Tras negarse a opinar si el caso de la periodista Lydia Cacho está cerrado para la justicia de Quintana Roo, su abogado Xavier Olea Peláez enfatizó que será el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad quien confirme o invalide la determinación del juez segundo de lo penal, Benjamín Navarrete, quien el lunes pasado negó la orden de aprehensión contra cuatro policías que torturaron a la periodista durante su traslado de Cancún a Puebla en diciembre de 2005.
Entrevistado por Cimacnoticias, el abogado advirtió que en el caso de que esta instancia (Tribunal) determinara no librar las órdenes de aprehensión, los cuatro policías quedarían en completa libertad y «ya no habría nada que hacer».
Olea Peláez se negó a decir si con esta negativa del juez para detener a los policías el caso estaría cerrado en la justicia quintanarroense. «Pregúntele al procurador del estado (Bello Melchor Rodríguez Carrillo) si el caso de Lydia Cacho está cerrado, porque él tuvo que haber apelado la orden del juez», respondió.
Señaló lo anterior, al cuestionar la actitud de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, que en su opinión, «debió haber apelado» la decisión del juez.
LA PGR, SU ESTRATEGIA
Para el representante legal de Cacho Ribeiro no hay más: el delito (de tortura) contra la periodista se cometió en Quintana Roo desde el momento en que fue aprehendida por los policías poblanos y explicó a Cimacnoticias, en detalle, la ruta de «competencias» que ha seguido la investigación.
La averiguación previa se inició en la justicia federal, en la Procuraduría General de la República (PGR). Ésta consignó a un juez federal en la Ciudad de México y, a su vez, éste dice que no es competente para conocer del caso en virtud de que el delito se cometió en Quintana Roo. Y es cuando se remite a un juzgado federal en esa entidad federativa, precisó Xavier Olea Peláez.
Una vez que el juez federal de Quintana Roo analizó el caso, explicó el abogado Olea Peláez, señaló que no era competencia del fuero federal sino del común, entonces remite los autos a un juez del fuero común que tampoco lo acepta.
Y en virtud de que hay un conflicto «de competencias», que alargan el proceso, la ley señala que un Tribunal Colegiado tendrá que decidir qué juez es el competente, aclaró.
Explicó la ruta final que siguió el caso: llega hasta un Tribunal Colegiado Federal en Quintana Roo, quien determina que la competencia es del juez del fuero común y luego éste, que en su caso es Benjamín Navarrete, negó la orden de aprehensión para los cuatro policías, ordenada por la PGR.
Ahora, enfatiza Olea Peláez, la decisión de confirmar o desechar esta orden del juez, una vez que la PGR se ha lavado las manos al negar su competencia, quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
PGR LIMITA ACTUACIÓN DE LA FEVIM
Cabe recordar que la PGR inició una investigación por el delito de tortura a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), durante su traslado de Cancún a Puebla.
Investigación que, según la entonces fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, «estaría lista» en febrero de 2007 al faltar un «cinco por ciento» de la indagatoria, donde estaría la decisión de consignar o no a los funcionarios implicados en su tortura, según dijo en su oportunidad en entrevista con Cimacnoticias la ex funcionaria de la Fevim (07 febrero 07).
En esa entrevista, Pérez Duarte, quien renunció al cargo en diciembre de 2007, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que no hubo violaciones graves a las garantías de Lydia Cacho, informó que la PGR estaba haciendo «todas las diligencias» para demostrar si había habido o no tortura contra la periodista.
«Estamos revisando que efectivamente se haya investigado hasta lo último y que todas las diligencias posibles estén realizadas. Si eso no nos lleva a concluir que efectivamente hubo tortura, como es nuestra hipótesis, tendremos que reconocerlo y tendremos que archivar el expediente», apuntó.
Y agregó, «pero si eso nos lleva a decir que tenemos elementos suficientes para defenderlo ante tribunales, se hará, estamos en eso, en ese pequeño cinco por ciento que nos falta».
Pero el cinco por ciento nunca llegó y el caso fue trasladado a la Fiscalía especial para periodistas de la misma dependencia, que hoy miércoles el responsable en funciones Octavio Alberto Orellano Wiarco declaró –en entrevista con un medio radiofónico— su incompetencia en este caso.
JUSTICIA INTERNACIONAL, INSISTE CACHO
Por su parte, en una entrevista que concedió a Televisa esta mañana, la periodista Lydia Cacho acusó a la PGR de «rasurar» el expediente de tal forma que pareciera que los policías fueron los únicos implicados en su tortura, cuando hay otros funcionarios públicos, como la procuradora de Puebla, Blanca Alicia Villeda, y el propio Kamel Nacif, quien este miércoles tendrá que asistir al juzgado segundo de distrito del Reclusorio Norte para saber qué nexos tiene con el pederasta Jean Succar Kuri, según reportaron diversos medios nacionales.
Cacho insistió en que ante las «fallas endémicas» de la justicia mexicana, acudirá a instancias internacionales y aunque no precisó si será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diarios locales han señalado que la también activista se irá al Parlamento Europeo, donde se han presentado casos como el feminicidio en Ciudad Juárez y los hechos de Oaxaca y Atenco, recientemente con los informes de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).
Cabe recordar que para que la CIDH admita un caso, se tienen que haber agotado todas las instancias de justicia del país en cuestión.
08/LGL/GG/CV
