En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para argumentar a favor y en contra de la Ley que permite interrumpir legalmente un embarazo hasta las 12 semanas, la Red Nacional de Jóvenes Católicos por el Derecho a Decidir (RNJCDD) exhortó a los Congresos estatales a adoptar esta legislación en sus respectivas entidades federativas.
En un comunicado, a un año de conmemorar la entrada en vigor de esta legislación para el Distrito Federal, la RNJCDD pidió a los congresos estatales armonizar las leyes en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para igualar los derechos de todas las mujeres en México, así como la elaboración de reglamentos que hagan accesible la ILE en todos los casos permitidos por la Ley.
Asimismo, convocaron a la jerarquía católica a un diálogo tolerante y respetuoso del Estado laico y de los derechos humanos de las mujeres.
En tanto, durante su participación en la segunda audiencia pública del pasado viernes 25 de abril, la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) Martha Lucía Micher Camarena, observó al pleno de la SCJN que tiene en sus manos «la oportunidad histórica de realizar un análisis de las reformas impugnadas desde una perspectiva de género».
Y enfatizó que el gobierno del Distrito Federal en congruencia con las recomendaciones internacionales, al legislar la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas de gestación, brinda una opción segura y gratuita a las mujeres con embarazos no deseados, evitando ser responsable de actos u omisiones que desde la función pública obstaculizarían el acceso al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incurriendo en violencia institucional.
«Ahora las mujeres en el ejercicio de su derecho a decidir en el Distrito Federal cuentan con las posibilidades de interrumpir su embarazo, continuar con él o bien, continuar con el embarazo y dar a su hijo o hija en adopción», apuntó Micher.
INCONSTITUCIONALIDAD
Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en menos de diez años, que se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto, tal y como hace cinco años lo hicieran los legisladores panistas y del Verde Ecologista contra la llamada «Ley Robles».
Esta será también, la segunda ocasión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga en sus manos determinar si son constitucionales o no las reformas planteadas a la Ley de Salud y al Código Penal para el Distrito Federal que despenalizan el aborto para las mujeres del DF.
Cuando se discutió la llamada Ley Robles que amplió las causales de aborto no punible por motivos eugenésicos y reglamentó en el Código Penal y de Procedimientos el derecho legal de las mujeres a practicarse un aborto producto de una violación, se argumentó como entonces, que dichas reformas violentaban la Carta Magna.
Tras la aceptación de la SCJN de revisar el recurso de inconstitucionalidad presentado por los legisladores panistas y del Verde Ecologista, tuvo que transcurrir un año cuatro meses para que finalmente la Corte se pronunciara a favor de la constitucionalidad de dichas reformas que entonces fueron revisadas por la ministra Olga Sánchez Cordero.
08/LGL/CV
