estamos incidiendo en la construcción de políticas públicas a partir del nuevo marco jurídico en materia de combate a la violencia contra las mujeres».
EXISTEN DERECHOS, FALTA LOS HECHOS: PT
Pero no opina igual la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Rosa Elia Romero Guzmán, quien consideró que hoy, cuando ya existen algunos derechos favorables a la mujer, «todavía hace falta que se traduzcan en hechos reales», porque «las mujeres no solamente hemos sido juzgadas en el plano económico y político, sino de manera especial en el ideológico (…) En América Latina el surgimiento y desarrollo del Estado, así como su relación con el colectivo femenino, hizo evidente que se trataba de una relación de dependencia, basada en la concepción patrimonialista y utilitaria sobre las mujeres».
A su vez, explicó Romero Guzmán, la familia y la Iglesia actuaron como instituciones normativas y garantes de mantenimiento y modernización del orden patriarcal y de la exclusión de las mujeres del sistema político. El estatus femenino confinado a la reproducción biológica y social no sólo se mantuvo, sino que se reelaboró en la modernización de los gobiernos populistas.
«Al reconocer su condición de ciudadanas y concederles el voto, el populismo hizo más funcional la relación con las mujeres. La mayoría de los gobiernos se vieron obligados a legitimar el voto femenino, primero por la lucha que emprendieron las mujeres; segundo, por el interés de mantenerse en el poder, porque las mujeres representan la mitad del porcentaje electoral», dijo.
La década de los sesenta y setenta conoció movimientos feministas vigorosos y una gran parte de ellos en América Latina se vincularon con la lucha revolucionaria de los pueblos, dando por resultado que hoy ningún Estado que se diga democrático niega la igualdad de la mujer y promueve acciones afirmativas para la mayor participación de ellas.
«Sin dejar de reconocer el enorme esfuerzo que realizaron millones de mujeres en el pasado y sin dejar mencionar que gracias a ese esfuerzo, hoy gozamos de limitados derechos, hoy, cuando ya existen algunos derechos favorable a la mujer, todavía hacer falta que se traduzcan en hechos reales», sostuvo Romero Guzmán.
A su vez, para la diputada del Partido Nueva Alianza, Irma Piñeyro Arias, «en nuestra sociedad los estereotipos y prejuicios en materia de género le han asignado a la mujer el rol de la reproducción y, por lo tanto, su papel en todos espacios ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado.
Y aclara: Existe la creencia que es el hombre quien ejerce la función de cabeza de familia en el hogar. Sin embargo, cifras recientes revelan que la situación ha cambiado. Hoy, la mujer es quien dirige y se hace cargo de su familia en cientos de miles de hogares mexicanos. Paradójicamente, como fruto de la ancestral división del trabajo, socialmente reconocida y aceptada, las mujeres se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas con miras a asegurar la subsistencia de sus familias.
Para Piñeyro Arias la tarea de la mujer en nuestro país está estrechamente vinculada a una doble jornada. Se caracteriza por la diversidad de labores que asumen en bienestar de sus familias y comunidades como madres, profesionistas, agricultoras en la producción de alimentos y comerciantes, entre otros.
NI FLORES NI CHOCOLATES: PAS
La diputada federal del Partido Alternativa Social (PAS), Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, rechazó que el Día Internacional de la Mujer sea una fecha para el regalo de flores y chocolates ni de felicidades a las «mujercitas» en este día: en el Congreso de la Unión se traduce en la aplicación de medidas concretas que abonan a la eliminación de la inequidad entre los géneros.
Y enumeró que se deben promover la igualdad social, el desarrollo y la paz para todas las mujeres en interés de la humanidad y tomar medidas para erradicar la pobreza de la mayor parte de la población, con base en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social.
Además, todos los derechos de las mujeres son derechos humanos, por lo que debe impulsarse la igualdad en su reconocimiento y disfrute, particularmente a una vida libre de violencia, aseguró Conde Rodríguez quien añadió que debe, también, impulsarse la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos de toda índole, incluidas la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, promoviendo en particular la independencia económica de las mujeres.
Asimismo, dijo la diputada del PAS, deben reconocerse e impulsarse la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y fomentar una asociación armoniosa entre ellas; así como hacer un reconocimiento explícito y la reafirmación de derechos de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular los que tiene que ver con su propia fecundidad.
08/GGL/GG
