Con el fin de buscar la equidad en las condiciones económicas, políticas y sociales, las diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Maricela Contreras Julián, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) respectivamente, propusieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declarar 2009 como «Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres».
Fue la legisladora priista Bertha Yolanda Rodríguez quien solicitó a legisladores de las Cámaras de Diputados y de Senadores hacer esta declaración ante la desigualdad que aún existe en nuestro país por razones de género, «la cual se ve reflejada claramente en que de los 60 millones de pobres, el 60 por ciento son mujeres, producto de falta de oportunidades para su desarrollo y la carencia de un patrimonio propio», a 33 años de que México fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Durante su intervención, la legisladora federal del PRI recordó que también «es importante mencionar que en diversas partes del mundo y en nuestro país se han dado diversos esfuerzos de muchos sectores de la sociedad para lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres y para dejar patente que aún falta camino por recorrer para alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo en una sociedad que aspire a ser democrática».
Las condiciones de vida de las mujeres en el planeta, paradójicamente, aún se enfrentan a esquemas similares donde se quiere imponer una visión que se niega a reconocer que el principio de igualdad implica un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, dijo Rodríguez.
Nuestro país no es la excepción, continuó, si bien se han tenido avances significativos con la aprobación de legislaciones que reconocen los derechos de las mujeres, o con el diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, lo cierto es que estos pasos han sido posibles gracias a la lucha de miles de mujeres que han convertido en conquista de sus derechos, lo que debiera ser una práctica en el ejercicio de gobierno, por lo que el panorama que se presenta en nuestro país respecto a la situación de las mujeres no es nada alentador, apuntó
En su exposición de motivos, Rodríguez Ramírez manifestó –a nombre propio y del de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián– que en materia de participación política, el Índice de Desigualdad que presentó el Foro Económico Mundial en 2006, México figura en el lugar 75 de un total de 115 países que fueron evaluados en materia de equidad de género; según el reporte, el país está más atrasado en esa materia que naciones como Honduras, Kenya y Malasia.
Asimismo, en la pasada reforma electoral no se logró el consenso para establecer la paridad de género, sino que sólo se estableció la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas sin que excedan de porcentajes de 60 y 40 entre los géneros, lo que no garantiza la igualdad constitucional.
Pese a que la población femenina representa el 39 por ciento de la población económicamente activa, todavía enfrenta graves problemas de discriminación y segregación laboral y salarial, ya que cuando alcanza la misma productividad que el hombre recibe trato y salarios distintos; en nuestro país la mujer presenta un ingreso económico promedio 35 por ciento inferior al del hombre, apuntó Rodríguez Ramírez.
Además, en el documento signado por las diputadas del PRI y del PRD, se asegura que en lo que respecta a la trata de personas y la explotación sexual infantil, tampoco hay datos alentadores: en un informe respecto al tráfico de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, indica que la mayoría de las mujeres, niños y niñas que son objeto de trata en nuestro país provienen de América Central con destino a la Unión Americana y Canadá.
Y datos del Fondo de las Naciones Unidas para la niñez calculan que entre 16 mil y 20 mil niñas y niños mexicanos son sujetos de abuso sexual, principalmente en la franja fronteriza y destinos turísticos.
«Qué decir del problema migratorio: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que en la frontera sur de México, un 70 por ciento de las migrantes es víctima de violencia, de las que un 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual que llega hasta la violación; además en la frontera mexicana con Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos, en que las mujeres son víctimas de violencia sexual y prostitución», se lee en el texto.
Una problemática grave también es la violencia de género en nuestro país y que. en casos paradigmáticos, estas conductas siguen impunes pues hay una total ausencia de impartición de justicia para las víctimas.
Ante diputadas, diputados, senadoras y senadores, Rodríguez Ramírez enlistó los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, los altos índices de feminicidios en el los estados de Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Quintana Roo y Estado de México, la falta de transparencia en los procesos militares por violaciones a niñas y mujeres en Coahuila, Michoacán, Chiapas y Veracruz; o la impunidad de los casos de la matanza de Acteal, que a más de diez años de haber sido perpetrada, aún no se castiga a los responsables de la muerte de 45 indígenas, entre los cuales hubo mujeres embarazadas que fueron brutalmente asesinadas.
EL AÑO
«Podemos seguir citando cifras y mencionando casos donde la constante es la falta de respeto a los derechos de las mujeres y las condiciones de desigualdad que enfrentan; sin embargo, lo importante es que estas circunstancias nos permitan hacer visible la problemática y que sirvan de base para que adoptemos el compromiso de realizar acciones para abatir esta realidad», por lo que «consideramos de vital importancia que el Congreso de la Unión declare el 2009, como `Año para la igualdad entre mujeres y hombres´, lo que permitirá lo siguiente:
«Visibilizar la problemática que enfrentan las mujeres en este país y la desigualdad que aún persiste por razones de género; reforzar las políticas públicas y acciones de diversa índole que se realizan para reducir la brecha de inequidad entre mujeres y hombres; sumar voluntades políticas para avanzar en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres».
Asimismo, «destacar la importancia del respeto al derecho constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres, entre las dependencias e instituciones de la Administración Pública, así como en los poderes legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, y de la sociedad en su conjunto: avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ya que este atraso que existe ha sido el detonante de la violencia de género que padecen miles de mujeres en todo el mundo y en nuestro país».
Y esa violencia se manifiesta también con la aplicación de una política que no garantiza el derecho de las mujeres a la alimentación, la vivienda o la educación, lo que da lugar a la feminización de la pobreza; o que tampoco es capaz de brindar servicios de salud gratuitos y eficientes, o que no garantiza un trato justo y digno en el ámbito laboral o una participación política plena de las mujeres, concluyó Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.
08/GGL/GG
