Amnistía Internacional (AI) pidió que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la vigilancia y las más recientes amenazas sufridas por la religiosa Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), con sede en el estado de Nuevo León, México, y que los responsables comparezcan ante la justicia.
Hace unos días, hombres no identificados amenazaron y vigilaron a Consuelo Morales, en un intento de intimidarla e impedirle llevar a cabo sus «actividades legítimas en defensa de los derechos humanos», señala AI en un comunicado.
Cadhac es una organización no gubernamental y sin fines lucrativos fundada en 1993, cuya principal causa es la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables de la sociedad, dice su página Web, y busca despertar la conciencia de la sociedad civil para que asuma como causa propia la defensa y promoción de estos derechos. Quienes ahí laboran son voluntarios, en su mayoría mujeres.
Recuerda AI que no es esta la primera vez que Morales es amenazadas y hostigada por su trabajo a favor de los derechos humanos. Desde 1996 Cadhac ha documentado y visibilizado las condiciones de reclusión en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, a raíz de lo cual en mayo de 1998 el vicesecretario de Seguridad de Nuevo León acusó públicamente a la religiosa de hacer acusaciones infundadas sobre los malos tratos a los detenidos y amenazó con querellarse contra ella.
El 23 de febrero de 1999, Cadhac hizo una declaración pública sobre los informes de tortura en el Cereso de Apodaca, y al día siguiente varios hombres, algunos con uniformes de la Policía Judicial del Estado (PJE), permanecieron estacionados en dos furgonetas ante las oficinas de la organización. El hecho se denunció a través de un comunicado de AI de marzo de ese año.
Los uniformados siguieron a las y los integrantes de Cadhac cuando abandonaban las oficinas. Además, mensajes anónimos fueron dejados en los contestadores automáticos de las oficinas y en los de las casas de las y los integrantes, se bloquearon también sus aparatos de fax y sus sistemas de correo electrónico.
Ello ocurrió durante el gobierno del panista Fernando Canales Clariond, (1997-2003), tiempo en el cual, señaló la Agencia Apro, del semanario Proceso, se desató una persecución legal en contra de Morales Elizondo, quien encabezaba la comisión de religiosas en la Arquidiócesis y la organización Cadhac.
NUEVA CASTILLA
Uno de los más recientes trabajos de Cadhac es el apoyo a un grupo de personas que tratan de recuperar el acceso a unas tierras situadas en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, conurbano al área metropolitana de Monterrey, de donde habían sido desalojadas.
Las personas tramitaron y ganaron el 14 de mayo pasado una suspensión de la orden de desalojo, otorgada por el juez primero de Distrito en Materia de Amparo, David Cardozo Hermosillo.
Con la suspensión provisional, el 15 de mayo, las y los afectados ingresaron a estos terrenos, informó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» en un boletín. Pero al día siguiente, por la mañana, en un operativo ilegal y arbitrario, detalla el texto, policías de Seguridad Pública del estado y del municipio de Escobedo, irrumpieron en el predio.
Durante el desalojo arrestaron a 30 personas, entre ellas a Alonso Aguirre, integrante de Cadhac, quien se encontraba en el lugar como observador de derechos humanos. En los días que siguieron tanto Aguirre como 24 personas más recuperaron su libertad.
Sin embargo, los cinco restantes enfrentan el cargo de despojo de inmueble, que en Nuevo León es un delito grave que no alcanza fianza, informa la Red.
PARQUE CUMBRES
Amnistía Internacional señala que, en los últimos meses, Cadhac ha estado también coordinando las actividades de protesta contra la creación de un complejo residencial y de ocio en una zona de protección medioambiental denominada Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, no lejos de la ciudad de Monterrey, capital del estado.
Este complejo, que supone una inversión de 500 millones de dólares estadounidenses, ha atraído el interés de grandes empresas locales y puede afectar gravemente al medio ambiente y a los recursos de agua de varios municipios, detalla AI.
«En las últimas manifestaciones contra este proyecto, realizadas el 18 de mayo y organizadas por Cadhac, participaron unas 400 personas», dice el texto.
AI informa que un día antes de la manifestación, el automóvil de la religiosa, que una amiga suya había tomado prestado, fue rebasado por otro auto donde viajaban tres hombres, quienes obligaron a la amiga de Morales a detenerse. Uno de los tres hombres salió y se dirigió hacia el auto, cuando se acercó lo suficiente para ver con claridad a quien lo conducía, se detuvo, volvió a su vehículo y se marchó.
Más tarde, ese mismo día, se recibió en las oficinas de Cadhac una llamada telefónica en la que dijeron: «no te acerques, pinche monja». El 19 de mayo, relata AI, la hermana Consuelo observó una furgoneta con cristales polarizados estacionada ante su casa. Mientras observaba al vehículo, éste se movió ligeramente hasta quedar fuera de la vista, y luego se marchó media hora después.
Amnistía Internacional teme que estos actos de intimidación puedan ser una represalia por las recientes actividades de Cadhac en defensa de los derechos humanos en la región, y teme también por la seguridad de las y los integrantes de esta organización, por lo cual pide se investiguen.
Además solicita a las autoridades tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la defensora de derechos humanos y de las y los integrantes de Cadhac, con el fin de que puedan seguir adelante con sus actividades legítimas.
AI, recuerda a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades las defensoras y defensores de los derechos humanos y su derecho a llevarlas a cabo sin restricciones y sin temor a represalias.
08/GT/GG
