Este domingo, en el aniversario de la represión en San Salvador Atenco, en el que 23 mujeres fueron ultrajadas, Karen Alba de la Cruz, de 18 años, fue secuestrada por unos matones vestidos de Agentes Federales de Investigación, en su casa de Petatlán, Guerrero, luego que dos de sus hermanos fueron ejecutados.
Los hechos en Iguala y Petatlán este fin de semana, son como un mapa de México.
Los delincuentes buscan matar a Rogaciano Alba Álvarez, jefe de la Unión Regional Ganadera. Rogaciano los evade, se salva, ahora está protegido por las fuerzas múltiples.
Rogaciano es priista, del grupo de Rubén Figueroa, uno de los más oscuros y perversos caciques regionales de la historia de México. Y Rogaciano, además, es investigado por sus ligas con el narcotráfico, involucrado en el asesinato de dos conocidos líderes ecologistas y mencionado una y otra vez como enemigo de Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, cuya muerte sigue en una interrogación.
Lo de Petatlán y la balacera una noche antes en Iguala, donde en total se cuentan 20 homicidios, a quemarropa, crueles, de espanto, es lo de a diario, en un país que quería la paz y la concordia, donde los políticos se llenan la boca hablando de «Estado de Derecho».
Esto, lo de Petatlán seguramente ya se tatuó en la mente de Karen, hija del cacique, usada como botín de guerra, casi adolescente que ya habrá sabido de otros horrores, como lo saben las jovencitas violadas, perseguidas, encarceladas por el poder institucional en Santiaguito, después de Atenco, usadas por el poder como botín.
Las mujeres son así torturadas, una y otra vez. Sistemáticamente, como lo recuerda Victoria Mendoza Salgado, sobreviviente de la guerra sucia de los años 70.
Ella tenía 17 años cuando fue secuestrada y torturada junto a sus dos hermanas Josefina y Xóchitl y su hermano Raúl, allá en Morelos en 1977.
Victoria, 30 años después escribió un libro. Se lo sacó de adentro, para continuar, para homenajear a muchos torturados que ya no pueden denunciar. Su libro se presentará en el Distrito Federal este 6 de mayo. (Club de Periodistas 12 horas).
Estas historias, parecidas, semejantes, contradictorias, terribles, parecen ficción y son, en el tiempo, México durante 35 años, como una cinta que se repite en pantalla, ante el azoro y la estupefacción de varias generaciones.
Años de lucha de las doñas pidiendo justicia. Así, doñas, se las nombra en confianza a las madres de los desparecidos.
Victoria espera que «nunca más vuelva a ocurrir» lo de ella, lo de sus hermanas y su hermano Raúl, lo del Campo Militar y lo del penal de Atlacomulco, hoy transformado en un parque.
Nadie quiere que vuelva a suceder, como se le llena de dignidad el rostro a la catalana Elena Valls, torturada en el autobús que llevó a las mujeres de Atenco a Santiaguito, aquel 4 de mayo de 2006.
Y se lucha porque no se repita. Que nadie narre de nuevo la historia del miedo que las mujeres de Oaxaca, de la APPO, intentan olvidar, como requisito para volver a empezar.
Yo me pregunto si se puede hablar de democracia, tejiendo lo social con tanto dolor. Y me vuelvo a interrogar de cómo se puede vivir sabiendo que el régimen manda a los militares, con estrellas y entrenamiento sofisticado a rodear la casa de Rogaciano, para protegerlo y manda a los miembros del Ejército a rodear un pueblo olvidado y pobre en Michoacán, como sucedió en Cuarácuaro o lo manda a una estancia entre indígenas totonacas en la sierra de Zongolica, en Veracruz, y lo manda a torturar y a perseguir, contra lo que dice la Constitución.
Y los militares han sido reducidos a una especie de policías con permiso para todo, matones y violadores, enviados a combatir el crimen organizado –que nadie sabe bien qué es eso–, crimen organizado con el que está en guerra el señor Felipe Calderón, sin más autoridad que la que le confiere el capital organizado que lo ha mandado, recientemente, a secuestrar el petróleo para las reservas de los Estados Unidos.
Sobre Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá el informe del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en unos días, basado en entrevistas a 301 personas, de los cuales 228 eran policías, diez altos funcionarios federales y del Estado de México, nueve agentes de migración, además de 19 atenquenses que fueron liberados y 26 todavía recluidos. Así como 9 personas más.
Es decir un informe muy equilibrado, 228 policías, 19 atenquenses; en fin. El llamado máximo tribunal tendrá que analizar la responsabilidad del gobernador Enrique Peña Nieto y del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, operador de los hechos y actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
El desafío de la SCJN es fundamental. Los ojos del mundo están ahí, porque Atenco, la guerra sucia y la guerra entre narcos y políticos, también importa a los socios del grupo que se hizo del poder.
La SCJN tendrá que resolver el tema del aborto en el Distrito Federal, como tuvo que resolver los resultados electorales en 2006.
La Suprema Corte ya ha sido puesta en su lugar por la gente del pueblo, esa que toma calles y protesta. Ahora con el informe sobre Atenco, volverá a probarse.
¿Qué autoridades son responsables de violar las garantías individuales en Atenco: cómo se toma la decisión para el uso de la fuerza, planeación del operativo, coordinación de acciones, supervisión y ámbitos de control?
No está sencillo. Y se pasa el tiempo, crece el mapa de injusticia e impunidad agudizado por quien administra este gobierno sin legitimidad.
* Periodista y feminista mexicana, fue reportera en los periódicos El Día, unomásuno, La Jornada y directora del suplemento Doble Jornada, directora fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
08/SL/GG
