La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC (ACADERH) alerta sobre el riesgo que implica que militares patrullen las calles, suplantando a las fuerzas policíacas locales, como sucedió durante el inusual despliegue de células del Ejército Mexicano y de la 18 Zona Militar, realizado del 6 al 8 de junio pasados en las principales ciudades de la entidad.
En un comunicado de prensa, la Academia recuerda que en otras entidades del país, como Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Veracruz, este tipo de operativos ha ocasionado «lamentables sucesos relacionados con los derechos humanos, puesto que los elementos militares no están facultados ni capacitados para hacer funciones de vigilancia, ni persecución de delitos.
El operativo en Hidalgo se realizó en las ciudades de Pachuca, Tulancingo y Apan, desplegando a más de 250 elementos que conformaron patrullas para recorrer distintos barrios y colonias de estas ciudades. Se sabe, explica el comunicado, que estos convoyes dispusieron de 50 vehículos Hummer y 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Los elementos castrenses iban equipados con chalecos antibala y armas de alto calibre.
Por tanto, la ACADERH solicita a las autoridades civiles de Hidalgo, ejecutivas, legislativas y judiciales mantener estrecha relación con las autoridades federales para que los dispositivos de seguridad sean mutuamente coordinados y no suplanten a las corporaciones policíacas locales.
Solicitan también vigilar que los despliegues militares cumplan con actos establecidos por la ley e impedir que causen temor y zozobra entre los ciudadanos o vulneren las garantías individuales establecidas por la constitución. Y que informen y expliquen a la población civil de Hidalgo el alcance y duración de estos operativos así como también el grado de seguridad pública en la entidad.
CATEOS, RETENES Y DESINFORMACIÓN
Sorprende y preocupa, dice la Academia, que en la ciudad de Tulancingo las patrullas del Ejército Mexicano hayan «desarmado» y «despistolizado» a los elementos de la policía municipal, hecho en sí mismo peligroso, no sólo porque no le fue informado a las autoridades municipales, sino porque puso en riesgo la seguridad de los habitantes de la segunda ciudad más grande de la entidad.
Las acciones realizadas en este operativo militar fueron la «revisión de vehículos» y la introducción en las casas, sin contar con orden de cateo y sin orden de aprehensión alguna. Informa la Academia haber recibido llamadas de preocupación, temor e incomodidad.
La ACADERH plantea que las acciones del Ejército Mexicano no se encuadran en lo que dispone la Carta Magna, relativo a las funciones militares, ni tampoco a lo que dispone el Artículo 16 constitucional y demás que hablan sobre el debido proceso y las garantías individuales.
También los «retenes» dentro de la ciudad de Pachuca (Bulevar Bonfil y el establecido en la carretera Pachuca-Tulancingo) no son constitucionales, advierte la Academia, puesto que interfieren la libertad de libre tránsito de los ciudadanos (Artículo 11 constitucional).
Incluso, dice la organización, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha declarado desde el 11 de octubre del año pasado que los «retenes» no tienen sustento legal, pero se siguen estableciendo.
Al respecto, organizaciones de derechos humanos de la Huasteca y Sierra Hidalguenses, recuerda la Academima, vienen impugnando la constante presencia de «retenes» e «incursiones» militares en municipios y comunidades indígenas de esa región.
El pretexto ha sido la búsqueda de «gente armada» en caminos vecinales, veredas y sembradíos, lo cual constituye una perturbación a la vida cotidiana de los pobladores de la región y un aumento en la presión sobre los grupos y organizaciones de defensa de la tierra, mismos que podrían ser blanco indirecto de los militares.
Llama la atención, señala el comunicado, que las autoridades civiles hayan declarado que el operativo sea «normal» o simples «revisiones de rutina». No son normales, puesto que son hechos inusuales, ni son rutinarios, porque no se han realizado con anterioridad, dice la Academia.
En mayo de 2008 altos funcionarios de seguridad pública estatal, habían señalado que sólo sí se «recrudece la inseguridad en Hidalgo se pediría la intervención del Ejército federal», recuerda la organización. Por tanto, ante el patrullaje del Ejército, se debe explicar e informar a los ciudadanos el grado de riesgo en que se encuentra el estado de Hidalgo y sus habitantes.
Las y los hidalguenses «tenemos derecho a conocer las condiciones de seguridad para así tomar las precauciones y previsiones pertinentes», dicen y manifiestan su desacuerdo en catalogar como «normal» el que el Ejército patrulle las calles de nuestras ciudades.
08/GG
